/ miércoles 20 de febrero de 2019

Libertad de Echeverría puede repetirse con Villarreal: Fiscal

Son acuerdos que toman la parte ofendida y la parte acusada: Juan José Ríos Estavillo

Culiacán, Sin. Que el ex secretario de Salud, de la administración estatal que encabezó Mario López Valdez (Malova), acusado del desvió de casi 15 millones de pesos, haya devuelto sólo siete millones de pesos para evitar la prisión, fue un acuerdo tomado por éste y la parte acusadora, y lo mismo podría repetirse en el caso de Armando Villarreal, encargado de las finanzas de la administración Malovista, admitió el fiscal General, Jun José Ríos Estavillo.

El fiscal también dejó en claro que como parte investigadora son muy respetuosos del actuar de la defensa de los posibles imputados. Recordó que, por posibles hechos de actos de corrupción en la administración de Mario López Valdez, se armaron las correspondientes carpetas, se sustentaron las peticiones ante jueces y se logró que se emitieran tres órdenes de aprehensión.

De esos tres casos, expuso que ya se llevó a cabo la audiencia inicial en uno de los casos, en tanto que con el ex titular de la Secretaría estatal de Salud, Ernesto Echeverría Aispuro, se llegó al acuerdo de resarcimiento parcial, entre éste y la parte acusadora, que es la Secretaría de Salud.

CON ORDEN DE APREHENSIÓN

En el caso de Armando Villarreal, que ya tiene orden de aprehensión en su contra y logró un amparo para no ser detenido, Ríos Estavillo, confió en que el proceso judicial pueda seguir.

Sin embargo, admitió que lo que sucedió en el caso de Ernesto Echeverría, que devolvió prácticamente la mitad (siete millones de pesos) del total de dinero que se le acusaba había desviado, pudiera volver a repetirse con Armando Villarreal, ya que ello lo permite la ley.


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Ante ello, remarcó que la Fiscalía General de Justicia no decide si se establece convenios de pago o no, ya que su labor se limita a abrir carpetas de investigación, judicializar los casos, solicitar órdenes de aprehensión y darle continuidad en los juzgados para mostrar indicios y pruebas y todo lo que permita sostener la acusación.

Es decir, simplificó, los acuerdos entre indiciados y parte acusadora no los decide la Fiscalía, sino exclusivamente estas partes.



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Culiacán, Sin. Que el ex secretario de Salud, de la administración estatal que encabezó Mario López Valdez (Malova), acusado del desvió de casi 15 millones de pesos, haya devuelto sólo siete millones de pesos para evitar la prisión, fue un acuerdo tomado por éste y la parte acusadora, y lo mismo podría repetirse en el caso de Armando Villarreal, encargado de las finanzas de la administración Malovista, admitió el fiscal General, Jun José Ríos Estavillo.

El fiscal también dejó en claro que como parte investigadora son muy respetuosos del actuar de la defensa de los posibles imputados. Recordó que, por posibles hechos de actos de corrupción en la administración de Mario López Valdez, se armaron las correspondientes carpetas, se sustentaron las peticiones ante jueces y se logró que se emitieran tres órdenes de aprehensión.

De esos tres casos, expuso que ya se llevó a cabo la audiencia inicial en uno de los casos, en tanto que con el ex titular de la Secretaría estatal de Salud, Ernesto Echeverría Aispuro, se llegó al acuerdo de resarcimiento parcial, entre éste y la parte acusadora, que es la Secretaría de Salud.

CON ORDEN DE APREHENSIÓN

En el caso de Armando Villarreal, que ya tiene orden de aprehensión en su contra y logró un amparo para no ser detenido, Ríos Estavillo, confió en que el proceso judicial pueda seguir.

Sin embargo, admitió que lo que sucedió en el caso de Ernesto Echeverría, que devolvió prácticamente la mitad (siete millones de pesos) del total de dinero que se le acusaba había desviado, pudiera volver a repetirse con Armando Villarreal, ya que ello lo permite la ley.


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Ante ello, remarcó que la Fiscalía General de Justicia no decide si se establece convenios de pago o no, ya que su labor se limita a abrir carpetas de investigación, judicializar los casos, solicitar órdenes de aprehensión y darle continuidad en los juzgados para mostrar indicios y pruebas y todo lo que permita sostener la acusación.

Es decir, simplificó, los acuerdos entre indiciados y parte acusadora no los decide la Fiscalía, sino exclusivamente estas partes.



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