Culiacán, Sin. - Al salir del Centro de Justicia de Culiacán el viernes pasado, Armando Villarreal Ibarra se sintió seguro de su inocencia al asegurar que buscaría ampararse del proceso penal en el que se le acusa del desvío de 293.5 millones de pesos, ya que dijo no se robó ese dinero. Ni él ni sus colaboradores.
En realidad, nadie lo acusa de quedarse con los recursos. A Villarreal Ibarra se le vinculó a proceso en mayo de 2019 por los delitos “de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública, pues usar fondos para un fin diferente de los que fueron etiquetados, se castiga conforme al código penal.
En su defensa, el ex funcionario malovista ha explicado que los casi 300 millones se usaron pagar sueldos y aguinaldos. “Este dinero, como le dije a la juez, se gastó en el propio gobierno, se gastó en fines de gobierno y no se benefició a ninguno de nosotros”, apuntó tras salir de la audiencia el viernes.
Sin embargo, a la jueza Sara Bruna Quiñones no le queda claro la ruta del dinero, y por eso el viernes rechazó aceptar el acuerdo que hizo Villarreal Ibarra con Carlos Ortega Carricarte (ahora ex secretario de Finanzas), de pagar 2 millones de pesos y hacer una disculpa pública, para suspender el proceso y “reparar el daño”.
“A mí me indica que nada más me han mostrado la punta del iceberg. Existen muchas cosas que me dan de qué pensar cuál es la verdad histórica”, dijo. Incluso cuestionó los vacíos, la falta de documentos y evidencia que la lleve a aceptar el “perdón” que quiso dar el gobierno de Quirino Ordaz al ex secretario de Finanzas.
Y es que falta la explicación: si usó ese dinero para tapar un “agujero”, entonces ¿dónde está el recurso faltante?
PURO REVESES
Armando Villarreal Ibarra dice que buscará un amparo, pero en realidad los dos juicios de garantías que ha promovido ante los juzgados federales para librarse de las imputaciones de hacer mal uso del servicio público, le han resultado de manera negativa. Simplemente los jueces le han negado la protección de la justicia federal.
El primer juicio de amparo que interpuso fue ante el Juez Cuarto de Distrito con sede en Culiacán, el cual inició el expediente 924/2017, contra la orden de aprehensión en su contra. Lo presentó el 24 de noviembre de 2017 y el 22 de diciembre del mismo año el Juez le notificó el sobreseimiento del caso por falta de evidencias.
Cuando el Juez de Control emitió la vinculación a proceso en mayo de 2019, Villarreal Ibarra intentó echar abajo esta resolución, pero el 1 de octubre de 2019, el Juez Tercero de Distrito volvió a fallar en su contra.
Semanas después, el 15 de noviembre, sus abogados promovieron un recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado en Materia Penal con sede en Mazatlán, el cual apenas fue turnado al magistrado Eucebio Ávila López. Además, el pleno quedó integrado por la magistrada Lucina Altamirano y Alfredo López Cruz, quienes resolverán el caso.
El Juez Tercero indicó en el expediente que consultó El Sol de Sinaloa:
No se le puede otorgar el amparo debido a que se colmaron los 6 requisitos legales para que el Juez de Control dictara la vinculación a proceso. Se estiman colmados (los requisitos) de forma y fondo; por ende, la vinculación a proceso reclamada se ajusta a derecho y no irroga violación alguna a los derechos humanos del peticionario.
Juez Tercero
DESVÍO, NO ROBO
Según la acusación contra el ex funcionario malovista, él junto con el Director de Tesorería y el encargado de Caja General de la Secretaría de Finanzas, realizaron el desvío de los 293.5 millones de pesos del 1 de julio al 31 de diciembre de 2016 (el último año del sexenio de Malova) a través de 112 cuentas y transferencias electrónicas, sin justificación ni sustento, a 4 cuentas destinadas para el manejo de recursos propios del estado.
Debido a esto, señala el expediente, Villarreal Ibarra “incumplió con su obligación administrativa de vigilar el uso de los recursos”, amén de que no existe la documentación que soporte este desvío de recursos públicos, lo cual generó un daño patrimonial a la Hacienda Pública.
La orden de aprehensión en su contra fue librada el 30 de agosto de 2018, en la cual también se incluye al ex Director de Tesorería, Ernesto Herrera Félix, y al Jefe de Departamento de Caja General, José Carlos López Ramírez.
Dentro de las pruebas presentadas se incluyó el resultado 118, de la auditoría financiera y de cumplimiento 007/2017, efectuada a la Secretaría de Administración y Finanzas en el segundo semestre de 2016.
Transferencia y destino indebido de dineros en cuentas bancarias, cuyo manejo es para fines específicos, por disposición expresa de la ley, a cuentas bancarias de manejo de ingresos propios del Estado de Sinaloa por un monto de 293 millones 479 mil 200 pesos con daño a la hacienda pública federal y al interés público indica el expediente.
Sin embargo, Villarreal Ibarra no ha pisado la prisión, pues los delitos de los que se le acusa no son considerados como graves, aunque en abril pasado tuvo que pagar una multa de 500 mil pesos como caución, y además está obligado a solventar las irregularidades de los que se le señala.
El ex funcionario sólo ha logrado solventar 30 millones de los casi 300. Cuando se presentó a la audiencia pública el viernes 7 de febrero pasado, la jueza Sara Bruna Quiñones cuestión al fiscal que lleva el caso por aceptar el trato de cambiar la solicitud de 16 años de prisión para el acusado, la inhabilitación del servicio público por 20 años y el pago de 260 millones de pesos como reparación del daño.
“¿Y ahora resulta que sale con que los delitos no están agravados”, estoqueó.
Las piezas claves en el juicio contra Armando Villarreal, el primer secretario de Estado de una administración pasada que enfrenta un proceso penal que no ha podido ser echado abajo, hasta ahora, ni en los más altos tribunales.
16 Años de cárcel es la solicitud original de sentencia en contra del ex funcionario del gobierno de Mario López Valdez, cambiada por 2 millones y una disculpa pública.
SOSPECHAS
La jueza ha rechazado suspender el proceso penal debido a que falta evidencia de que Villarreal Ibarra no hizo mal uso de los casi 300 millones de pesos.
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