Culiacán.- Primero fue con ráfagas de AK-47, luego el desmantelamiento y robo; después el sopleteo para derribar los postes que las sostienen, y hoy de nuevo vuelven las ráfagas de “cuernos de chivo”, así ha sido desde hace tres años, desde que inició la administración de Quirino Ordaz Coppel, la lucha del narco por desmantelar el deteriorado sistema de videovigilancia e intentar dejar “ciego” a Culiacán y a las más importantes ciudades de Sinaloa.
El más reciente ataque al mermado sistema de videovigilancia ocurrió apenas iniciado el 2020. Esa madrugada del primero de enero, aprovechando el concierto de descargas de armas de alto poder que son accionadas cada fin de año, en forma coordinada, comandos de gatilleros se desplazaron a por lo menos 18 puntos en Culiacán y rafaguearon las cámaras. En Mazatlán otro grupo armado hizo lo mismo en 22 cruceros. Sobre el número de cámaras dañadas no ha sido informado oficialmente, pero se calcula que pueden ser 200.
En su defensa, la Secretaría de Seguridad Pública primero respondió con realizar las respetivas denuncias para que la Fiscalía General del Estado iniciara las investigaciones y que “esos hechos que atentaban contra la ciudadanía no quedaran impunes”. Así lo dijo desde el 2017 el entonces titular de la dependencia General Genaro Robles Casillas, quien “renunció” un año después. Sin embargo, tres años después y pese al constante ataque al sistema de videovigilancia, ninguno de los autores intelectuales y materiales ha sido detenido. Las cámaras dañadas por balas en esos tres años podrían sumar más de 300.
LA CAUSA DEL ATAQUE
Policías consultados aseguran que los ataques al sistema de videovigilancia iniciaron a unos meses de la llegada de Quirino al gobierno de Sinaloa, y supuestamente se debe a que las autoridades de seguridad del estado y militares tomaron el control del Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones (C-4), y el Centro de Emergencias y Respuesta Inmediata (CERI).
Aseguran que ahora los malandrines (narco) ya no tienen control de C-4 que es desde donde son monitoreadas las cámaras.
Un comandante de la entonces Policía Ministerial del Estado, hoy conocida como Policía de Investigación Estatal, sostiene que los gobiernos anteriores no tenían problemas de este tipo (video-cámaras destruidas), debido que los altos mandos, incluso alcaldes ordenaban apagar la vigilancia de algunos sectores.
“Era tanta la complicidad de los gobiernos anteriores que el “narco” ordenaba que las cámaras fueran apagadas por completo, para facilitar su libre paso por las calles. A los encargados de la vigilancia se les pedía que desconectaran algunos “postes”, para que no quedara el registró grabado del paso del “narco”, asegura el oficial.
En eso coinciden otros agentes policiacos y ex trabajadores de C-4: “nada más nos avisaban que el sistema se cayó o que apuntáramos las cámaras para otro lado”.
Y aseguran que como ahora ya no existe esa supuesta complicidad con estos gobiernos, entonces el narco ha decidido destruirlas.
LAS PRIMERAS
Sucedió en los últimos días de marzo del 2017 en la colonia Las Quintas. Era de madrugada y la cámara que se encuentra en el cruce del bulevar Doctor Mora y Sinaloa alcanzó a captar cuando un vehículo de color oscuro se estacionó debajo de ella y del auto descendieron dos sicarios armados con fusiles de asalto AK-47 que empezaron a disparar contra las videocámaras.
Posteriormente, los gatilleros enfilaron hacia La Campiña, luego a la zona de la Isla Musala, el bulevar Universitarios o Novena, la avenida Las Américas, Tierra Blanca, Ignacio Allende, norte de la avenida Álvaro Obregón, el sector Humaya, por el bulevar Enrique Cabrera hasta el bulevar José Limón y la zona conocida como “La Canasta”. A su paso por cada uno de esos cruces, fue la misma acción: tumbar el sistema de videoviglancia.
De ese ataque, no hubo reacción de las corporaciones policiacas, pese a que en C-4 alcanzaron a ver los primeros rafagazos antes de que 22 de las cámaras se apagaran.
Esa acción se repitió días después, pero en el sur de la ciudad. Desde entonces suman decenas de ocasiones en que los gatilleros del narco han atacado el sistema de videovigilancia, pero no solo en Culiacán, sino también en Mazatlán, Navolato, Guasave y Los Mochis.
TUMBAR EL SISTEMA
Primero fue a rafagazos de “cuerno de chivo”; luego el robo de las cámaras que eran desmanteladas con el uso de escaleras para trepar a los postes. Ante los robos, las autoridades del estado recurrieron a blindar los postes con alambre con cuchillas de acero, pero el narco reaccionó sopleteando los postes que sostenían las cámaras para tumbarlos. Fueron varios los postes que cayeron y muchos otros que quedaron dañados.
Y en este 2020, de nuevo el narco vuelve a utilizar fusiles AK-47 para tumbar las videocámaras del sistema de vigilancia estatal. Y es que aunque pocas, ha habido acciones delictivas que si han sido captadas por las cámaras.
Uno de las acciones delictivas relevantes que fueron captadas por las cámaras, fue precisamente el 17 de octubre, el día en que un ejército de gatilleros del Cártel de Sinaloa tomó por asalto la ciudad de Culiacán para liberar a Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, preso actualmente en Estados Unidos.
Muchos de los ataques que realizó el Cártel de Sinaloa en el llamado Jueves Negro, quedaron registrados por las videocámaras. De allí que persista el interés de terminar por eliminar el sistema de videovigilancia, no solo en Culiacán, sino en Sinaloa, como quedó demostrado la madrugada del primer día del 2020.
300 Cámaras de videovigilancia por lo menos han sido dañadas a balazos por gatilleros en los últimos tres años.
ATAQUE
El más reciente ataque contra el sistema de videovigilancia ocurrió la madrugada del primero de enero en Culiacán y Mazatlán
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