Hay decisiones que ha tomado el gobierno –o lo que es lo mismo López Obrador- ruinosas para la hacienda pública (es paradigmática la decisión de cancelar el NAIM). Otras decisiones han comportado el desbaratamiento del andamiaje institucional del Estado y una obsesiva compulsión a destruir lo que vaya quedando en el camino. Una de las condiciones para la estabilidad de las democracias, es, aparte de la institucionalización (que es un proceso de formación y reforzamiento de las instituciones dentro del sistema político), la eficacia decisoria, que denota el grado en el que los sistemas políticos toman y ejecutan rápidas y relevantes decisiones en respuesta a los desafíos políticos. No hay eficacia en las respuestas que el gobierno da a los problemas y a las demandas que se exigen en el país. Una cosa es que los gobernantes, al tomar sus decisiones, fallen en el diagnóstico y se equivoquen en el plan de acción del gobierno, materializado en las políticas públicas, algo muy común en cualquier democracia que se precie y, otra cosa es que tales decisiones políticas vayan encaminadas a degradar no solo el arreglo institucional, sino conscientemente a impedir que operen los resortes democráticos. Estas condiciones para la estabilidad democrática del país, junto con un grave subdesarrollo socioeconómico, con una caída en la inversión histórica, sin condiciones para una pujante creación de puestos de trabajo y reactivación económica, con una creciente militarización de la vida pública y con más de 10 millones de mexicanos en la pobreza, agregados a los que ya había al inicio de este sexenio, configuran un escenario en el que el riesgo de una regresión democrática se incrementa con cada día que pasa.
Hay muchos ejemplos de que un mal gobierno pone en riesgo la democracia. Una agencia internacional de calificación de crédito (Moody’s) que analiza las entidades comerciales y gubernamentales y puede evaluar la calidad de la deuda de un país, aseguró que Deer Park y Dos Bocas representan una carga de gastos de capital adicional a las ya de por si ruinosas finanzas de Pemex, ya que generan dudosos retornos de inversión y riesgos de sobrecostos. Aún así, el gobierno pretende inyectarle recursos a Pemex, la empresa petrolera más endeudada del mundo, hasta por 7,288 millones de dólares hacia 2023. La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), que contrató el gobierno mexicano para adquirir medicamentos para el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y 26 estados con los que firmó acuerdos, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como del ISSSTE, Sedena y Marina, no tiene experiencia en la compra de medicamentos y está cobrando 85 millones de dólares de comisión (1,700 mdp) por hacer algo que ya hacía el IMSS. El 15 de junio concluyó la licitación de medicamentos con solamente el 45% de las claves asignadas y el 55% restante se declaró desierta la licitación y sigue el problema grave de desabasto de medicamentos desde hace más de un año. Más del 80% de las licitaciones en el gobierno federal, no han sido transparentes o han sido asignadas discrecionalmente, a dedo o con invitación restringida. En un marco de violencia homicida imparable, de inseguridad en la mayor parte del país y donde el oficio del periodismo es una actividad de alto peligro para la vida, López Obrador ataca y lincha todos los días a la libertad de prensa y opinión, utiliza a las instituciones del Estado como la FGR, la SFP y la UIF para infundir temor a los que cree sus adversarios políticos, pero por otro lado, en los últimos 30 meses el gobierno federal ha gastado 5 mil millones de pesos en publicidad en medios, el 97% en contratos sin licitación. El periódico favorito del gobierno La Jornada, por ejemplo, ha recibido 430 millones de pesos. El gobierno ha debilitado o cooptado a varios de los organismos constitucionales autónomos y continua con su cruzada en contra del INE. Por eso Leo Strauss, historiador de la filosofía política, insistía en la importancia de distinguir, sobre todo en política, entre lo supremo y lo más urgente; y lo más urgente en relación con la democracia liberal -afirmaba- no es su mejoramiento sino su defensa. No debemos, decía Strauss, en nuestra aspiración de perfeccionar el liberalismo, perder nuestra valoración de la prosperidad, humanidad y libertad inapreciables que ya poseemos.
Debemos defender la democracia. Aunque la política es la continuación de la guerra por otros medios, según la frase acuñada por Michel Foucault, modificando una célebre afirmación de Clausewitz, prefiero la otra idea general de política, fundada en la primera ley natural fundamental de Hobbes: se debe buscar la paz. Porque desde el punto de vista de Hobbes, es la condición de paz la que aparece propiamente como “política”, toda vez que la salida del estado de guerra se da a través de la institución del poder super partes, precisamente el poder político. En el estado de cosas visto por Foucault, “política” representa la contraposición, en el visto por Hobbes, “política” es propiamente la composición, o sea, la habilidad creativa de amalgamar distintas ideas y posiciones para construir algo que nos sirva a todos.
La clase política entera se encuentra obligada, por vocación y por profesión, a la conformación de alianzas y de acuerdos que impidan los conflictos extremos e imposibiliten la disgregación, ayudando a establecer un orden colectivo que posibilite el bienestar, que es el fermento para construir las instituciones que fortalezcan un verdadero Estado social y democrático de derecho.
