Culiacán, Sin.- Las empresas constructoras sólo están ocupando al 25% del total de trabajadores que debieran ocupar, debido a la poca obra pública y privada que hay, y aunque el gobierno federal anunció que se inyectaría una fuerte inversión para reactivar la obra pública, en realidad el impacto se verá hasta el próximo año, señaló el presidente de la CMIC, Alfonso Torres.
Aclaró que esta situación no es privativa de Sinaloa, ya que se registra en todo el país, debido precisamente a que los recursos federales no llegan a las entidades federativas y están atorados.
A nivel país, dijo, esta situación ha generado que en la industria de la construcción se haya tenido que despedir a 120 mil trabajadores, y en el caso de Sinaloa suman cerca de 15 mil los trabajadores que se han quedado sin trabajo.
Al Gobierno Federal, dijo, ya no se le pide que destine más recursos, sino simplemente que aplique los que le fueron aprobados en el presupuesto a ejercer en el presente año, pues de 650 mil millones presupuestados sólo se han dispersado 174 mil millones.
Alfonso Torres observó que además, la obra que se tiene por parte del sector privado prácticamente está estancada, pues los inversionistas no quieren hacer más inversiones por la falta de claridad en el panorama nacional.
Es el caso, dijo, del proyecto local “Arena”, que es un proyecto para espectáculos y que se empezó a construir por el lado del sector Santa Fe, el cual se encuentra paralizado.
De las pocas obras que se están haciendo, el presidente local de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), expuso que corresponden a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y tiene que ver únicamente con reencarpetamiento y mantenimiento de carreteras.
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En el caso del Gobierno del Estado, comentó que se están realizando obras de alcantarillados y colectores pluviales, las cuales son pequeñas pero por lo menos permiten mantener activas a algunas empresas constructoras.
Otro aspecto positivo que ve es la decisión del gobernador Quirino Ordaz Coppel de destinar 120 millones de pesos para un programa destinado a terminar con las “aulas de cartón”.
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