Culiacán, Sin.- En sesión extraordinaria secreta, el Pleno del Congreso por unanimidad aprobó el Juicio Político contra el exalcalde de Culiacán y determinó procedente formular acusación ante el Tribunal de Justicia del Estado para que sea este quien determine si existe o no la plena responsabilidad de quien resultara denunciado.
“Se solicita la imposición de una sanción consistente en la destitución del cargo al denunciado, como presidente municipal de Culiacán, asimismo, la inhabilitación para ocupar cargo, empleo o comisión de cualquier naturaleza en el servicio público por un periodo de seis años, ello, en proporción a la conducta desplegada”.
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El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Feliciano Castro Melendrez aclaró que si bien actualmente el denunciado ya no ostenta el cargo de alcalde, la sanción establecida en el artículo 12 de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos del estado, prevé como consecuencia del Juicio Político la destitución del cargo como sanción.
Después de dos horas, los legisladores que actuaron como órgano de acusación conocieron las imputaciones formuladas mediante juicio político en contra de Estrada Ferreiro.
Posteriormente, en conferencia de prensa, integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado, Feliciano Castro Melendrez destacó que está legalmente comprobada la conducta con relación a los hechos en materia de la denuncia interpuesta, en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o su buen desempeño.
Precisó que queda acreditada la existencia de la probable responsabilidad del denunciado, en su carácter de presidente municipal del ayuntamiento de Culiacán, conforme a todas las actuaciones contenidas en el expediente de juicio político JP/002/2022.
Asimismo, el Pleno formuló la acusación ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, al cual se le dará seguimiento a través de la Comisión de Acusación que fue designada para tal efecto, hasta en tanto se dicte la sentencia correspondiente.
“Este congreso garantiza el cumplimiento y observancia a los principios constitucionales, el debido proceso, la defensa técnica y adecuada y la presunción de inocencia”, aseguró Castro Melendrez legislador.