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Las personas estaban desaparecidas desde el pasado 29 de marzo, cuando fueron secuestradas en sus casas en las comunidades de Los Villarreales y Los Morales, en Salinas
Colectivos de búsqueda cuestionaron el actuar del Gobernador, quien no consultó a colectivos como lo establece el artículo 20 de la Ley de Desaparición Forzada
El colectivo señaló que el caso de Alejandra Antonia, la menor desaparecida en Escuinapa no se emitió la alerta Amber ni se activaron los protocolos de búsqueda
Gobernación proyecta gastar 75 millones de pesos en equipo, como excavadoras y martillos demoledores; madres buscadoras prefieren picos y palas para no dañar osamentas
