A nivel nacional, el 60% de las agresiones contra periodistas provienen de gobiernos o funcionarios municipales, señaló Juan Mario Martini Rivera, consejero del Instituto de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos de Sinaloa, y este estado no es la excepción.
El consejero mencionó que a cuatro meses de que el instituto entró en funciones, hay ocho casos de periodistas que requieren protección inmediata.
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"Sinaloa es parecido a otros estados de la República, la agresión a la libertad de expresión sucede todos los días. Es un tema que no ha sido superado por las autoridades (...) lo que nos interesa en el instituto es la prevención, no llegar a las medidas de protección", mencionó.
Caso Mazatlán
Martini Rivera precisó que el instituto como tal todavía se está conformando, pero desde que entró en vigor la Ley de Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos se puso en acción y se tomaron varios casos en Mazatlán.
"El colectivo de Periodistas por la Paz y Libertad de Expresión nos pasó un catálogo de 14 compañeros que han sido agredidos por esta administración y los retomamos para revisarlos y ya han ocurrido otras dos agresiones del alcalde contra dos compañeros recientemente, pero no se han acercado, los invitamos a que lo hagan", precisó.
Mario Martini explicó que la última agresión contra periodistas registrada en Mazatlán fue precisamente contra él mismo fue víctima por parte del alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, quién lo bloqueó de su cuenta de Twitter el viernes pasado.
"Ningún servidor público puede bloquear a ningún reportero de sus cuentas sociales, así lo decretó la Suprema Corte de Justicia de la Nación", explicó.
Sanciones
Junto con el decreto de la SCJN, la nueva Ley de Protección a Periodistas del estado de Sinaloa y el Código Penal, se establece que aquel funcionario que viole, inhiba o agreda la labor de un periodista puede ser encarcelado hasta por ocho años y pagar una multa de 600 días de salario mínimo.
"Que los periodistas y defensores de Derechos Humanos sepan que no están solos, que ya hay una Ley, un Código Penal que va a estar vigilando a todos los funcionarios de todos los niveles de gobierno. Cuando alguien tenga esa sensación de que su trabajo ha sido obstaculizado, inhibido, agredido, hay que acercarse al instituto. Hay que poner un alto a las agresiones antes de que suceda lo grave", exhortó.
