De la caja de expedientes de corrupción que Sergio Torres Félix mostró y selló con el nombre de Jesús Valdés Palazuelos, que pretende minimizarse para que no cause daño, hay un rastro que le dá rumbo hacia más arriba del poder sinaloense a la probable comisión de un delito, que comprometerá a quien ordenó las compras ilegales y excesivamente cuantiosas, también para los ex alcaldes de Mazatlán y Ahome.
La cadena de coincidencias, que por el momento se difunden en las principales ciudades de la entidad y que involucran al mazatleco Fernando Pucheta y al ahomense Álvaro Ruelas Echave, apuntan que el misil que se lanzó por el precandidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, no va solo por la cabeza del dirigente del PRI estatal.
La trayectoria se dirige hacia lo más alto
Para que rebase la línea de lo mediático y político a lo jurídico, el pre abanderado de MC a la silla de Sinaloa, tendrá que interponer la querella respectiva ante la Fiscalía General del Estado y aportar las pruebas para que se investigue.
De momento, presentó a los medios de comunicación social los documentos que otorgarían soporte a la posible –como lo consideró-, configuración de un ilícito de delincuencia organizada o en su caso, fraude de cientos de millones de pesos en perjuicio de los tres ayuntamientos y de recursos de la Federación.
La suma para estas operaciones de tres ex munícipes, es lo que llevan a percibir que se pensaron, se planearon y se organizaron, precisamente en las plazas políticas y económicas más grandes del territorio.
Es evidente que por la manera en que se desarrollaron las adquisiciones para cada uno, de un software con precio de menos de 500 mil pesos a 18 millones de pesos, uno de los superiores del Gobierno del Estado, autorizó todo ello, tras conocer a detalle la necesidad del dinero y el destino que tendría.
A nadie se engañó
Aunque la versión es todavía una acusación, si se lleva ante la Mesa del Ministerio Público Federal, cambiará las circunstancias políticas y legales de los principales sujetos que aparecen en las declaraciones ante la opinión pública y dibujará las que tratan de esconderse para seguir bajo la protección del anonimato. Hay una serie de elementos que se acumulan al respecto.
Las transacciones se resolvieron con transferencias financieras de las arcas de Palacio de Gobierno producto de recursos federales, que obviamente tuvieron el visto bueno de la autoridad, para aplicarse específicamente para lo que se pidieron.
No es una simple casualidad que adquirieran el mismo equipo, concretamente los tres ex presidentes municipales. Todos ellos, de fuertes vínculos y afectos con el gobernador Quirino Ordaz Coppel, que asumió el cargo tras una elección en 2016 mientras que los movimientos del dinero para eso a las cuentas de los ayuntamientos se registraron en el 2017.
Y que precisamente las facturaron al negocio Incluir-T, propiedad de Rodrigo García Madrazo, yerno del periodista Joaquín Lopez Dóriga. Algo que tampoco es una vana casualidad.
Es verdad que por la época electoral que se vive, el explosivo aventado al terreno priista lleva en su carga pólvora política, pero si truena destapará espacios en los que se ocultan malversaciones que se dejaron pasar con gobernantes que se acostumbraron a auto protegerse en el manto de la impunidad.
De hoy a mañana se sabrá si el caso que estremece el edificio del Revolucionario Institucional, se trasladará ante la Fiscalía General de la República o si se calman las aguas. Sin embargo, Sergio Torres Félix deberá continuar porque parece que está decidido a todo.
