Culiacan, Sin.- Con el voto mayoritario de Morena, la Comisión de Fiscalización rechazó los informes de las cuentas públicas de Gobierno del Estado del 2018, donde salió a relucir la denuncia por presuntos hechos irregulares en la entrega de colchones usados a las familias afectadas por la tormenta tropical 19-E mediante un programa emergente donde se destinaron 11 millones de pesos.
Durante la reunión virtual, los integrantes de dicha comisión analizaron los informes individuales de la revisión de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal del 2018, presentados por la Auditoría Superior del Estado, de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
En la revisión de la cuenta pública del Poder Legislativo, diputados de Morena acusaron que el gasto de la administración estatal fue mayor al autorizado por el Congreso del Estado, recursos que fueron desviados a los estadios..
En lo que se refiere a los colchones usados, la Comisión de Fiscalización cuestionó la actuación de este órgano fiscalizador al no determinar responsabilidad específica alguna de ningún funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social de la administración estatal.
La medida se tomó pese a que se acreditó que en la venta de los colchones entregados participaron el particular Francisco Benjamín Landgrave Buelna, con mil 200 unidades y la empresa El Mariachi, dedicada a las actividades agropecuarias, con mil unidades más y que, provocados por esa acción a todas luces irregular resultó detenido por la Fiscalía General el coordinador administrativo de la SEDESO, Carlos Baltazar Castro Olivas y el titular de la dependencia, Raúl Carrillo Castaños, fue destituido del cargo.
“Para esta Comisión resulta inconsistente dicha actuación al acompañarse del pliego de observaciones por los 11 millones 568 mil 649 pesos con 60 centavos generados por el total de colchones adquiridos, parte de los cuales, de manera reconocida a una empresa agrícola y al mismo tiempo emitir una acción de Promoción de Responsabilidad Administrativa, para que la Secretaría de Transparencia inicie una investigación interna, en un contexto en que muestra incapacidad parta detectar a los responsables formales en la compra y distribución de los artículos en mal estado y que produjo la detención de un servidor público y la destitución de otro, cuyos hechos son ignorados en el informe correspondiente”.
La diputada del PRI, Ana Cecilia Moreno Romero, integrante de la Comisión de Fiscalización votó en contra, debido a que la comisión se excedía en sus funciones y desacreditaba el trabajo de la ASE al reprobar una cuenta pública contraria a la determinación emitida en su informe por la Auditoría Superior del Estado.
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Lo Comisión de Fiscalización también rechazó el informe de la cuenta pública del Poder Ejecutivo y Judicial, en este último caso ya que de la Auditoría Superior del Estado estimó daños o perjuicios a la Hacienda Pública Estatal por 830 mil pesos en pagos realizados a cuatro trabajadores de base, los cuales se encuentran comisionados al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa.
Al dictamen se le dio primera lectura y será en la próxima sesión donde se apruebe o rechace por el pleno.
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