Culiacán, Sin.- El decreto que presentó el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador para que se lleve a cabo la regularización de autos "chocolates" o “chuecos” en México, no cambia nada, pues solo entrarán algunos modelos de autos y números de serie que ya están dentro del país.
Sin embargo, hay una infinidad de autos provenientes de diferentes nacionalidades y eso no resolverá la problemática, explicó María de la Paz Yáñez, coordinadora estatal de la Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar (Onappafa).
De acuerdo decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de octubre pasado, en el país sólo es posible la regularización de autos fronterizos que comprende a los estados que colindan con Estados Unidos, desde Baja California, pasando por Sonora, Chihuahua, Tamaulipas y, por ser zona franca, Baja California Sur, y aquellos que ya están internos al país y no a todos en general.
La Onappafa, en coordinación con el Senado de la República, han propuesto una iniciativa con proyecto de decreto por con la cual se busca adicionar el artículo 137 bis 10 de la Ley Aduanera.
En la propuesta se amplía más el espectro para la regularización de las unidades sin registro que ya circulan en el territorio nacional. Aun así, esta iniciativa no abre el candado para la importación de este tipo de vehículos.
¿QUÉ DICE LA INICIATIVA
Dentro de la iniciativa firmada por los senadores Américo Villarreal y Miguel Ángel Navarro Quintero, elaborada desde marzo de 2019, se establece que será la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la dependencia que establecerá una estrategia nacional para la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera que se encuentran internados en el país, conforme a las disposiciones vigentes en materia aduanera.
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“Los vehículos considerados en la estrategia corresponderán a cuyos propietarios acrediten su utilización para transporte público y transporte particular a su centro de trabajo, así como aquellos que apoyen a la economía del país a través de la producción agropecuaria, agraria, ganadera forestal y pesquera”, sostiene el documento.
Sin embargo, no podrán ser regularizados aquellos vehículos que se encuentren embargados y que hayan pasado a propiedad del fisco o vinculados a algún acto ilícito, aquellos que no cumplan las condiciones físico mecánicas o de protección al medio ambiente.
Con esta propuesta presentada (y que no se ha votado) se cree que sea posible regularizar cerca de 5 millones de automóviles que en su mayoría sirven a sectores productivos.
Representando así, no sólo una legalización y garantía de certidumbre jurídica a cientos de mexicanos sino que también implicaría el pago de impuestos lo que generaría mayores recursos para la Federación.
NEGATIVA
Por su parte la Onappafa, señaló que el decreto del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, no ha sido acatado en las fronteras del país, porque las dependencias encargadas de realizar este trámite, no están conformes a lo dispuesto.
En este caso, se refiere al Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Economía.
"Este decreto que se lanzó no es como el de las antiguas regularizaciones, se ha dado para todos los vehículos de instancia ilegal en el país que es como el presidente de la República lo anota, pero no va a ser así, esto va a ser conforme al tratado de libre comercio, van a entrar los modelos, tipos, líneas, marcas y números de serie que estén inscritos en el tratado de libre comercio, sin embargo en el país circulan no nada más vehículos americanos, canadienses y mexicanos, circulan vehículos alemanes y de otros países que no están incluidos en el tratado de libre comercio y en este proceso van a quedar fuera", argumentó María de la Paz.
Ante eso puntualizó que Onappafa busca proponer que todos los vehículos de todas las nacionalidades que sean de instancia ilegal sean permitidos en este proceso, incluyendo las marcas y los de nacionalidad, además de que no sea la Presidencia de la República quien reforme este proceso, sino que sean aquellas instancias que se dedican a la regularización quienes se encarguen de ello.
Aseveró que en México, uno de los argumentos para no permitir la regularización de nuevos vehículos chocolate, es que las armadoras mexicanas podrían llegar a perder valor e ingresos.
Acción que catalogó como imposible, pues las bajas prestaciones del salario mínimo, no permiten que la ciudadanía tenga acceso a un vehículo de agencia, por tanto la gente opta por comprar los "chocolate".
"Mientras en México sigamos teniendo bajos salarios, la problemática va a existir, hoy en día tener un auto no es un lujo, es una necesidad y difícilmente alguien con salario mínimo tiene acceso a un vehículo de agencia, son carísimos", dijo.
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