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Algunos elementos para una calidad democrática en México

  • Microscopio Social / Héctor Melesio Cuén Ojeda

 

 Microscopio Social | Héctor Melesio Cúen Ojeda

 

 

(Segunda y última parte)

En la anterior colaboraciónse mencionó que mínimamente se requieren11 elementos para contar con una calidad democrática en México; en esta ocasión sólo nos referiremos de manera muy sucinta a dos de ellos: la necesidad de contar con Estado de derecho auténtico yla eliminación de la corrupción e impunidad.

Al revisarla doctrina constitucional y políticasobre el primer elemento, encontramos al menos tres condiciones para que exista un genuino Estado de derecho: vivir bajo el imperio de la ley, gozar de manera plena de los derechos humanos y sus garantías, y contar con un desempeño eficaz y armónico de todas las instituciones públicas del país.

La primera condición implica, entre otras cosas, que tanto gobernantes como gobernados desplieguenla conducta dentro del marco de las disposiciones jurídicas vigentes, ciñéndose a todos y cada uno de sus principios; por ejemplo, el de división de poderes y el de supremacía constitucional.

 

 

La división de poderes fue esbozada por Aristóteles en la antigüedad, pero despuésfue desarrollada en el Siglo de las Luces porCharles Louis de Secondat, mejor conocido como Montesquieu, en su obra Del espíritu de las leyes, en la cual se inspiraron las constituciones modernas del mundo, entre ellas la mexicana.

Esa división de poderes, expuesta por Montesquieu, tuvo como finalidad que hubiese pesos y contrapesos en el ejercicio de las tres funciones tradicionales del poder público: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, con el propósito de evitar la concentración de dichas funciones y garantizar el ejercicio de los derechos y las libertades públicas de todos los individuos.

En cuanto al segundo elemento, ligado estrechamente conel Estado de derecho, es la necesidad deeliminar la corrupción e impunidad que se vive en México. Estos dos factores, la corrupcióny la impunidad, son un cánceren nuestro sistema político y exige una verdadera voluntad del régimen gubernamentalpara extirparlo.

 

La corrupción se considera la génesis de muchos de nuestros problemas sociales, entre ellos la pobreza. Por ejemplo, en 2014 se estimó que 43.9 millones de personas del país vivían en pobreza moderada, esto es, el 36.6% de la población; mientras que 11.4 millones de personas se encontraban en situación de pobreza extrema, lo que representa el 9.5% de los habitantes del país, según los indicadores del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL).

Ambos tipos de pobreza podrían ser erradicados sise eliminara de raíz la corrupción que padece México. Para tener una idea de la gravedad del asunto, se estima que esta le cuesta al país el 10% del Producto Interno Bruto, es decir, alrededor de 1.44 billones de pesos.

Para tratar de resolver esecomplejo fenómeno, el 27 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para sentarlas bases del Sistema Nacional Anticorrupción, el cual fueconcebido como instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes; teórica y jurídicamente útiles para la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción en el ámbito público, así como para la fiscalización y control de los recursos públicos.

 

De esa reforma constitucional, el 18 de julio de 2016derivó y entró en vigor la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la cual tiene por  objeto establecer las bases de coordinación entre la federación, los estados, los municipios y las alcaldías para el funcionamiento del referido sistema.

El artículo 2 transitorio del decreto respectivo de este último ordenamiento jurídico, prevé que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes.

 

Por ello, congruentes con dicha disposición transitoria, y para contribuir desde la normatividad contra ese cáncer, el Grupo Parlamentariodel Partido Sinaloense que coordina el diputado Víctor Antonio Corrales Burgueño en la LXII Legislatura,presentó al H. Congreso del Estado de Sinaloa el 10 de octubre de 2016 una iniciativa de decreto por el que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, con el propósito desentar las bases jurídicaspara el SistemaEstatal Anticorrupción.

Resultado de la referida iniciativa de reforma constitucional y de otras diversas, quedó establecido el Sistema Estatal Anticorrupción según el Decreto No. 96 del 14 de marzo de 2017, el cual se publicó en el Periódico Oficial No. 35 del 17 de marzo del 2017.

 

Para regularlo de manera detallada, el 2 de mayo de 2017, nuestro grupo parlamentario presentó al referido órgano legislativo una iniciativa con proyecto de decreto de Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa, la cual, una vez dictaminada junto con otras iniciativas, fue aprobada por unanimidad el 8 de junio por el pleno del Congreso local, cuyo correspondiente decreto fue remitido al Ejecutivo estatal para los efectos legales correspondientes.

Con estas y otras acciones es como el Partido Sinaloense contribuye en los hechos a enfrentar los diversos problemas que existen en Sinaloa. Todo nuestro accionar se dirige a mejorar las instituciones en beneficio de la ciudadanía.

 

Gracias y que pasen un excelente fin de semana.