Culiacán, Sin.- María Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso de Sinaloa, exigió que la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) nombre un nuevo rector de la institución educativa.
Señaló que la Ley Orgánica de la institución exige que se inicie un proceso de elección para designar al nuevo rector.
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Según Guerra Ochoa, la separación del cargo de Robespierre Lizárraga Otero como encargado del despacho de la Rectoría obliga a las autoridades universitarias a convocar a elecciones mediante voto libre, secreto y directo de la comunidad universitaria.
La legisladora argumenta que la designación del Dr. Candelario Ortiz Bueno como nuevo encargado del despacho incurre en una ilegalidad, citando el artículo 35 de la Ley Orgánica de la UAS.
"La figura de encargado del despacho tiene una temporalidad máxima de 80 días al frente de la Rectoría. Robespierre Lizárraga Otero había excedido por mucho estos términos, dado que el Rector, Dr. Jesús Madueña Molina, tiene aproximadamente un año separado del cargo", dijo.
La diputada también señaló que Lizárraga Otero no tiene sustento jurídico para nombrar a otro encargado de despacho, ya que ninguno de los dos fue electo según la normativa interna.
De acuerdo con el artículo 36 de la Ley Orgánica, la UAS está obligada a organizar un proceso de elección supervisado por una Comisión de Elecciones y Consultas designada por el Consejo Universitario.
Guerra Ochoa hizo un llamado a las autoridades universitarias para que respeten la ley y no afecten los derechos del alumnado ni del personal docente y administrativo.
Advirtió que un paro de labores convocado por autoridades ilegítimas sería un claro y directo atentado a la normativa interna, a las leyes del Estado, así como a la sociedad en general y a la comunidad universitaria.
La legisladora aseguró que los diputados del Congreso del Estado de Sinaloa mantendrán un canal de comunicación abierto para contribuir al libre ejercicio de los derechos de estudiantes y trabajadores universitarios, buscando una solución que respete el marco legal y garantice la continuidad de las actividades académicas en la UAS.
