Culiacán, Sin.- La presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI en Sinaloa, Cinthia Valenzuela Langarica, y la dirigente estatal del ONMPRI, Irma Moreno Ovalles, acompañadas de un grupo de mujeres de este partido, presentaron queja ante la Comisión de los Derechos Humanos, en contra de la gobernadora de Campeche, Layda Elena Sansores San Román, ante la agresión y amenaza que sufrieron las 35 diputadas federales de este instituto político.
Destacaron que, con fundamento en dichas disposiciones y lo previsto en la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, solicitan se otorguen medidas cautelares para evitar la consumación irreparable de las violaciones denunciadas o la producción de daños de difícil reparación a las afectadas.
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Valenzuela Langarica mencionó que los señalamientos de la funcionaria pública afectan los derechos humanos, son misóginos y violentan la dignidad de todas las mujeres señaladas en el escrito.
En su escrito inicial, dirigido a José Carlos Álvarez Ortega titular de esta institución y recibido por el MC Miguel Calderón Espinoza, visitador general de la CEDH, la dirigente estatal, exponen que el pasado 5 de julio del presente año, la titular del Gobierno de Campeche condujo un programa, donde afirmó que tenía en su posesión material íntimo de las integrantes del grupo parlamentario priista en la Cámara de Diputados.
La también diputada local, dijo que “este hecho, no solo es posiblemente constitutivo de delito, sino que son actos de violencia mediática, violencia institucional, violación directa y fehaciente a los derechos fundamentales”.
Por su parte, la titular del ONMPRI en Sinaloa, destacó que la aseveración realizada por la gobernadora representa una seria y grave afectación a los derechos humanos, pues a través de sus señalamientos misóginos estaría violentando la dignidad de todas las mujeres señaladas en este escrito de queja y se está vulnerando la privacidad e intimidad.
¡Basta de criminalizar mujeres! enfatizó Irma Moreno, quien resaltó que la gobernadora y toda persona involucrada debe ser investigada y sancionada por criminalizar, amedrentar, intimidar e incitar a comentarios que ejercen violencia y reproducen patrones de conducta machista y misógina contra las que luchamos a diario.
"En México 11 mujeres al día mueren por violencia feminicida. No podemos permitir que la violencia se reproduzca desde el poder. Y que la fiscalía solape y sea complique de actos ilegales. Las mujeres que estamos en espacios de toma de decisiones y de representación, tenemos la enorme responsabilidad ética y compromiso de acabar con la violencia política contra las mujeres, nos solidarizamos con nuestras compañeras diputadas federales por los ataques que han sufrido recientemente por cumplir con su deber de defender los derechos de los y las mexicanas”, dijo.