Culiacán, Sin.- Aquella noche del lunes 15 de febrero de 2021, David escuchó unas voces -según las declaraciones en la carpeta de investigación- que le decían que golpeara a alguien. El joven sufría esquizofrenia desde los 17 años, tenía arranques violentos que eran controlados casi siempre, pero aquella noche, se le abalanzó a su madre de manera salvaje.
Doña María del Carmen, de 57 años, murió a manos de David. Desde un año atrás, según se relató en el expediente 132/2021, la señora empezó a temer que su hijo le hiciera algún daño, ya que sus arrebatos eran cada vez más comunes y los tratamientos a los que estaba sometido no ofrecían resultados.
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Tras el crimen, las autoridades detuvieron a David, que entonces tenía 30 años. Estaba completamente ido de la mente. En la sala de audiencias, cuando fue presentado ante el juez, soltaba improperios y frases inconexas: “Yo no soy David. No puedo respirar. ¿Dónde está mi papá? Saquen a ese señor, saquen al juez. Traigan a mi papá”.
Aunque en un principio el juez de control no quería pasar a David como un enfermo de esquizofrenia, lo cierto es que en su proceso judicial, se le confirmó su expediente clínico y su defensa buscó que fuera excluido de la gravedad del asesinato como indica el artículo 26, fracción IX del Código Penal de Sinaloa, que establece:
“Al momento de realizar la conducta típica, el agente que no tenga la capacidad de comprender el carácter ilícito de aquella o de conducirse de acuerdo con esa comprensión, en virtud de padecer enajenación mental, trastorno mental transitorio o desarrollo intelectual retardado, o cualquier otro estado mental que produzca los mismos efectos, excepto en los casos en que el propio agente haya provocado esa incapacidad.”
Los procesos
En Sinaloa no se cuenta con un área específica, sino con módulo en el penal para enfermos mentales; en los registros oficiales, actualmente se cuentan con 15 personas procesadas bajo este esquema especial, como actualmente se lleva el caso de David.
En el penal de Aguaruto se informó que incluso hay personas psiquiátricas que ya cumplieron sentencia, pero sus familiares no quieren tenerlos bajo su cuidado.
Un defensor de oficio, con experiencia en caso de inimputabilidad, brindó una entrevista a El Sol de Sinaloa para explicar cómo es que se llevan a cabo estos procesos.
“Uno de los requisitos para que pueda catalogarse como inimputable es que padezca un trastorno mental, permanente o transitorio; el segundo es que ese padecimiento se lo haya provocado a sí mismo (por consumo de sustancias)”, detalló el abogado.
Sin embargo, destacó que no en todos los casos el juez suspende el proceso por faltas de estas causales.
"Tuvimos un asunto en donde un joven tiene retraso mental, fue sentenciado y fue recluido hasta que se recuperara, dijo el juez, entonces iba a ser una pena perpetua, porque él nunca iba a poder recuperarse", comentó el litigante, que por razones de seguridad pidió el anonimato.
También explicó que en caso de que el juez reconozca la inimputabilidad del presunto delincuente, hay dos posibles resultado: que el señalado reciba tratamiento y sea entregado a la familia, o que se le apliquen medidas cautelares.
Pero en esta situación existe un problema: que el Estado no cuenta con instalaciones para recluir a personas con afecciones mentales que representan un potencial peligro para la sociedad.
Un psiquiátrico sin capacidad
El único lugar de Sinaloa especializado en la atención de la salud mental es el Hospital Psiquiátrico, sin embargo, este sitio no cuenta con la infraestructura ni el personal para albergar pacientes por largos periodos de tiempo, además el personal no se da abasto atendiendo a los pacientes y el llamado de los tribunales.
Saúl Pérez Parra, director del Hospital Psiquiátrico de Sinaloa, expuso que las valoraciones hechas por los expertos de la institución que preside, le corresponden al Poder Judicial.
“Nosotros vamos a los juicios e incluso a la penitenciaría a dar valoraciones, pero vamos a petición y obligados porque si no nos multan. La responsabilidad le toca al Poder Judicial, ellos tienen el presupuesto suficiente para contratar a personal especializado que haga las valoraciones”, declaró.
Pérez Parra indicó que en administraciones pasadas de la institución, los dirigentes declaraban que los diagnósticos emitidos por miembros de la unidad médica eran de vital importancia para la resolución de este tipo de casos, sin embargo, aclaró que a ellos no les corresponde dar por hecho el estado mental de una persona, sino que simplemente brindan su punto de vista.
