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Triángulo

  • Altoparlante / Juan Manuel Partida Valdez

 

Desentrañaremos hoy verdades que se han querido ocultar en torno a la demanda de acoso sexual que la jueza mazatleca Ana Karina Aragón Cutiño presentó en contra del magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez.

No faltarán los que reclamen que nos metemos en las vidas privadas de los demás, pero frente a ello hay que advertir que se trata de funcionarios públicos y de hechos relacionados con el ejercicio de sus facultades, igualmente oficiales y públicas.

Un triángulo pasional con denuncia previa por amenazas de muerte, en medio de una larga cadena de ilegalidades y de complicidades que desnudan la gravísima pudrición existente en el poder judicial del estado.

Esta historia comienza a conocerse públicamente tras la denuncia por acoso sexual presentada ante la Unidad Especializada en Violencia Contra las Mujeres, la Familia y Grupos en estado de Vulnerabilidad de la Fiscalía General del Estado.

Una demanda que podemos calificar como tramposa, en virtud de que las pruebas presentadas son en realidad imágenes y diálogos de una pareja en amores.

No duró mucho el secreto de los amoríos entre la hoy acusadora y el hoy denunciado; le fueron con el mitote a la señora del magistrado presidente, quien trabaja ahí mismo en el Supremo Tribunal de Justicia, junto con una larga lista de sus parientes.

La esposa ofendida se apersonó ante Ana Karina en su oficina, con una madriza verbal que terminó con la jueza presentando denuncia por amenazas; en las redes sociales, duros señalamientos de la esposa de Inzunza en contra de la jueza “quita maridos”.

¿Y por qué la denuncia por acoso sexual, si fueron pareja sentimental?

Esta pregunta todavía no tiene una respuesta clara, con las especulaciones centradas en dos directrices: que la jueza Aragón Cutiño se busca proteger, o que por venganza o conveniencia pactó la demanda con el propósito de golpear pública y políticamente al magistrado presidente.

Un ingrediente para el análisis y la sospecha es el del meteórico ascenso de Ana Karina Aragón en el STJ; fue contratada el 2015 como archivista en un juzgado, y en dos años fue nombrada jueza, por supuesto con el aval ilegal de su enamorado, el magistrado presidente.

Varios recuerdan que hace tres años la señora Aragón vendía bisutería para subsistir, y que traía un auto modesto, mientras que hoy vive holgadamente, conduce un auto Mercedes de lujo, y presume la súbita posesión de terrenos de gran valor en las playas de Los Cerritos, en Mazatlán.

Acusan incluso que esos terrenos millonarios son parte del pago por su participación en “el ataque contra el poder judicial de Sinaloa”.

Polémica creciente, que vanamente se intenta acallar.

Que cada quién tiene derecho a hacer de su vida un papalote, no lo discutimos.

El dilema es que el caso que nos ocupa implica la comisión de ilegalidades diversas, por lo menos la del tráfico de influencias.

Cómo entender que una archivista sea nombrada jueza en tiempo récord, con cientos de abogados que durante muchos años han trabajado y hecho carrera, pero siguen esperando la promoción.

Que nos expliquen también la confirmación de algo que ya se ha denunciado, y lamentablemente ignorado: que los jefes del Tribunal contratan a sus parientes, nomás porque lo son.

Tenemos que insistir en que no se trata de problemas privados, sino públicos.

La conducción del poder judicial no puede estar en manos de funcionarios que se conducen por las hormonas y no por las neuronas.

Los sinaloenses exigimos y merecemos una explicación muy clara de todo lo relacionado con el caso aquí comentado.

No nos referimos a relatos íntimos, sino a la transparencia obligada en el accionar del magistrado presidente y su señora esposa, y de la jueza mazatleca acusadora.

Que nos expliquen con claridad absoluta quiénes son culpables y quiénes inocentes, y que se proceda en consecuencia.

Ya veremos si los poderes ejecutivo y legislativo, además de la fiscalía, tienen el valor o les vale.

 

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