/ jueves 5 de diciembre de 2019

Aprueban reformas a la Ley de Fomento Minero del Estado de Sinaloa

Ahora en el conejo estatal de minería, se incluye a ambientalistas para la defensa y protección al medio ambiente

Culiacán.- El pleno del Congreso del estado aprobó reformas a la Ley de Fomento Minero del Estado de Sinaloa para que se incluya en el Consejo Estatal de Minería a tres representantes de organizaciones ambientalistas relacionadas con la defensa y protección al medio ambiente.

El objetivo es que estos representantes sean partícipes en la toma de decisiones que atañen con el medio ambiente, derivados de la actividad minera, privilegiando una participación efectiva de la sociedad en general.

El propósito, reiteran, es el de poder contrarrestar el deterioro ambiental, coadyuvando a mantener y proteger el medio ambiente para las generaciones futuras, desde el seno donde se toman las decisiones, propias de la actividad minera.

Por ello se e considera pertinente reformar la Ley de Fomento Minero, tomando en consideración la responsabilidad y obligación que existe en la toma de decisiones por parte de la sociedad en general, mediante la participación activa de los sectores tanto público como privado, para contrarrestar el deterioro ambiental y ser partícipe activo en la toma de decisiones, coadyuvando a mantener y proteger el medio ambiente para las generaciones futuras.

Resulta conveniente, se lee en el dictamen, adicionar la fracción XI al artículo 8, para incluir en la integración del Consejo Estatal de Minería, a tres consejeros representantes de organizaciones ambientalistas, relacionadas con la defensa y protección al medio ambiente, propuestos por ellos mismos, a propuesta de las mismas organizaciones, con el objetivo de que puedan incidir en la toma de decisiones en los casos que impliquen la protección ambiental, salud pública y el derecho humano a un ambiente sano.

Puedes leer:Viajando Puro Sinaloa profesionaliza a los pueblos de Sinaloa

Los representantes de las organizaciones ambientalistas, también durarán en su cargo dos años pudiendo ser reelegidos a propuesta del sector que los propone.

El 12 de septiembre de 2011, el Consejo Estatal de Minería de Sinaloa se creó como el órgano colegiado de consulta, participación y gestión, cuyo objeto es coadyuvar en la planeación, programación y coordinación del sector minero, así como contribuir a la definición de políticas y estrategias para el desarrollo minero en el Estado, contribuyendo a la atención de las gestiones y demandas del sector.


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Culiacán.- El pleno del Congreso del estado aprobó reformas a la Ley de Fomento Minero del Estado de Sinaloa para que se incluya en el Consejo Estatal de Minería a tres representantes de organizaciones ambientalistas relacionadas con la defensa y protección al medio ambiente.

El objetivo es que estos representantes sean partícipes en la toma de decisiones que atañen con el medio ambiente, derivados de la actividad minera, privilegiando una participación efectiva de la sociedad en general.

El propósito, reiteran, es el de poder contrarrestar el deterioro ambiental, coadyuvando a mantener y proteger el medio ambiente para las generaciones futuras, desde el seno donde se toman las decisiones, propias de la actividad minera.

Por ello se e considera pertinente reformar la Ley de Fomento Minero, tomando en consideración la responsabilidad y obligación que existe en la toma de decisiones por parte de la sociedad en general, mediante la participación activa de los sectores tanto público como privado, para contrarrestar el deterioro ambiental y ser partícipe activo en la toma de decisiones, coadyuvando a mantener y proteger el medio ambiente para las generaciones futuras.

Resulta conveniente, se lee en el dictamen, adicionar la fracción XI al artículo 8, para incluir en la integración del Consejo Estatal de Minería, a tres consejeros representantes de organizaciones ambientalistas, relacionadas con la defensa y protección al medio ambiente, propuestos por ellos mismos, a propuesta de las mismas organizaciones, con el objetivo de que puedan incidir en la toma de decisiones en los casos que impliquen la protección ambiental, salud pública y el derecho humano a un ambiente sano.

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