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La preliminar

  • Altoparlante / Juan Manuel Partida Valdez

Altoparlante | Juan Manuel Partida Valdez

 

Los embates del gobierno de Enrique Peña Nieto y del PRI en contra del candidato presidencial panista Ricardo Anaya Cortés definirán en buena parte el futuro y el resultado de la presente contienda electoral.

 

De entre Anaya y José Antonio Meade Kuribreña saldrá el contendiente que luchará por desbancar a Andrés Manuel López Obrador como puntero en las preferencias ciudadanas; el resto de los aspirantes nada tiene que hacer, por la simple y sencilla razón de que no les alcanza.

 

Es muy obvio y muy descarado el complot oficial en contra del abanderado de la coalición “Por México al Frente”, registrado oficialmente ayer ante el Instituto Nacional Electoral con el apoyo y presencia de los dirigentes nacionales del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.

 

Repudiable a todas luces, el indebido uso de las instituciones públicas por parte del gobierno priísta para la consecución de beneficios personales y de grupo.

 

Pero independientemente de lo anterior, los señalamientos y presuntas evidencias en contra de Ricardo Anaya le han pegado duro en su imagen.

 

Comenzó pésimamente su defensa, con el alegato de que no conocía a Manuel Barreiro Castañeda, con quien se le vinculó en el delito de lavado de dinero; en un comunicado difundido por el PAN, Ricardo Anaya había afirmado el 20 de febrero pasado que “jamás he tenido trato alguno” con quienes supuestamente se confabuló para delinquir, pero poco después se difundió un video de la boda de Barreiro, en el que aparecen Anaya y su esposa.

 

Feamente exhibido como un mentiroso, tuvo luego que rectificar, y desde entonces, el panista se la ha pasado fustigando al presidente Peña Nieto, a su gobierno y al PRI por la maniobra, con la cantaleta de que es una acusación perversa con fines políticos y electorales.

 

Respecto de que participó en el lavado de dinero, su alegato de inocencia lo sostiene en que no puede saber de dónde salieron esos 54 millones de pesos que se señalan como parte del delito. Se trata de una situación “complejísima”, dijo más recientemente en la convención nacional bancaria.

 

Muy frágil, pues.

 

La PGR no necesita probar el delito; la exhibida está ahí, y ya le hace daño. Que en este asunto todavía no está cantado el último out, eso es verdad.

 

Por supuesto, no se puede descartar que Anaya Cortés termine beneficiado; así sucede muchas veces, con el pueblo sumándose a quienes aparecen como víctimas del sistema.

 

CUÁL SEGURIDAD, PUES

De nueva cuenta, López Obrador amenaza con la posibilidad de conflictos postelectorales en caso de que se registre un fraude electoral.

 

Entendamos como fraude electoral cualquier resultado que no lo tenga a él como ganador de la contienda presidencial.

 

La misma actitud asumió el 2006 y el 2012; hace seis y doce años nos dijo que, si perdía, se iría al rancho que tiene en Palenque, y que se retiraría de manera definitiva de la política.

 

Firme es mi convicción de que le robaron la primera de esas elecciones, y que nos impusieron a un vicioso como presidente.

 

En ninguna de esas dos derrotas se fue a La Chingada, y me queda claro que, si el resultado oficial de julio no lo favorece, la violencia postelectoral será inevitable.

 

Con las acusaciones y alegatos de siempre, no pocas veces subjetivos.

 

Inentendible, cuando nos dicen que tendrán representantes en prácticamente todas las casillas.

 

La única forma de evitar estos conflictos será con un Andrés Manuel victorioso y declarado formal presidente electo de la nación.

 

Si los números oficiales no le dan la victoria, habrá que hacer fraude para que “gane”.

 

Fíjese qué suave.