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Culiacán, Sin. A Sinaloa, pero sobre todo a la sindicatura de Tepuche, el gobierno federal envió 300 elementos de la Guardia Nacional para reforzar a las Bases de Operaciones Mixtas Urbanas que funcionan con efectivos del Ejército, Marina y la Policía Estatal Preventiva, pero las cinco Bomus no sirvieron en junio pasado para contener la violencia en la zona, que dejó varios enfrentamientos, un número indeterminado de muertos y decenas de familias desplazadas.
Si en los últimos días los enfrentamientos disminuyeron en la región norte de Culiacán, se debe a la expulsión de los grupos delincuenciales del territorio, no porque el conflicto entre las células haya concluido, indican fuentes de la Policía de Investigación. De hecho, amenaza con tener brotes en el casco urbano.
En ese sentido, con la Guardia Nacional operando en el territorio Sinaloa para contener la inseguridad, se ha convertido en un cuerpo militar bajo vigilancia ciudadana en su actuar.
El Observatorio Ciudadano recién creado por el Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), señaló que hoy en día se encuentra “atento de cómo está funcionandio la Guadia Nacional”, pues por lo que se ha visto “se necesita un mayor número de elementos”.
“Es necesario que se refuerce el número de elementos de la Guardia Nacional en Sinaloa, pero no sólo eso, también una mayor presencia de la Fiscalía General de la Republica, por el número de carpetas de investigación que se abren y competen a la federación”, comentó Ricardo Jenny Del Rincón Camacho, coordinador general del CESP.
EJERCICIO CIUDADANO
El ejercicio del Observatorio Ciudadano a través de los consejeros del CESP, busca analizar la operación y transparencia de las organizaciones de seguridad que se encuentran en Sinaloa, sobre todo de la Guardia Nacional que, reconoció Del Rincón, aún le falta tiempo para poder funcionar y dar resultados.
“Ciudadanos Evaluando nos dice que hay cuatro puntos que son importantes atender, y uno de ellos le compete a la Guardia Nacional. El primer punto es que, la violencia giró hacia los hogares (violencia familiar), el incremento a violación y el robo a casa habitación; esto en 2019. En este 2020 no se ve que vaya a la baja”, externó.
El segundo punto que le compete atacar a la Guardia Nacional es que, la cantidad de armas de fuego que circulan en nuestro estado, es muy superior a la de cualquier otro lugar de la República Mexicana.
“La mayoría de los delitos de alto impacto y muchos que no son de alto impacto, en Sinaloa, son con arma de fuego. En Sinaloa, cerca de un 70 por ciento de los delitos que se cometen, son con arma de fuego y eso le corresponde a la GN, porque son los únicos facultados en el tema de la Ley de Armas y Explosivos, porque es una ley nacional”, señaló.
Recordó que la investigación, captura, aseguramiento y todo lo que compete delitos con armas de fuego, le corresponde a la Guardia Nacional, por ser autoridad federal.
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NUEVAS PATRULLAS NO SON SUFICIENTES
Asimismo hace falta que la federación le invierta más en la seguridad del estado.
“Es claro que Sinaloa requiere del apoyo de la federación en cuanto recursos para que las instituciones de seguridad municipales y estatales crezcan, no sólo en recurso humano, sino en equipamiento y tecnología”, puntualizó.
“Las autoridades deben fortalecer más a nuestras instituciones y concentrarse en el recurso, para poder salir del bache de impunidad que se vive en la entidad. El estudio del observatorio ciudadano arroja que en Sinaloa hay una tasa de impunidad superior al 96 por ciento”, dijo.
Aseveró que esto es un proceso de recurso y que por esta razón se deben tomar acciones para fortalecer en capital humano a las corporaciones, pero no sólo en equipamiento con las 40 patrullas que acaba de otorgar el Gobierno Estatal, sino en sueldos y prestaciones para los policías.
El ejercicio llamado Ciudadanos Evaluando del (CESP), estará observando de cerca a las cuatro principales instituciones encargadas de seguridad en Sinaloa: Secretaría de Seguridad Estatal, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica, Poder Judicial del Estado y la Fiscalía General del Estado.
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