Culiacán, Sin.- Que se hayan esfumado 3 mil millones de pesos, mismos que deberían haberse destinado al Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, es una bomba que puede estallar en cualquier momento y eso lo saben los miles de burócratas estatales que se han jubilado y pensionado, pues tienen la certeza de que de un momento a otro se les dejará de pagar sus pensiones, advirtió la diputada local Graciela Domínguez Nava.
Al participar como oradora invitada ante integrantes del organismo Parlamento Ciudadano, que preside David Moreno Lizárraga, la coordinadora de la mayoritaria fracción parlamentaria de Morena en el Congreso del Estado acusó que no obstante el monto millonario desaparecido no hay nadie a quien reclamar, pues se argumenta que esos recursos se manejaron a través de una cuenta bancaria concentradora y se desconoce el destino que se le dio.
Explicó que esos tres mil millones son recursos que se les ha estado descontando de su sueldo a los burócratas en activo para el pago de sus futuras pensiones, y sin embargo ese dinero nunca llegó al Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa (IPES), como tampoco las aportaciones del Gobierno del Estado.
La actual administración estatal que encabeza Quirino Ordaz Coppel, observó, argumenta que el problema se originó en la administración anterior que encabezó Mario López Valdés, y que de su parte se están haciendo las aportaciones correspondientes al IPES en tiempo y forma.
Ciertamente se están haciendo estas aportaciones, dijo, pero el problema del desvió de 3 mil millones de pesos ahí está.
La también presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado remarcó que el faltante de 3 mil millones de pesos impacta de manera negativa en el IPES pues es dinero que le hace falta para operar como debe hacerlo.
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Los jubilados y pensionados, aseguró, no duermen tranquilos porque piensan que en cualquier momento se les van a dejar de pagar sus pensiones “y eso no es algo descabellado”.
Ante la magnitud del problema, expuso que una alternativa es que en el presupuesto para el año fiscal 2020 se destine una partida presupuestal que permita atender esa situación.
Lo más lamentable de todo esto, se quejó, es que la Auditoría Superior del Estado sostiene que no se puede reclamar a ningún funcionario o exfuncionario.
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