Culiacán, Sin.- El consejero presidente de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública, José Alfredo Beltrán, informó que en el año 2020 se atendieron 3 mil 406 asuntos, cifra que ubicó como récord, al compararla con los 2 mil 94 asuntos atendidos en 2019, además se realizaron 50 sesiones públicas.
Durante la entrega del informe anual de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, correspondiente al año 2020, ante el Congreso del Estado de Sinaloa detalló que de los asuntos que se resolvieron, el 87 por ciento es a favor de los usuarios ordenando a los sujetos obligados a la entrega de información pública.
Destacó que fueron los partidos políticos y sindicatos los que menos cumplieron. Además, aseguró que hasta el momento la Ceaip no tiene asuntos rezagados apegados siempre a la austeridad.
Reconoció y agradeció el apoyo de la 63 Legislatura al mejorarle el presupuesto anual de la Comisión y con ello se rompió la inercia de no aumentarlo que se arrastraba desde hace siete años, además dijo que existe la posibilidad de que el Congreso del Estado apoye a la Ceaip para que cuente con un edificio propio.
El informe lo recibió la diputada Roxana Rubio Valdez, presidenta de la mesa directiva del Congreso, y lo entregó el consejero presidente de la CEAIP, José Alfredo Beltrán Estrada.
La presidenta de la Mesa Directiva resaltó que la transparencia y la rendición de cuentas son elementos básicos de un régimen democrático.
Sobre todo, precisó, en las modernas democracias constitucionales, en las que se deben garantizar reglas claras y confiables, para asegurar el ejercicio transparente de la función pública, de tal modo que la sociedad pueda evaluar la gestión gubernamental y el desempeño de los servidores públicos.
Durante el evento, el diputado José Rosario Romero López, presidente de la Junta de Coordinación Política, señaló que la entrega del informe se enmarca en las funciones de control que este Poder Legislativo tiene respecto a los poderes públicos y órganos constitucionalmente autónomos.
“Se da cuenta –precisó– de la forma en que se ha venido cumpliendo con un derecho humano fundamental como lo es el acceso a la información pública, que todos aquellos entes que recibamos y ejerzamos recursos públicos o realicemos actos de autoridad tenemos la obligación de hacerlo efectivo”.
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