/ martes 4 de mayo de 2021

Un primero de mayo de justicia y esperanza

A propósito de la reciente conmemoración del Día del Trabajo y a casi tres años de iniciado el actual proceso de transformaciones, es un hecho que el mundo laboral mexicano ha cambiado sustancialmente. Diríamos que se trata del primer primero de mayo donde la esperanza de justicia, democracia, libertad y dignidad salarial han tomado carta de naturalidad.

Es oportuno hacer el recuento de las aportaciones legislativas y de política gubernamental que se han realizado, para orgullo y satisfacción de quienes somos parte de esta historia. Pero sobre todo para sus destinatarios: las personas trabajadoras.

No habían pasado los primeros veinte días de la instalación de la actual legislatura del Senado de la República, cuando se dio el primer paso: se ratifica el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para la libre sindicación y negociación colectiva. México tardó casi 70 años para reconocer este derecho convencional a sus trabajadores. Enseguida vino, ya en 2019, la nueva reforma laboral para hacer posible, en la Ley Federal del Trabajo, ese derecho a la democracia sindical, a través de la restitución del voto personal, libre, directo y secreto de los trabajadores; diversas reglas democráticas y de igualdad de género, en la elección de dirigentes. También se crea la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y, por tanto, la desaparición de las burocráticas y corruptas Juntas de Conciliación y Arbitraje. Otras medidas anticorrupción y de transparencia son la prohibición de actos de extorsión de dirigentes sindicales contra empresas y trabajadores, el tráfico con Contratos Colectivos de protección y la evasión fiscal o incumplimiento de obligaciones patronales, entre otras.

También se ratificó el Convenio 189 (casi 20 años después) y la consecuente reforma a la Ley del IMSS para incorporar a la seguridad social a más de dos millones de personas trabajadoras del hogar en nuestro país.

En esta Cuarta Transformación destaca la nueva política salarial que echa por tierra los famosos “topes salariales”. Se reformó la ley para garantizar que los incrementos nunca estén por debajo del índice inflacionario, por ello en la actual gestión lopezobradorista el salario mínimo ha crecido en un 60%, sin generar con ello un impacto inflacionario en la economía. No olvidemos que el poder adquisitivo del salario cayó en más del 70% desde 1976 y hasta el inicio de este gobierno. Dentro de estas medidas progresistas está la reforma que garantiza la igualdad salarial: a igual trabajo corresponde igual salario, para abatir la brecha salarial entre mujeres y hombres. En suma, estamos ante un cambio de paradigma en la relación trabajo-capital: antes el incremento en la productividad se basaba en la depresión salarial y la carencia de derechos laborales; ahora el factor salarial se ha de convertir en el eje del incremento de la productividad y el combate de la desigualdad social. De allí que en la firma del T-MEC va por delante el compromiso del incremento al salario de los trabajadores en los tres países.

Otra relevante modificación es la que disminuye el número de semanas de cotización (1250 a 750; de 25 a 15 años) y aumenta las pensiones de los trabajadores a partir del incremento de las aportaciones patronales, que pasan del 5.15 al 13.87%. Con ello, los trabajadores con derecho a una pensión se incrementan del 56 al 97% y la pensión garantizada incrementa su cobertura de 34 a 82%. A ello, hay que agregar la pensión de adultos mayores que ya es constitucional.

No olvidemos en este ejercicio de rendición de cuentas la reforma de Infonavit para facilitar el acceso a la vivienda. La recuperación de la libertad del derechohabiente al ejercer sus créditos, ya sea para comprar, construir o remodelar sus viviendas, sin intermediarios y sin costo por el trámite. Tampoco olvidemos la reforma que extiende el derecho de las madres trabajadoras a guarderías para sus hijos, para los padres trabajadores.

Recientemente se ha aprobado la regulación de la subcontratación que viola derechos laborales y prestaciones y que se convirtió en una forma contemporánea de explotación laboral abusiva e inhumana. A propósito del advenimiento de la crisis sanitaria, vale recordar la reforma para el derecho al teletrabajo o trabajo en casa y, al mismo tiempo, el derecho a la desconexión laboral digital, para el goce del descanso en días hábiles y vacaciones, conforme a la ley.

Finalmente, estamos por concluir la primera mitad del primer proyecto sexenal de la Cuarta Transformación de la vida pública en México y ya se puede decir, con plena seguridad, que el estado de bienestar y de derecho ya ha sentado las bases de un nuevo régimen en las relaciones laborales. Por el bien de todos, primero las personas trabajadoras. Enhorabuena.

