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Seguridad Militar

  • Once Ríos / Mario Montijo

 

Once Ríos| Mario Montijo

 

 

En este espacio he dicho repetitivamente que los tiempos con menos violencia criminal y menor presencia de narcotraficantes en Sinaloa son aquellos en los que la bota militar pisó el territorio sinaloense en el combate a la inseguridad pública.

 

El estado de los once ríos era asolado por los abusos y los excesos de bandas del narcotráfico que impunemente se habían apropiado de vidas y bienes en ciudades y rancherías en toda la entidad, hasta que un día,de visita en la casa de Gobierno con Alfonso G. Calderón, el poderoso líder obrero Fidel Velázquez, sorprendido por las quemaduras que sicarios del narco y supuestos federales habían causado a una niña de corta edad en diferentes partes de su cuerpecito, tomó un teléfono y marcó el número directo del Presidente Luis Echeverría, para comentarle lo que había presenciado y pedirle apoyo para hacer frente al crimen organizado de Sinaloa, que prácticamente se había adueñado del estado, cuyos habitantes estabanalarmados y escandalizados por los crímenes de las bandas del narco, que asaltaban, secuestraban y violaban impunemente.

 

Y ese fue el origen de la “Operación Cóndor”, aquel operativo militar que comandó el general José Hernández Toledo, a quien muchos habrán de recordar como el comandante del operativo que consumó el ataque a la Plaza de las Tres Culturas en la unidad habitacional de Tlatelolco, en la capital de la República, en el fatídico año de 1968.

 

En cuanto el operativo militar empezó, todas las cabezas del narco huyeron de Sinaloa y se instalaron en diversas regiones del país para crear los cárteles de Guadalajara, Tijuana, Ciudad Juárez, todos, incluso el de Sinaloa, de”El Chapo” Guzmán, con sinaloenses a la cabeza.

 

Otra campaña militar posterior con el general Rodolfo Reta Trigos en la dirección emprendió acciones que tuvieron el mismo efecto con el crimen organizado.

 

Viene esto a colación porque ya viene la ley de Seguridad Interior, que permite y regula la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. Este marco jurídico está en proceso de aprobación en el Congreso de la Unión y es muy viable, porque en el trámite de revisión y discusión cuenta con la mayoría parlamentaria del Congreso y  ha contado con el respaldo de  los comandantes de las fuerzas armadas.