/ jueves 10 de enero de 2019

Huachicoleo, corrupción… ¿no hay de otra?


El Huachicoleo y sus hedores, el drama que representa la búsqueda de miles de personas desaparecidas a cargo de mujeres que mueven la tierra con su llanto y la corrupción que brota en todas partes, entre otros grandes males, muestran un estado de ingobernabilidad y descomposición que justifica (aún con las grandes molestias que ocasionan) la profundidad de algunas medidas oficiales (el cierre de ductos de combustibles, por ejemplo) para contener la ilegalidad.

Andrés Manuel López Obrador no tuvo su Mexican Moment. No goza del periodo gracioso de 100 días de gobierno para ser objeto de una primera evaluación. No tiene margen para la simulación, pero menos para cerrar los ojos ante el saqueo y convertirse en un cómplice más por omisión o, de plano, por miedo a las fuerzas criminales y a sus socios de cuello blanco.

¿A quién beneficiaría la indolencia? Sin duda, a quienes se han enriquecido apestosamente gracias a la complacencia oficial.

No vemos otra forma de detener el robo de combustibles y a la nación. No existe.

No hay más alternativas que el cierre de los ductos ordeñados impunemente durante décadas y la intervención de los centros de control y las plantas de PEMEX, sin que esta afirmación signifique que, con estas medidas, desaparecerá de inmediato y para siempre la industria huachicolera.

El reto inmediato para el gobierno López Obrador será mayor a lo que podemos prever.

El cierre de los ductos –un sistema de distribución irremplazable, aunque ahora muy poroso-, implica la reparación inmediata de una red perforada y ordeñada (ya no sabemos si de manera programada o clandestina) a lo largo de cientos o miles de kilómetros en todo el territorio nacional, primero.

Implica además implementar un sistema de vigilancia eficaz, reforzado con tecnología de punta, a cargo de funcionarios impecables y de miles de soldados o policías insobornables o medrosos para enfrentar a cientos de células criminales que intentarán retomar de inmediato y mediante el uso de la fuerza bruta el control de los sistemas de distribución en todas las regiones y dentro de la misma torre de PEMEX.

Si bien no es imposible, el desafío es complicadísimo, y lo sabe el propio presidente.

En apenas poco más de un mes de gobierno, el inicio de su administración ha sido más cuestionado que el arranque de cualquiera de sus antecesores.

Lo saben sus detractores desesperados, que en sólo una semana de gobierno descalificaron a la administración federal actual por el número de asesinatos ocurridos en México.

Vea usted las barrabasadas tuiteadas por los ex presidente Fox o Calderón, dedicados a echar más estiércol al chiquero que dejaron y a fomentar más odio y encono entre los mexicanos. Desde algún lugar del mundo, EPN calla, apenado quizá por la aparición de su ex jefe de seguridad entre los meros meros del negocio.

¿Qué sigue? ¿No hay de otra en México?


El Huachicoleo y sus hedores, el drama que representa la búsqueda de miles de personas desaparecidas a cargo de mujeres que mueven la tierra con su llanto y la corrupción que brota en todas partes, entre otros grandes males, muestran un estado de ingobernabilidad y descomposición que justifica (aún con las grandes molestias que ocasionan) la profundidad de algunas medidas oficiales (el cierre de ductos de combustibles, por ejemplo) para contener la ilegalidad.

Andrés Manuel López Obrador no tuvo su Mexican Moment. No goza del periodo gracioso de 100 días de gobierno para ser objeto de una primera evaluación. No tiene margen para la simulación, pero menos para cerrar los ojos ante el saqueo y convertirse en un cómplice más por omisión o, de plano, por miedo a las fuerzas criminales y a sus socios de cuello blanco.

¿A quién beneficiaría la indolencia? Sin duda, a quienes se han enriquecido apestosamente gracias a la complacencia oficial.

No vemos otra forma de detener el robo de combustibles y a la nación. No existe.

No hay más alternativas que el cierre de los ductos ordeñados impunemente durante décadas y la intervención de los centros de control y las plantas de PEMEX, sin que esta afirmación signifique que, con estas medidas, desaparecerá de inmediato y para siempre la industria huachicolera.

El reto inmediato para el gobierno López Obrador será mayor a lo que podemos prever.

El cierre de los ductos –un sistema de distribución irremplazable, aunque ahora muy poroso-, implica la reparación inmediata de una red perforada y ordeñada (ya no sabemos si de manera programada o clandestina) a lo largo de cientos o miles de kilómetros en todo el territorio nacional, primero.

Implica además implementar un sistema de vigilancia eficaz, reforzado con tecnología de punta, a cargo de funcionarios impecables y de miles de soldados o policías insobornables o medrosos para enfrentar a cientos de células criminales que intentarán retomar de inmediato y mediante el uso de la fuerza bruta el control de los sistemas de distribución en todas las regiones y dentro de la misma torre de PEMEX.

Si bien no es imposible, el desafío es complicadísimo, y lo sabe el propio presidente.

En apenas poco más de un mes de gobierno, el inicio de su administración ha sido más cuestionado que el arranque de cualquiera de sus antecesores.

Lo saben sus detractores desesperados, que en sólo una semana de gobierno descalificaron a la administración federal actual por el número de asesinatos ocurridos en México.

Vea usted las barrabasadas tuiteadas por los ex presidente Fox o Calderón, dedicados a echar más estiércol al chiquero que dejaron y a fomentar más odio y encono entre los mexicanos. Desde algún lugar del mundo, EPN calla, apenado quizá por la aparición de su ex jefe de seguridad entre los meros meros del negocio.

¿Qué sigue? ¿No hay de otra en México?