Culiacán, Sin.- En Sinaloa, ser mujer es un riesgo, pero ser mujer y desplazada conlleva a un peso que se convierte en una doble condena, sobre todo en un estado a invisibilizar a las víctimas del delito.
La historia de “Rosa” no es otra que la historia de las mujeres que han sobrevivido al desplazamiento forzado interno, sin apoyos ni asideros que la hagan ver que la situación cambiará.
“Rosa” y su familia, cuenta, sobrevivió al ataque de un grupo armado que se disputaba el territorio en el año 2017, cuando la violencia cobró víctimas en la zona serrana de Badiraguato.
En esa época, células desencontradas del cártel de Sinaloa chocaron en los altos, y decenas de familias pagaron la condena del exilio, al bajar a las ciudades más cercanas a la costa, donde ahora intentan sobrevivir.
Pero a casi cuatro años de aquel episodio que ella reconoce como el punto álgido para tomar la arrebatada decisión de marcharse de su amplia casa, la memoria la tiene fresca, el sonido de las balas que llenaron de casquillos el patio de su casa.
Hoy, relata su historia, la de una sobreviviente que ha vivido en la invisibilidad que procuran los tres niveles de gobierno con la desidia y la indiferencia.
DESAMPARADOS
“Nadie tuvo apoyo de nadie, más que de Dios que nos cubrió y protegió. Nos convidaron una despensita nada más pero nunca se acercaron a darnos algo como tal. Ahora vivimos aquí en un lugar que no es nuestro, se siente diferente porque allá no tenía que pedir nada. Mi casa era grande, y ahí tenía todo lo que necesitaba”, recuerda, “Rosa”.
Doña “Rosa” vivió hasta sus 56 años en la ranchería El Saucito, sindicatura de San Javier, municipio de Badiraguato, con sus hijos, esposo y nietos.
Ella ya estaba acostumbrada a la vida rodeada de árboles y un gran patio donde cabía todo aquel que deseara visitarla.
Desde siempre, en su familia, ella ha sido la que ha estado a cargo de todo lo que tenga que ver con dinero, comida, escuela de los niños y todo aquello que influya en el bienestar de sus seres queridos.
“La vida es lo que nos queda y es lo más preciado para mí. Creo que, si Dios quiso que me saliera del rancho, fue porque tendré mejores oportunidades y eso estoy esperando. Mientras tenga vida y amor para dar a mi familia, tengo todo. Todo ha sido muy difícil, muy duro. Una cambia la manera de ver las cosas y se aferra a salir adelante porque así nos obligaron con esto que pasó”, manifiesta.
LAS VIVIENDAS QUE NO HAN LLEGADO
Al igual que a los desplazados de Tepuche, a las más de 52 personas de El Saucito, se les dijo por parte de gobierno, en ese entonces encargado de Desarrollo Social, Álvaro Ruelas Echave, que se les daría apoyo con vivienda. Pero no sucedió.
“Yo entiendo que cuando te van a apoyar con algo es porque no te lo van a cobrar, la verdad aquí no se ve el apoyo. No les conviene saber de nosotros al gobierno, prefieren dar dinero a otras cosas que procurar el bienestar del pueblo. A una le da tristeza ver que gastan en cosas que no se necesitan”, expone.
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El gobierno de Quirino Ordaz Coppel, según solicitudes de información a la Plataforma Nacional de Transparencia realizadas por este medio de comunicación, no ha aplicado los 40 millones de pesos destinados para viviendas a familias victimas del desplazamiento forzado.
Este gobierno ha rebasado el gasto en publicidad oficial e imagen de Quirino Ordaz, por 17 veces más del presupuesto asignado para esta acción. Mientras tanto, la Comisión de atención a víctimas, no tiene recurso suficiente para ejercer su trabajo.
De acuerdo con algunos testimonios anónimos de Tepuche, el secretario Ricardo Madrid Pérez, actual encargado de Desarrollo Social, no ha realizado un censo ni acercado apoyo a todos los desplazados.
“La verdad, oiga, esto se ve muy a conveniencia de cada persona. Hay personas que parece que quieren lucrar con nuestra situación en lugar de apoyarnos. Ya n os robaron la calma y a otros la vida ¿qué más quieren?”, expresó un hombre de 60 años.
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