Culiacán, Sin.- El Congreso del Estado de Sinaloa aprobó por mayoría el dictamen que otorga autonomía presupuestal a los Poderes, Legislativo y Judicial, así como a los órganos constitucionales autónomos.
Ahora el gobierno del estado no tendrá injerencia en las decisiones de estas entidades ya que en esa autonomía presupuestaria se incluye la atribución de manejar y administrar, además de ejercer directamente sus presupuestos de egresos.
En el dictamen aprobado se asegura que se fortalece la autonomía en la gestión presupuestaria de estos poderes y órganos constitucionales autónomos, para impulsar su consolidación como instancias democráticas y de derecho con total libertad, sin dependencia, intromisión, ni subordinación.
Con 31 votos a favor, el pleno aprobó dictamen de la Comisión de Hacienda Pública y Administración, que preside la diputada María Victoria Sánchez Peña, el cual fue elaborado con iniciativa del grupo parlamentario de Morena.
La autonomía en la gestión presupuestal constituye una condición necesaria para que los poderes ejerzan sus funciones con plena independencia y que no queden sujetos a las limitaciones de otros poderes, porque implicaría una violación al principio de División de Poderes, que establece el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En la autonomía presupuestaria otorgada a los Poderes Legislativo y Judicial, a los órganos constitucionales autónomos, se incluye la atribución de manejar y administrar, además de ejercer directamente sus presupuestos de egresos sin sujetarse a las disposiciones generales emitidas por la Secretaría de Administración y Finanzas y la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas.
Asimismo la atribución de que lleven su propia contabilidad y emitir sus informes financieros remitiéndolos a la Secretaría para los efectos de las cuentas públicas y el ejercicio de la fiscalización de los órganos internos de control de cada institución.
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Se otorgan atribuciones a los Poderes y a los Órganos Constitucionales Autónomos, de autorizar las adecuaciones a sus presupuestos sin requerir la autorización de la Secretaría de Administración y Finanzas.
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