Con casi 30 mil carpetas de investigación al año en Sinaloa y una Fiscalía General que tiene un estado de fuerza de menos de 500 elementos de investigación, la justicia pronta y expedita que establece la Constitución es endeble y difícil de alcanzar con una carga de trabajo interminable y burocratizada.
Sin embargo, en casos polémicos y mediatizados, las autoridades logran esclarecer delitos o crímenes de alto impacto, como el del periodista Luis Enrique Ramírez, caso en el que finalmente no han detenido a los presuntos responsables.
También puedes leer: Caso Luis Enrique Ramírez: no hay avances ni culpable
La investigación de todo ese alud de delitos carece de personal suficiente. Los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía señalan que en México hay aproximadamente 10 agentes o fiscales del ministerio público y dos fiscales federales por cada 100 mil habitantes, lo que representa una carga de trabajo de 290 carpetas de investigación al año por cada trabajador, es decir, para lograr el esclarecimiento de los delitos y la justicia pronta y expedita cada investigador debería resolver 1.3 carpetas cada día.
Aumentan denuncias, no personal
En Sinaloa las denuncias y carpetas de investigación han aumentado considerablemente en los últimos tres años, pasando de 22 mil 730 denuncias en 2020, a 29 mil 375 denuncias en 2022.
De acuerdo a los datos del Inegi, la mayoría de estas denuncias son por robo, violencia familiar, lesiones, daño a la propiedad y amenazas. En un porcentaje menor se encuentran los delitos de narcomenudeo, fraude, homicidio doloso, despojo y abuso de confianza.
Sinaloa cuenta con 101 agencias y/o fiscalías del ministerio público y es el sexto estado con menos personal adscrito a estas agencias del ministerio público, con 475 elementos, mientras que Baja California Sur y Tlaxcala que tienen con tercio de la población de Sinaloa y menos carpetas de investigación, cuentan con 568 y 518 elementos investigadores respectivamente.
En cuanto a los servidores públicos y personal administrativo en las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia, Sinaloa cuenta con mil 970 trabajadores, lo que contrasta con los estados de Sonora y Tabasco, que tienen menos población que Sinaloa y más de 2 mil 540 trabajadores cada uno.
Del mismo modo, en las oficinas de atención de los órganos o unidades administrativas encargadas de los mecanismos alternativos de solución de controversias, Sinaloa cuenta con 55 elementos, mientras que la Ciudad de México, Sonora y Baja California cuenta con 413, 235 y 201 elementos respectivamente.
Procuración atorada
Esta falta de personal, ministerios públicos y peritos investigadores se traduce al alto porcentaje de carpetas de investigación que continúan sin resolverse, de acuerdo al Coordinador General del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Miguel Calderon Quevedo, en Sinaloa el índice de impunidad ronda el 90 por ciento, es decir, de 10 denuncias presentadas en la Fiscalía General del estado, solo una se resuelve.
“El índice de impunidad, de casos no resueltos sigue siendo muy muy alto, rebasa el 90 por ciento de casos que están sin sancionarse, que siguen sin resolverse”, expresó Miguel Calderón Quevedos.
Por lo anterior, el consejo ciudadano del Consejo Estatal de Seguridad Pública, solicita a la Fiscalía General y su titular, Sara Bruna Quiñones Estrada que atienda el problema de impunidad, que redoble esfuerzos para la resolución de carpetas de investigación y que cuando menos, éstas puedan alcanzar el 50 por ciento de resolución.
“La invitación es a que bajemos ese penoso índice de impunidad que prevalece en Sinaloa lamentablemente, no estaríamos contentos ni siquiera con un 50 por ciento, pero un 90 por ciento es muy exagerado y esperamos que la Fiscal Sara Bruna y todo su equipo puedan tener esa misma meta”, declaró el Coordinador General del CESP.
Baja efectividad
De cada 100 delitos denunciados ante la Fiscalía, sólo llegan a esclarecer 10, es decir, otros 90 quedan en la impunidad.
Carga Excesiva
En Sinaloa cada MP llevó alrededor de 261 carpetas, lo que equivaldría a resolver un delito por cada día laboral, ya que el año tiene alrededor de 255.
