Culiacán, Sin.- Durante 2020, en lugar de disminuir, el fenómeno de desplazamiento forzado interno se agudizó con la crisis de Tepuche, cuyas oleadas violentas dejó en el exilio de decenas de familias sinaloenses como otros años, y a pesar de que el Congreso creó una Ley, lo cierto es que ésta se ha convertido en “letra muerta”.
La última oleada de desplazados, que se suman a los de Choix, Sinaloa de Leyva, Badiraguato y Concordia, fueron los de esta sindicatura del norte de Culiacán, quienes a partir del 26 de junio comenzaron a salir de sus casas debido a la irrupción de grupos armados: un día antes un comando asesinó a 9 pobladores de Bagrecitos.
Desde marzo, al inicio de año, los habitantes ya habían advertido a la autoridad que la violencia llegaría a la región, exigieron una base militar en Aguacaliente de los Monzón, pero en lugar de eso enviaron solamente rondines que no contuvieron la guerra entre células del Cártel de Sinaloa.
Entre abril y mayo, las incursiones de grupos de pistoleros comenzaron a asolar la región, los pobladores quedaron en medio de una guerra encarnizada.
Por más operativos que realizaron las Fuerzas Armadas y la Policía Estatal, las víctimas se fueron sumando hasta que el 24 de junio estalló la masacre de Bagrecitos. En total, 9 víctimas de la comunidad y otras 7 que fueron identificados como pistoleros del Ruso.
Para ese entonces, desplazados de Mazatlán también exigían que los apoyos de Gobierno llegaran, pues el Congreso había aprobado un fondo de 40 millones de pesos para la construcción de viviendas.
El año cerró, y las viviendas no llegaron.
APRUEBAN LA LEY
Un mes después de que madres de familia sufrieron al ver cómo los delincuentes tomaban a sus hijos varones menores de edad, el Congreso del Estado de Sinaloa leía en el pleno una Ley para Prevenir, Reparar y Atender a Personas Desplazadas.
La ley resulta letra muerta, pues no hay recurso aún para que esta funcione, ni voluntad de las autoridades para atender a las víctimas.
Más de 100 familias huyeron, algunas al norte del país con familiares y alrededor de 25 se quedaron en Culiacán.
“Aguantar” es la misión de todos los días desde hace seis meses. Tratar de acostumbrarse a un techo prestado y a una movilidad en la ciudad a la que no estaban acostumbrados, luchar con la nostalgia y el estrés postraumático, es ya la rutina de las familias que se tuvieron que quedar en Culiacán, en espera a volver algún día a Bagrecitos, Guayabitos, San Cayetano y demás comunidades de Tepuche.
“Nomas nos quedamos esperando, pocas veces hemos podido ir y solo a recoger cosas de lo que nos queda de casa. Ya nos estamos resignando a no volver, pero es difícil. La pandemia y la falta de trabajo se juntó, hacemos nuestra luchita vendiendo tortillas, coricos y comida que hacemos nosotros, pero pues todavía hay gente que acá tiene incertidumbre de cómo le vamos a seguir, porque todo es caro: renta, servicios, comida y transporte”, expresa una de las víctimas de desplazo.
ATENCIÓN DE “PALABRA”
Fue hasta noviembre cuando después de mucho insistir, el gobernador Quirino Ordaz reconoció el problema de seguridad y puso a trabajar al secretario de Desarrollo Social, Ricardo Madrid, quien dijo al Sol de Sinaloa que se construirían casas para las familias desplazadas.
Madrid aseguró que no se ha incumplido con la atención a desplazados por la violencia, pero la realidad es otra.
Hubo un solo acercamiento con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO) y solo algunas de estas familias para censarlas y dar despensas, algo básico que ya había realizado el Ayuntamiento de Culiacán meses atrás.
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En entrevista con El Sol de Sinaloa, el titular de la SEDESO negó que el fondo de 40 millones de pesos para crear vivienda para las familias en esta situación no se esté ejecutando, sin embargo, otra víctima del desplazo en 2012, expuso que a pesar del fondo asignado por el Congreso de 40 millones de pesos, los terrenos prometidos siguen enmontados.
Estos millones se repartieron en los municipios de Choix, Guamúchil, Mazatlán y Culiacán; pero solo ha quedado en una presunta adquisición de terrenos y nada más.
El terrible evento queda para el estado solo como una estadística oficial de 16 muertos por la pugna entre cárteles, pues las autoridades se niegan a hablar de las familias que sufren los efectos colaterales de la inseguridad por el narcotráfico.
NO ES OPCIÓN
“Volver ahorita no es una opción, no sabemos cuándo lo será pero parece ser que el próximo año 2021 aquí la vamos a pasar. No queda más que echarle ganas para salir adelante, sí hay gente, políticos, que de repente quieren ayudarnos, pero parece que quieren lucrar con nosotros porque andan en campañas. Lo que queremos al menos es un terreno, una vivienda, porque estamos pagando por estar seguros”, expresa una mujer de Bagrecitos.
Ya se cumplieron seis meses desde que sucedió el atentado en Tepuche y hasta hoy, el tema parece ser olvidado por el gabinete de Ordaz Coppel, y el recurso para la vivienda se quedó sin ejercer, como lo expresó Esperanza Hernández Lugo, líder de desplazados afincados en Guamúchil.
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