Culiacán, Sin. Los vecinos del Fraccionamiento Santa Rocío II, quienes desde hace 10 años por necesidades económicas invadieron las casas de la zona y han tenido conflictos con los representantes legales al respecto, tendrán un periodo de 15 días para iniciar el proceso de compra o desalojar las viviendas.
Así lo dio a conocer la encargada de ventas de la constructora Victoria del pacifico, Karla González Romero, quien acudió al fraccionamiento a dialogar con los habitantes para llegar a un acuerdo, sin embargo, los vecinos denunciaron hostigamiento por parte de personal de la constructora.
Son 145 casas las que tienen este problema de invasión, en el que aunque se tiene diversas irregularidades y cuentan con los servicios de luz y agua, no se ha llegado a un acuerdo entre las familias y la empresa.
En la mañana de este lunes la encargada de ventas en compañía de dos empleados de la constructora, acudieron al fraccionamiento con la intención de dejar en claro que si en 15 días no acuden a la notaría a iniciar el proceso de compra, serán desalojados.
Además de que en caso de no salir de las casas, se cortará el servicio de luz y agua, motivo por el que las personas que quieren comprar la casa tendrán que pagarla por 250 mil pesos.
Tanto la encargada de ventas como los vecinos denunciaron que han sido hostigados por parte de los trabajadores de la constructora y por los habitantes; González Romero, mencionó que cuando acude sola, las personas “se les echa encima para sacarlos”.
Mientras que los vecinos aseguran que por parte de un representante legal se ha enviado a gente armada a presionarlos e incluso algunos son de centros de rehabilitación y han llegado a golpear a un joven.
La encargada de ventas, afirmó que tienen alrededor de ocho años observando que los supuestos dueños rentan la vivienda en beneficio propio y por las condiciones en que se encuentran las casas “no viven tan pobremente y lo están haciendo con la ventaja de estar robando la vivienda”.
Al no estar finalizada la obra del fraccionamiento, González Romero, indicó que por cuestiones financieras el dueño de la empresa quedó en bancarrota con un embargo, situación que ya fue resuelta.
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Los vecinos coincidieron en que no cuentan con la capacidad económica para pagar la casa a 250 mil pesos, manifestación que obtuvo como respuesta que de no pagarse, serán desalojados al no tener derechos para permanecer en las viviendas.
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