Lo que se suponía más relevante por ser el tema que más resentía la gente, la inseguridad y la violencia, además de que se creó un equipo con mucha anticipación con el ahora secretario de seguridad del país, Alfonso Durazo a la cabeza, y un programa de 14 consultas regionales previa a la toma de posesión del gobierno amlovista, ahora resulta que la definición de un programa de seguridad pública nacional con participación transitoria del ejército mexicano se ha venido abajo, y retomar la vieja fórmula de Felipe Calderón de la guerra total al narco, sin diagnosticar el carácter estructural del narco y la inseguridad y violencia promovidas por los comerciantes de armas, es el camino.
No le alcanzó el tiempo a Alfonso Durazo y al parecer ni las ideas, porque a quienes alcanzaron a consultar el año pasado hoy se quejan que el proyecto de dictamen que produjo la comisión de seguridad de la cámara de diputados para las reformas a la constitución general del país y la ley de seguridad pública han sido alteradas u omitidas, por lo que han reclamado incluido entre ellos Raúl Plascencia, presidente de la comisión nacional de los derechos humanos.
Y el debate se ha centrado a nivel de los mandos y los roles del ejército, cuestiones vitales sí, pero no esenciales. Es cierto que no es lo mismo un mando militar que un mando civil, porque lo primero entraña dependencia del poder militar de los gobiernos estatales y lo segundo que los gobiernos locales se subordinen al final a los mandos del narcotráfico.
El dilema no es sencillo y la vía de solución no es ni una u otra, porque el problema es geopolítico, global y de acciones y resultados multinacionales, con acuerdos de regiones completas del mundo, además debe enfocarse que se trata de uno de los tres negocios más ricos del mundo después del petróleo y del mercado de las armas.
México no entró en la vorágine de la guerra entre el narcotráfico hasta que los norteamericanos tuvieron cancha libre (DEA) para operar en México y se abrieron las fronteras a las armas de alto poder.
No fue casual que del año dos mil a la fecha el número de armas pasó de 2 millones a 22 millones y que el presupuesto de todos los cuerpos de seguridad del país ascendiera de 40 mil millones a casi 500 mil millones de pesos.
La operación “rápido y furioso” de la DEA fue solo la cobertura para justificar los grandes cargamentos de armas que llegaron a todos los estados del país y a todos los grupos criminales, por lo que los enfrentamientos armados se dieron en todo el país y entre todos los grupos de narcotraficantes. El sexenio de Ernesto Zedillo fue el último que vivimos en paz, cuando este solo alcanzó la cifra de 40 mil asesinatos en su sexenio, cuando ahora cada año ocurren más de 20 mil. Narcotráfico, armamentismo, drogadicción y violencia al por mayor son los signos de la calle y no importa de qué ciudad se hable.
Por ello la discusión que encabezó Alfonso Durazo por encargo de AMLO ha soslayado el tema estratégico en toda la cuestión: la relación con los Estados Unidos. Bien decía Porfirio Díaz, “tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos”, refiriéndose al daño que nos ha provocado a través de los últimos 200 años los afanes de dominación imperial de parte de nuestros vecinos que siempre han pretendido sometimiento, servidumbre y expoliación de México, habiendo convertido ahora al narcotráfico y todas sus secuelas de violencia, inseguridad y drogadicción en herramientas para lastimar la resistencia de los mexicanos.
El reconocimiento de esta realidad es indispensable para poder atenuar este ambiente tan deplorable y por lo visto el gobierno de AMLO aún no lo ve y menos lo va a abordar si no lo contempla la secretaría de seguridad que ojalá rectifiquen pronto, porque de no hacerlo derivará en otro sexenio perdido en la materia. Ojalá y no.
