/ lunes 20 de enero de 2020

Quieren castigar a responsables de desplazamiento forzado

Urge tipificar este delito para combatir su crecimiento en Sinaloa: diputada Cecilia Romero

Culiacán.- Ante la preocupante situación que se vive principalmente en las comunidades serranas donde a diario familias enteras tienen que abandonar sus hogares por amenazas de grupos de narcos, la diputada Ana Cecilia Moreno Romero, propone hasta doce años de prisión en contra de quien forcé de manera individual o colectiva, mediante el uso de la violencia, el desplazamiento de personas o grupos.

En su propuesta de reforma al Código Penal de Sinaloa, la diputada del PRI del municipio de Badiraguato destacó la urgencia de tipificar este delito, con el objetivo de combatir su crecimiento.

De acuerdo a la iniciativa presentada, “el Desplazamiento Forzado se sancionará con penas que van de 6 a 12 años de prisión y multas de 300 a 600 días de salario mínimo, a quien de manera individual o colectivamente ejerza violencia o cualquier otro medio coactivo en contra de una persona o un grupo de personas con el objeto de inducir a que abandonen su lugar de residencia.”

Asimismo precisa que las penas se incrementarán cuando el delito se cometa en contra de un niña, niño, adolescente, defensor de los derechos humanos o periodista.

De acuerdo al reporte anual de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Sinaloa se encuentra entre los cuatro primeros lugares de desplazados en el país.

Óscar Loza Ochoa, de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa, estima que son cerca de 41 mil personas las que desde el 2009 han tenido que dejar propiedades, tierra, querencia, como ellos mismos dicen de sus lugares de origen.

La legisladora del PRI explicó que la violencia promovida por grupos armados ha provocado este fenómeno social que amenaza no solamente los derechos humanos básicos de la ciudadanía, sino también múltiples garantías civiles, políticas, económicas, sociales y culturales, que trastocan el bienestar, crecimiento y estabilidad de múltiples familias que de repente se ven obligadas a cambiar de residencia a otro municipio, estado, e incluso país.

La legisladora priista manifestó que estas reformas jurídicas al Código Penal del Estado de Sinaloa, promueven la debida investigación de los hechos y el castigo de los responsables.

Además, aseguró, forman parte de una serie de esfuerzos que de manera integral buscan garantizar el respeto a la dignidad de todos los desplazados, la protección y defensa de su patrimonio y la restitución de sus derechos vulnerados.


Sin duda, esta es una necesidad inaplazable. Y atender esta problemática, colocará a Sinaloa entre las entidades que realmente están avanzando en la construcción de un marco jurídico que preserve el pleno respeto a los derechos humanos. Digo esto, porque sin duda alguna el desplazamiento forzado interno es una violación a los derechos humanos. Y así debemos considerarlo y establecerlo en ley.

Moreno Romero

12

De cárcel sería la sentencia máxima para un responsable de desplazar a personas de sus comunidades.

DESPLAZAMIENTO

En el país el Estado mexicano no ha reconocido como delito esta problemática, en Sinaloa se estiman que existen cerca de 41 mil personas en esta condición.


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Culiacán.- Ante la preocupante situación que se vive principalmente en las comunidades serranas donde a diario familias enteras tienen que abandonar sus hogares por amenazas de grupos de narcos, la diputada Ana Cecilia Moreno Romero, propone hasta doce años de prisión en contra de quien forcé de manera individual o colectiva, mediante el uso de la violencia, el desplazamiento de personas o grupos.

En su propuesta de reforma al Código Penal de Sinaloa, la diputada del PRI del municipio de Badiraguato destacó la urgencia de tipificar este delito, con el objetivo de combatir su crecimiento.

De acuerdo a la iniciativa presentada, “el Desplazamiento Forzado se sancionará con penas que van de 6 a 12 años de prisión y multas de 300 a 600 días de salario mínimo, a quien de manera individual o colectivamente ejerza violencia o cualquier otro medio coactivo en contra de una persona o un grupo de personas con el objeto de inducir a que abandonen su lugar de residencia.”

Asimismo precisa que las penas se incrementarán cuando el delito se cometa en contra de un niña, niño, adolescente, defensor de los derechos humanos o periodista.

De acuerdo al reporte anual de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Sinaloa se encuentra entre los cuatro primeros lugares de desplazados en el país.

Óscar Loza Ochoa, de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa, estima que son cerca de 41 mil personas las que desde el 2009 han tenido que dejar propiedades, tierra, querencia, como ellos mismos dicen de sus lugares de origen.

La legisladora del PRI explicó que la violencia promovida por grupos armados ha provocado este fenómeno social que amenaza no solamente los derechos humanos básicos de la ciudadanía, sino también múltiples garantías civiles, políticas, económicas, sociales y culturales, que trastocan el bienestar, crecimiento y estabilidad de múltiples familias que de repente se ven obligadas a cambiar de residencia a otro municipio, estado, e incluso país.

La legisladora priista manifestó que estas reformas jurídicas al Código Penal del Estado de Sinaloa, promueven la debida investigación de los hechos y el castigo de los responsables.

Además, aseguró, forman parte de una serie de esfuerzos que de manera integral buscan garantizar el respeto a la dignidad de todos los desplazados, la protección y defensa de su patrimonio y la restitución de sus derechos vulnerados.


Sin duda, esta es una necesidad inaplazable. Y atender esta problemática, colocará a Sinaloa entre las entidades que realmente están avanzando en la construcción de un marco jurídico que preserve el pleno respeto a los derechos humanos. Digo esto, porque sin duda alguna el desplazamiento forzado interno es una violación a los derechos humanos. Y así debemos considerarlo y establecerlo en ley.

Moreno Romero

12

De cárcel sería la sentencia máxima para un responsable de desplazar a personas de sus comunidades.

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En el país el Estado mexicano no ha reconocido como delito esta problemática, en Sinaloa se estiman que existen cerca de 41 mil personas en esta condición.


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