Culiacán, Sin.- La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica Díaz Quiñonez, advirtió que la penalización del aborto, lejos de ayudar a resolver el problema ha terminado por recrudecerlo en perjuicio de las mujeres más vulnerables, aquellas que sufren violencia familiar, viven en comunidades con altos niveles de delincuencia, pobreza extrema, falta de educación y sin acceso a servicios de salud y métodos anticonceptivos.
Precisó que la Suprema Corte de Justicia emitió su resolución contra la despenalización, no a favor del aborto, aclaró, sino por el respeto a decidir de las mujeres, con acceso a educación sexual, métodos anticonceptivos y servicios de salud, por una maternidad deseada, libre y voluntaria y por una niñez querida y protegida.
En este tema, dijo la diputada del PAS, se debe partir de la premisa que ninguna mujer aborta porque le guste, se enfrentan a disyuntivas múltiples y tienen que elegir, Entre ellas, está el comportamiento de los hombres ante el embarazo, y muy poco se hace para promover la paternidad responsable.
“Estoy completamente a favor de que no se criminalice a las mujeres, sin que ello implique la promoción absoluta del aborto, sino más bien, en construir un camino en el que las mujeres reciban la educación y la información necesaria para que puedan decidir libremente y con pleno uso de su conciencia sobre las consecuencias que esto implica”, dijo.
Recordó que en muchas ocasiones, trae consigo un procedimiento de legrado, tanto en sus secuelas al cuerpo, como a la psique, por lo que, toda mujer que quiera tomar una decisión con respecto a su cuerpo, debe tener a su alcance la mejor asesoría médica y científica que exista.
“La postura del Partido Sinaloense de no criminalizar a la mujer es congruente con la iniciativa que presentamos el 24 de abril de 2020 para expedir la Ley de Amnistía para el Estado de Sinaloa, misma que fue aprobada el 11 de febrero de 2021 por el Pleno de este Congreso”, recordó.
Díaz de Cuen señaló que dentro de las propuestas de esta iniciativa está el otorgar amnistía si se encuentran casos de delitos de aborto, en cualquiera de sus modalidades, previstas en el Código Penal para el Estado de Sinaloa, cuando se imputara a la madre del producto del embarazo interrumpido; y cuando se imputara a las y los médicos, o a las y los parteros, siempre que la conducta delictiva se haya llevado a cabo sin violencia y con el consentimiento de la madre del producto del embarazo interrumpido.
“Así pues, ya no queremos que en nuestra entidad se criminalicen a las mujeres; lo que sí queremos, es un Sinaloa en el que las mujeres tengan acceso a los servicios de salud, de otorgamiento gratuito de métodos anticonceptivos y a una educación sexual basada en conocimientos científicos que la ayuden a conocer su cuerpo y les proporcione la información suficiente para tomar la mejor decisión para sí mismas”, indicó.
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