Culiacán. Sin-. El presidente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios del Congreso del Estado, Serapio Vargas Ramírez, anunció que el gobernador y la magistrada presidenta del Tribunal Superior Agrario llegaron a un acuerdo para que no desaparezca el Tribunal Unitario Agrario Distrito 26, ubicado en Culiacán, luego de que el Pleno de dicho órgano jurisdiccional había decidido su cierre a partir del próximo 31 de mayo.
En conferencia de prensa, el diputado de Morena, acompañado por la legisladora del PRI, Cintia Valenzuela, y abogados de diferentes asociaciones, explicó que antes de que se llegara a este acuerdo se tenía previsto llevar a cabo diversas manifestaciones en protesta de la medida que se quería tomar debido a que perjudicaba a ejidatarios, módulos de riego, entre otros.
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Precisó que diversas organizaciones del sector social estaban lisas para juntar un contingente de más de 150 ejidatarios y comuneros y llevar a cabo una marcha a la Ciudad de México solicitando la apertura del Tribunal.
Dijo que los legisladores integrantes de la Comisión irían al frente, pero que dicha movilización se desactivó después de que el mandatario estatal les dio a conocer el acuerdo.
Aclaró que será el Gobierno del Estado quien se encargue del costo del arrendamiento del inmueble, además de que existe la posibilidad de que se reduzca el personal que atiende.
“Desde luego, agradezco al gobernador su pulso y sensibilidad para dialogar con Maribel Concepción Méndez de Lara, magistrada presidenta, que literalmente dijo que antes del día 31 de mayo, que es el próximo martes, estará rectificado el acuerdo del Pleno y confirmada la permanencia del Tribunal”, dijo.
Evitar pretextos
El legislador de Morena destacó que la comisión que preside exhortará al Tribunal Superior Agrario sección 26 para que atienda los casos de Tamazula, Elota y Cosalá en Culiacán y no tengan pretextos para volver a tratar de cerrar el tribunal.
Reiteró que es incongruente que pidan muchos casos cuando en dos años de pandemia estuvo cerrado el Tribunal, con los plazos suspendidos, además de que el Registro Agrario Nacional (RAN) no emitía constancias de juicios, lo que provocó que disminuyeran los casos en el Centro del Estado.
