Culiacán,Sin.- Ante la impresionante corrupción que se da en Sinaloa por transacciones con dinero de procedencia ilícita, evasión de impuestos y corrupción, se busca crear la Dirección de Inteligencia Patrimonial y Económica –DIPE-.
Para ello, la presidenta de la Comisión de Hacienda, Victoria Sánchez presentó ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado una iniciativa, para la creación de la mencionada dirección que tendrá entre sus funciones, investigar incrementos patrimoniales sospechosos y compararlas con declaraciones fiscales presentadas y en caso de detectar un probable delito, deberá dar parte a las autoridades competentes para que se ejecuten las acciones correspondientes.
“Esta iniciativa es para seguirle la ruta al dinero, ver de donde proviene y que todo sea con legalidad pagando los impuesto”, aclaró la diputada de Morena.
La diputada de Morena recalcó que en Sinaloa, ha padecido por muchos años los efectos de una delincuencia desbordada, “por eso combatirla y controlarla es un asunto prioritario para conformar un verdadero estado de Derecho”, dijo.
Mencionó que el éxito de los delincuentes radica en pasar desapercibidos el mayor tiempo posible, tratando de aparentar que sus fortunas derivan de actividades legales.
BUSCAN COMBATIR DEFRAUDACIÓN FISCAL
En esta iniciativa, aclaró, se propone reformar tres fracciones del artículo 9 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa y adicionar el art. 2883 Bis al Código Civil para el Estado de Sinaloa.
Por ello, la presidenta de la Comisión de Hacienda detalló que en México son diversos los delitos que generan grandes sumas de dinero, no solo los provenientes de la delincuencia organizada, sino la defraudación fiscal y la corrupción son de los más relevantes y en Sinaloa no es la excepción.
Indicó que el éxito de la delincuencia organizada y los delincuentes, radica desde luego en pasar desapercibidos el mayor tiempo posible, tratando de aparentar que sus fortunas derivan de actividades legales, es decir, que su prosperidad es consecuencia de su éxito empresarial.
La legisladora de Morena reiteró que son diversos los factores que propician que en un país se encuentren altos niveles de operaciones con recursos de procedencia ilícita, uno de los más significativos es que un Estado no cuente con controles patrimoniales confiables, ya que ello provoca que no se pueda tener un conocimiento preciso de qué personas están incrementando su patrimonio exponencialmente sin una justificación legal conocida.
En las entidades federativas el problema más importante es la afectación al orden socio económico, dado que, es claro que cuando la delincuencia organizada invierte en la economía formal su principal propósito no es generar un negocio lucrativo, porque es difícil que encuentren uno que les genere las grandes ganancias que producen sus actividades delictivas.
Es por eso que, cuando se crean y sustentan negocios con capitales sucios, es decir, que tienen una procedencia delictiva, se promueve una competencia desleal entre el conglomerado que compone el sector formal, ya que es difícil competir en precios o calidad de servicios, contra una empresa que tiene como principal objetivo lavar dinero.
La inclusión legal de un organismo de la administración pública dedicado a la inteligencia patrimonial y económica en Sinaloa permitiría la recepción de más recursos presupuestales, dado que, entre los programas de prioridad nacional, está el fortalecimiento de capacidades para la prevención y combate a delitos de alto impacto, o sea los relacionados con el del lavado dinero y sus delitos previos.
Insistió que la asignación de más recursos vendría por parte del Fondo de aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), el cual se encuentra previsto en la Ley de Coordinación Fiscal (Artículo 44) a través del que se transfieren recursos a las entidades federativas, para dar cumplimiento a estrategias nacionales en materia de seguridad pública. Sinaloa esté año (2019) tiene presupuestado por este fondo de aportación Federal la cantidad de 208millones 898 mil ,666 pesos.
URGEN ESTRATEGIAS ANTE DELINCUENCIA
Hay que decirlo, remarcó, Sinaloa ha adolecido por muchos años los efectos de una delincuencia desbordada, por eso combatirla y controlarla es un asunto prioritario para la conformación y existencia de un verdadero Estado de Derecho y por ende un país más libre y justo, indicó.
Es por ello, dijo, se deben de implementar estrategias que privilegien el uso de la inteligencia y no el uso de la fuerza, por qué no se puede apagar el fuego con el fuego.
Para lograr lo anterior, es importante la coordinación de las instancias federales y locales de inteligencia, por lo que se propone la puesta en marcha de un organismo de la administración pública dedicada a la inteligencia patrimonial y económica en Sinaloa, que en lo sucesivo pueda tener convenios de colaboración con la UIF Nacional. En otras entidades federativas ya ha ocurrido con resultados positivos.
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Insistió que el contar con una DIPE, permitirá que el órgano de fiscalización disponga de una institución especializada en el campo de la investigación, que dote a los representantes jurídicos del SATES y los del Ministerio Público de todos aquellos elementos probatorios necesarios para la elaboración de expedientes, que de forma robusta, puedan con éxito aportar a la defensa de los intereses públicos en un procedimiento administrativo o penal.
Aclaró que la nueva Dirección de Inteligencia Patrimonial y económica estaría adscrita al SATES para que tenga acceso a información bancaria, patrimonial, vehicular y demás relevante, para dar con delitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita, evasión fiscal, corrupción entre otros, dado que, con controles en la entidad federativa la autoridad fiscal se podrá dar cuenta de los incrementos sospechosos en el patrimonio de las personas.
