Culiacán, Sin.- “En Sinaloa los fideicomisos públicos se han distinguido por su poca transparencia y en algunos casos malos manejos, ya que sólo un porcentaje mínimo de ellos son auditados por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa (ASE), y en esos pocos que son auditados aparecen múltiples observaciones”, advirtió la presidenta de la Comisión de Hacienda Victoria Sánchez Peña.
Ejemplo de lo anterior, dijo en conferencia virtual, es la revisión publicada este año al Fideicomiso del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Sinaloa (FOFAE), en donde se observan presupuestos entregados para financiar obras que no se realizaron ni se comprobaron y que generaron un impacto presupuestal por más de 3 millones de pesos.
Por eso exigimos a los Secretarios Manuel Esteban Tarriba Urtuzuástegui y Sergio Torres Félix para que hagan públicos los Informes de Avances Físicos Financieros que corresponden a la radicación, los recibos de la radicación y el comprobante de la distribución de los dineros radicados sobre las Unidades Ejecutoras que se determinó por el Fondo para este año 2020 Victoria Sánchez Peña
Sin embargo, reiteró, la preocupación fundamental del fideicomiso no se encuentra en la recuperación de ese dinero, es importante hacer énfasis, en que la propia Auditoría ha señalado con claridad los profundos problemas de operación con los que cuenta, al establecer que las metas y objetivos de dicho programa no corresponden a las acciones tomadas, a juzgar por el incipiente diseño de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR).
La diputada de Morena aseguró que cuatro de los cinco indicadores de la lógica horizontal, no se pueden evaluar por las fórmulas planteadas, lo que da como resultado un programa de fondeo sin posibilidad de comprobar sus resultados, la información de evaluación no se encuentra disponible en las páginas de internet señaladas por la administración, y las fichas técnicas tampoco fueron remitidas a la Auditoría.
Indicó que es sumamente importante señalar que para este año 2020 se han asignado 229 millones de pesos, de los cuales 219 millones provienen de asignaciones federales y 10 millones de las arcas del Estado, y que al día 27 de abril, ya se han distribuido más de 101 millones 653 mil pesos destinados a los componentes de vigilancia epidemiológica de plagas y enfermedades fitosanitarias, inspección de plagas y enfermedades fitosanitarias, inocuidad agroalimentaria acuícola y pesquera y el de campañas fitosanitarias,
La legisladora insistió que éstos componentes son muy importantes, debido a que de su cumplimiento no solamente depende el impedir que las enfermedades y contaminantes se dispersen en nuestro Estado, además se trata de cumplir con algunos requisitos administrativos que facilitan el tránsito de las exportaciones agroalimentarias, acuícolas y pesqueras, por lo que tienen una importante función en el ámbito económico.
Sobre este tema, resulta relevante remembrar lo acontecido en el año 2019 con la pérdida del “Estatus Ganadero” por determinación del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, en donde se argumenta que la falta de acciones de inspección, vigilancia fitosanitaria del ganado para contener la tuberculosis bovina, son algunas de las causales para justificar la no acreditación Victoria Sánchez Peña
Indicó que ya se ha planteado de forma falaz que fue la falta de ministración de recursos por parte de las autoridades responsables Federales, la causa por la que no se logró cumplir con los criterios y metas de los programas en materia de inocuidad agroalimentaria.
La diputada de Morena aseguró que el dinero presupuestado por la Federación fue radicado por la SADER en tiempo y forma durante los meses de Mayo, Junio y Julio con la entrega de más de 201 millones de pesos para financiar los componentes, tal como fue calendarizado en los Anexos Técnicos de Ejecución para el año 2019.
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Esto deja a relieve, insistió, que no es responsabilidad de la Federación la pérdida del Estatus, sino de la falta de eficiencia, transparencia y el alto grado de corrupción que imperó en el manejo de estos recursos, lo que relajó y deterioró el sistema de sanidad e inocuidad agroalimentaria, causando así la no acreditación del ganado sinaloense.
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