A propósito de la reciente conmemoración del Día del Trabajo y a casi tres años de iniciado el actual proceso de transformaciones, es un hecho que el mundo laboral mexicano ha cambiado sustancialmente. Diríamos que se trata del primer primero de mayo donde la esperanza de justicia, democracia, libertad y dignidad salarial han tomado carta de naturalidad.

Es oportuno hacer el recuento de las aportaciones legislativas y de política gubernamental que se han realizado, para orgullo y satisfacción de quienes somos parte de esta historia. Pero sobre todo para sus destinatarios: las personas trabajadoras.

No habían pasado los primeros veinte días de la instalación de la actual legislatura del Senado de la República, cuando se dio el primer paso: se ratifica el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para la libre sindicación y negociación colectiva. México tardó casi 70 años para reconocer este derecho convencional a sus trabajadores. Enseguida vino, ya en 2019, la nueva reforma laboral para hacer posible, en la Ley Federal del Trabajo, ese derecho a la democracia sindical, a través de la restitución del voto personal, libre, directo y secreto de los trabajadores; diversas reglas democráticas y de igualdad de género, en la elección de dirigentes. También se crea la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y, por tanto, la desaparición de las burocráticas y corruptas Juntas de Conciliación y Arbitraje. Otras medidas anticorrupción y de transparencia son la prohibición de actos de extorsión de dirigentes sindicales contra empresas y trabajadores, el tráfico con Contratos Colectivos de protección y la evasión fiscal o incumplimiento de obligaciones patronales, entre otras.

También se ratificó el Convenio 189 (casi 20 años después) y la consecuente reforma a la Ley del IMSS para incorporar a la seguridad social a más de dos millones de personas trabajadoras del hogar en nuestro país.

En esta Cuarta Transformación destaca la nueva política salarial que echa por tierra los famosos “topes salariales”. Se reformó la ley para garantizar que los incrementos nunca estén por debajo del índice inflacionario, por ello en la actual gestión lopezobradorista el salario mínimo ha crecido en un 60%, sin generar con ello un impacto inflacionario en la economía. No olvidemos que el poder adquisitivo del salario cayó en más del 70% desde 1976 y hasta el inicio de este gobierno. Dentro de estas medidas progresistas está la reforma que garantiza la igualdad salarial: a igual trabajo corresponde igual salario, para abatir la brecha salarial entre mujeres y hombres. En suma, estamos ante un cambio de paradigma en la relación trabajo-capital: antes el incremento en la productividad se basaba en la depresión salarial y la carencia de derechos laborales; ahora el factor salarial se ha de convertir en el eje del incremento de la productividad y el combate de la desigualdad social. De allí que en la firma del T-MEC va por delante el compromiso del incremento al salario de los trabajadores en los tres países.

Otra relevante modificación es la que disminuye el número de semanas de cotización (1250 a 750; de 25 a 15 años) y aumenta las pensiones de los trabajadores a partir del incremento de las aportaciones patronales, que pasan del 5.15 al 13.87%. Con ello, los trabajadores con derecho a una pensión se incrementan del 56 al 97% y la pensión garantizada incrementa su cobertura de 34 a 82%. A ello, hay que agregar la pensión de adultos mayores que ya es constitucional.

No olvidemos en este ejercicio de rendición de cuentas la reforma de Infonavit para facilitar el acceso a la vivienda. La recuperación de la libertad del derechohabiente al ejercer sus créditos, ya sea para comprar, construir o remodelar sus viviendas, sin intermediarios y sin costo por el trámite. Tampoco olvidemos la reforma que extiende el derecho de las madres trabajadoras a guarderías para sus hijos, para los padres trabajadores.

Recientemente se ha aprobado la regulación de la subcontratación que viola derechos laborales y prestaciones y que se convirtió en una forma contemporánea de explotación laboral abusiva e inhumana. A propósito del advenimiento de la crisis sanitaria, vale recordar la reforma para el derecho al teletrabajo o trabajo en casa y, al mismo tiempo, el derecho a la desconexión laboral digital, para el goce del descanso en días hábiles y vacaciones, conforme a la ley.

Finalmente, estamos por concluir la primera mitad del primer proyecto sexenal de la Cuarta Transformación de la vida pública en México y ya se puede decir, con plena seguridad, que el estado de bienestar y de derecho ya ha sentado las bases de un nuevo régimen en las relaciones laborales. Por el bien de todos, primero las personas trabajadoras. Enhorabuena.