“Yo cuando llegué dije que aquí no hacemos los diagnósticos, los catalogamos como probables o no probables y se acabó”, expresó.
Asimismo, acentuó que es erróneo llevar a cabo una defensa fundamentada solamente en la opinión que brinda el personal del que está cargo, debido a que a lo mucho tienen una hora de interacción con el paciente, y al tratarse de problemas mentales, el corto periodo de tiempo permea el poder brindar un diagnóstico preciso.
De igual forma, mencionó que cuando los psiquiatras acuden a dar su opinión del presunto culpable, las personas que reciben atención en el Psiquiátrico quedan desatendidas, debido a que solo cuentan con 8 personas especializadas en la materia.
“Tengo 8 psiquiatras, y cuatro de ellos van a estar ocupados todo el día de hoy”, declaró.
Sin políticas de salud mental
La demanda de atención psicológica y psiquiátrica se acrecentó en Sinaloa, sin embargo, los presupuestos, personal e instituciones que atienden a este vector no son suficientes o incluso inexistentes, como lo son los lugares de estancias prolongadas para los inimputables.
“A Sinaloa le hace falta crecer el Hospital Psiquiátrico para atención médica, y obviamente, y en un momento dado, ya a futuro, deberían de crearse centros de estancia prolongada de enfermos mentales”, añadió el director.
¿A dónde van los inimputables?
El único sitio que recluye personas con trastornos mentales es el Penal de Aguaruto, el cual tiene un área especializada, aunque con deficiencias. Cuando se acudió a este sitio para hablar con las personas encargadas y verificar el trato y la capacidad del establecimiento, no hubo atención alguna. Argumentaron que estaban teniendo bastante trabajo, por lo cual pidieron datos de contacto que nunca fueron empleados.
A pesar de no recibir atención, un elemento del penal brindó el dato de que muchas personas que están recluidas en esa área ya cumplieron su condena, pero permanecen en cautiverio debido a que los familiares no se quieren hacer responsables.
Falta de interés
Por su parte, la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, secretaria de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, concordó con Pérez Parra en el sentido que el Gobierno del Estado debe concentrar acciones que soluciones las problemática de salud mental en Sinaloa.
“Tenemos que fortalecer las instancias de atención en materia psiquiátrica, para efecto de que estas personas tengan atención de manera gratuita”, argumentó la diputada.
De igual forma, mencionó que ha visitado diversas instalaciones de asociaciones civiles que brindan atención a la salud mental, sin embargo, anotó que la mayoría de estos sitios están saturados.
“El fomento en acciones que promuevan y brinden la atención es un tema de política pública, la legislación ya establece el tema de los inimputables, lo que habría que ver es trabajar en una política pública que les de la certidumbre de tener una atención adecuada”.
El caso de David
Por último, la Fiscalía General del Estado confirmó respecto al caso de David, que en la audiencia celebrada el 30 de noviembre de 2021 la jueza autorizó acreditarle inimputabilidad, sin embargo, el proceso continúa, solamente que se harán ajustes conforme a la Ley para aplicar medidas cautelares adecuadas y brindar tratamiento mientras reside en el Penal. La FGE añadió que en enero David acudirá nuevamente a audiencia.
Los casos
En Sinaloa se cuentan con 15 casos actuales de personas que son procesadas bajo la figura de inimputabilidad.
Pabellón
El Penal de Aguaruto es el único con un pabellón especial para enfermos mentales, pero no cumple con las condiciones suficientes. En todo el país hay 71 espacios para estas personas.
¿Qué dice la CNDH?
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió un informe en 2020 respecto a las personas con problemas mentales que llegan a cometer algún tipo de delito.
En el reporte, señaló que las personas con discapacidad psicosocial y los inimputables necesitan y requieren atención especializada acorde a sus características específicas, que
limitan su capacidad de conducirse de manera independiente.
De ahí que las instituciones a las que les toca este tema, deben regirse por la normatividad nacional e internacional, pues se ha reconocido que su atención implica necesariamente proveer de las condiciones necesarias que favorezcan los ajustes normativos de operación e infraestructura que permitan alcanzar un nivel óptimo de funcionamiento y de disminución de sus limitaciones para su vida cotidiana, evitando su discriminación y vulnerabilidad.
