Culiacán, Sin. Ya van siete semanas en las que la situación de desplazamiento forzado de cientos de familias del norte de Culiacán, ha quedado a la sombra de la contingencia sanitaria. Mientras que a nivel federal aseguran que la entidad lleva un avance en seguridad, familias sin contar por el estado, han huido de sus hogares en Tepuche y Bagrecitos y desmienten que se les haya dado seguimiento con escolta de la Guardia Nacional, o que hayan regresado a habitar los pueblos, como aseguró el delegado de Bienestar, Jaime Montes Salas.
Por parte del Ayuntamiento de Culiacán, todo ha quedado como buenas intenciones, pues solo 20 familias se han contabilizado y dotado de despensas, colchones y atención psicológica. Pero la incertidumbre de volver a ser víctima del ya penalizado delito de desplazamiento forzado, continúa.
En el reciente informe de paz, Oscar Fidel Mendívil de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Delito en Sinaloa (CEAVDS), culpó a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO), de que no se tenga una contabilidad y seguimiento total a los desplazados por la pugna de carteles.
“Este problema, hasta donde es mi conocimiento, le corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO), ellos deben realizar un padrón de las víctimas, con apoyo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) para efecto del soporte informático de lo que ellos vayan registrando”, expresó, deslindándose de responsabilidad.
Sin embargo, festejó que la comisión que dirige, haya contabilizado a 25 familias desplazadas, misma cantidad que por parte del Instituto Municipal de la Juventud (IMJU) y con ayuda de los docentes del bachillerato del pueblo, se reunieron para poder brindar alguna ayuda.
“En el caso de Bagrecitos, aquí en la CEAVDS, tuvimos una reunión con representantes de aproximadamente 25 familias. Nosotros elaboramos un padrón y lo pusimos a disposición de las autoridades para efecto de que empezara a proveerse los apoyos correspondientes”, aseveró González Mendivil.
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Hace un mes, el Congreso del Estado de Sinaloa, dio a conocer que se penalizará hasta con 12 años de cárcel a quien provoque este delito. Sin embargo, pareciera que el gobierno no quiere reconocer este problema que ha causado ya una recomendación a nivel nacional por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
“El tema de los desplazados es un tema gravísimo, es correcta la apreciación de que por medio de la ley ya se reconoce la existencia del problema, tan sencillo como lo siguiente: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ya nos ha dado una recomendación por violaciones a derechos humanos por reste suceso en el norte de Sinaloa”, externó González Mendívil.
Con menos del 10 por ciento de recurso, la comisión da atención, “la consecuencia es que le debemos a todo el mundo”, dijo el comisionado.
Por otro lado, José Carlos Ortega de la CEDH, dijo que en coordinación con la SEDESO se han realizado gestiones para que se haga este padrón de las familias desplazadas en el estado de Sinaloa, no sólo las de Bagrecitos.
“La comisión ha participado en las gestiones, apoyo y acompañamiento de las personas desplazadas, hemos estado presentes en algunas reuniones para que por parte de la autoridad competente se le brinde la proyección a estas familias”, expresó Ortega.
Pero la realidad es otra, porque incluso en redes sociales han manifestado que las bases de seguridad por la Guardia Nacional ya no están, no ha habido acompañamiento por la CEDH y sólo 65 familias han regresado, de las que mayormente se componen de adultos mayores.
DISCURSO OFICIAL
Hasta el momento la parte oficial se mantiene sin reconocer este fenómeno que hace víctimas a quienes lo padecen.
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