Culiacan, Sin.- La muerte de dos jóvenes a manos de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y el rechazo al intento del Gobierno de Quirino Ordaz Coppel por “perdonar” por dos millones de pesos a ex funcionarios del entonces gobernador Mario López Valdez, acusado de desviar 260 millones de pesos del erario público, evidenciaron a las instituciones de mayor importancia de seguridad y justicia en Sinaloa, de entorpecer la lucha contra la inseguridad y la impunidad, denunció la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP).
El CESP señala en un comunicado que la “falta de comunicación y coordinación” ha llevado a esas instituciones a la confrontación que también complican a las víctimas el acceso a la seguridad y la justicia.
Por ello la coordinación general del CESP hizo “un llamado a los responsables de las instituciones a tener entre sí un diálogo permanente y a garantizar la coordinación institucional, sin la cual sus resultados serán dispersos, insuficientes y sin el impacto que la realidad sinaloense demanda”
Porque señala que de no ser así, “¡Los que perdemos somos los ciudadanos sinaloenses!”
El lunes pasado, elementos de la Policía Estatal Preventiva mataron a dos jóvenes mujeres, originarias de Tamazula, Durango, durante un supuesto enfrentamiento registrado en la sindicatura de Sanalona.
La Secretaría de Seguridad Pública informó sobre ese hecho, que las jóvenes viajaban en un automóvil en el cual iban sujetos que dispararon contra los policías y que al repeler la agresión resultaron muertas las dos mujeres.
En ese hecho, un joven y otra mujer fueron retenidos porque supuestamente estaban involucrados en el enfrentamiento, pero la SSP informó que al ponerlos a disposición del Ministerio Público, este no los aceptó.
Ante el rechazo, los dos detenidos finalmente fueron puestos a disposición del Juez de Barandilla, el cual ordenó su liberación.
La Fiscalía General del Estado informó que el Ministerio Público no aceptó a los detenidos porque los policías estatales intentaron realizar la consignación fuera de tiempo, y que nunca fueron informados para que dieran fe del hecho en Sanalona.
La SSP respondió que peritos del Servicio Médico Forense e investigadores de la Policía Investigadora de la FGE si acudieron al lugar para dar fe del enfrentamiento y que sabían de la detención de las dos personas que el Ministerio Público se negó a aceptar.
Sobre ese caso, la FGE y la Comisión Estatal de Derechos Humanos actualmente investigan para determinar si los agentes actuaron de forma legal durante el enfrentamiento.
Sobre el caso de la acusación de desvío de 260 millones que supuestamente realizó Armando Villarreal, Ernesto Herrera y José Carlos López, ex funcionarios de finanzas de Malova, durante la audiencia en el Juzgado, se reveló la solicitud de perdón que solicitó el Gobierno de Quirino Ordaz Coppel a cambio de 2 millones de pesos.
Fue el Secretario General de Gobierno, Gonzalo Gómez, quien pactó con los ex funcionarios acusados llegar al acuerdo del pago sólo de 2 millones de pesos y publicar una disculpa pública.
Sin embargo, al hacer la solicitud, la jueza Sara Bruna Quiñonez rechazó el acuerdo al considerar que era una falta de respeto para la sociedad sinaloense.
El comunicado del CESP
En la última semana ocurrieron dos hechos importantes que son de conocimiento público: un evento en Sanalona que tuvo como saldo lamentable la pérdida de dos vidas humanas, y el rechazo de la Jueza Sara Bruna Quiñónez Estrada a los términos de una negociación entre representantes del Gobierno Estatal actual y el anterior.
Estos dos eventos, más allá de su gravedad individual, han evidenciado ante la opinión pública una preocupante falta de comunicación y coordinación entre las instituciones de mayor importancia en la cadena de seguridad y justicia de Sinaloa.
A los ciudadanos integrantes de la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública nos preocupa esa falta de coordinación, que ha llegado incluso a la confrontación a través de los medios de comunicación.
Todo esto confunde sobremanera a la sociedad y exhibe a instituciones que, en lugar de ser ejemplo, entorpecen la lucha contra la inseguridad, la impunidad y complican a las víctimas el acceso a la seguridad y la justicia.
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¡Los que perdemos somos los ciudadanos sinaloenses!
No hacemos ni expresamos juicios sobre los eventos en sí mismos, porque consideramos que debemos esperar a que las autoridades que están a cargo terminen su trabajo y asignen, conforme a derecho, las responsabilidades que corresponden en cada caso.
Pero sí hacemos un llamado a los responsables de las instituciones a tener entre sí un diálogo permanente y a garantizar la coordinación institucional, sin la cual sus resultados serán dispersos, insuficientes y sin el impacto que la realidad sinaloense demanda.
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