Desde un contrato sin firmas, documentos apócrifos, hasta adquisiciones sin licitación son las observaciones que hace la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado de Sinaloa, al reprobar las cuentas públicas del ejercicio 2017, de acuerdo al informe que presentó la Auditoría Superior del Estado de las Secretarías de Obras, Administración y Finanzas, Turismo, Seguridad Pública y del Centro Penitenciario.
¿Se ha preguntado en qué o cómo se gasta el Estado las contribuciones que por conceptos de impuestos, derechos o servicios Usted pagan anualmente?
En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que es facultad de la Cámara de Diputados aprobar la Ley de Ingresos y el Presupuestos de Egresos de la Federación, donde se prevén los conceptos financieros aplicables al ejercicio fiscal correspondiente, así como el ejercicio control y evaluación del gasto público federal.
Asimismo, la Constitución determina que será a través de la Auditoría Superior de la Federación que se revise el informe de la cuenta pública que presenta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por ser el órgano técnico especializado, dotado de autonomía encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales en los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Lo mismo ocurre en las Entidades Federativas a través de las Auditorías Superiores de los Estados, como lo es en el estado de Sinaloa, donde en el artículo 43 la Constitución estatal señala que la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa (ASE Sinaloa), deberá rendir un informe ante el Congreso del Estado en el mes de abril, del ejercicio fiscal inmediato anterior. El Congreso del Estado concluirá su revisión el 31 de octubre del año siguiente al de su presentación para analizar su contenido y conclusiones técnicas.
Conforme a la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, este órgano verificará y analizará el manejo, ejercicio, administración o custodia de los recursos públicos de la cuenta pública del Estado y Ayuntamientos a través de la realización de programas de auditorías financieras y de desempeño, para verificar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas públicos.
La misma legislación en su artículo 30, faculta a la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado de Sinaloa, para recibir de la ASE Sinaloa el 20 de febrero del año siguiente de la presentación de la cuenta pública, el informe general, así como informes individuales de la revisión y fiscalización.
Es por ello que en el Congreso del Estado de Sinaloa el pasado 31 de julio, se dió lectura al dictamen que presentó la Comisión de Fiscalización referente a los informes de la ASE Sinaloa, con el objetivo de someter al pleno los informes individuales de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública, correspondientes al ejercicio fiscal 2017, de la Administración Pública del Poder Ejecutivo.
Derivado del análisis que realizó la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado a las Secretarías de Obras, Administración y Finanzas, Turismo, Seguridad Pública, Centro Penitenciario del ejercicio 2017, se identificaron las siguientes particularidades:
• El pago de 413 mil 231 pesos por medicinas y reactivos para laboratorio al proveedor P&P Soluciones para Oficina, S.A. de C.V., soportadas con documentación apócrifa, cuyo domicilio fiscal no fue localizado;
• Adquisición de placas y engomado para vehículos por 7 millones 181 mil 850 pesos, sin licitación;
• Contrato de servicios de consultoría de marketing de un programa de comunicación integral para Mazatlán y destinos de Sinaloa en el mercado de Estados Unidos y Canadá por 46 millones 269 mil 314 pesos, sin firmas;
• Milenio Motors, S.A. de C.V., fue favorecido con 73 millones 735 mil 200 pesos con la adquisición directa de 110 vehículos equipados como patrullas, sin licitación;
• Pagos por 9 millones 925 mil pesos en diversos conceptos carecen de documentación justificativa;
• En la obra Drenaje Pluvial Rosales en Fraccionamientos de la ciudad de Los Mochis, se omitieron considerar autorizaciones de pago por 9 millones 713 mil pesos, en los informes de su avance físico-financiero;
• Contrato por 460 millones de pesos para la construcción del estadio de futbol en Mazatlán se asignó a una empresa que no acreditó la experiencia y la capacidad técnica requerida en la convocatoria;
• Gasto de la Seguridad Pública por 60 mil 833 pesos en butacas deportivas, dentro de un pago de 161 mil 583 pesos de diversos conceptos sin justificar;
• La Subsecretaría de Administración justificó gastos por 221 mil pesos con facturas de adquisición de vinos y licores;
• Adeudo al Instituto de Pensiones al 31 de marzo de 2019 por 2 mil 396 millones de pesos.
(Estas son algunos del total de los señalamientos que se describen en el dictamen cuya liga le comparto a continuación: http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/congreso/dictamenes/ziplxiii/dictamen_294.pdf)
Finalmente dicho dictamen, en el cuarto transitorio determina que la ASE Sinaloa informará al Congreso del Estado de la promoción de acciones procedentes ante el Tribunal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por denuncias penales o procedimientos que instale en contra de los funcionarios que causaron daños o perjuicios a la Hacienda Pública.
De tal manera, que mientras Usted realiza puntualmente sus declaraciones de impuestos ante el fisco federal o estatal, el gobierno del Estado a través de las Secretarías, adquiere productos con proveedores desconocidos, no practica licitaciones para la adquisición de productos, transgrede el Presupuesto de Egresos del Estado gastando el presupuesto de una forma diferente a lo autorizado por el constituyente, contrata servicios a profesionistas sin experiencia y aun así, se preguntan por qué reprueban el trabajo de la ASE Sinaloa.
Conforme lo señala el artículo 113 del Código Fiscal de la Federación, si Usted adquiere comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, se le impondrá sanción de 3 meses a 6 años de prisión, mientras la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado determina sanciones administrativas por daño patrimonial y el Código Penal del Estado determina sanciones de 8 a 15 años de prisión al servidor público que reciba o administre recursos públicos y omita destinarlos al fin.
Ahora hay que esperar hasta el 15 octubre para que el constituyente reciba nuevamente de la ASE Sinaloa informes individuales de la revisión, pero qué pasará con las pérdidas o menoscabo sufrido por la hacienda pública estatal.
Nathalie Elizabeth Henderson Inzunza, es abogada postulante desde hace 12 años. Es consultora en proyectos sociales y catedrática en las materias de derecho fiscal, ambiental, laboral y comercio exterior. Estudió en la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, la licenciatura en derecho y posteriormente especialidad en derecho fiscal y maestría en derecho en el Posgrado de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.
