/ miércoles 20 de mayo de 2020

Sin freno la violencia de género en Sinaloa

Ante la emergencia sanitaria la violencia hacia las mujeres no se detiene, quema hasta calcinar sus cuerpos. ¿Y la autoridad?

El pasado 19 de abril, las autoridades daban a conocer que el cadáver que habían encontrado en el poblado de Mojolo 9 días antes, se trataba de Delia Michelle de 30 años, originaria de Sonora, quien se desempeñaba como maestra de inglés y trabajaba como coordinadora de eventos.

Otro hecho de similar barbarie se registró el pasado 13 de mayo en el municipio de Guasave Sinaloa, donde fuentes policiales confirmaron que los restos que se encontraban al interior de una vivienda en el ejido Figueroa de ese municipio, correspondían a los de la señora Mayra Alicia “N” de 58 años, luego de los estudios de ADN que practicó la Fiscalía General del Estado.

A nivel nacional se ha informado que el primer trimestre del año (enero - marzo) fue el más violento desde que se inició a tipificar el delito de feminicidio en 2015 por las autoridades, ya que 964 mujeres fueron asesinadas en el país, 720 casos clasificados como homicidios dolosos y 244 como feminicidio según informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De 2,463 municipios en todo el país, Culiacán ocupa el cuarto lugar a nivel nacional con mayor número de feminicidios en el primer trimestre de este año, después de Tijuana, Monterrey y Puebla. La capital del Estado, al igual que Ahome, Guasave, Mazatlán y Navolato desde hace tres años tiene una declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. Cabe destacar que Ahome tiene el lugar número 35 en esta lista nacional.

La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) la regula la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; nos queda clarísimo, a las que al parecer todavía NO son aquellas funcionarias y funcionarios estatales que han declarado en múltiples ocasiones que este mecanismo NO funciona o que no es “la panacea” para solucionar los feminicidios en Sinaloa.

Mientras tanto este año la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, órgano rector de este mecanismo de AVGM adscrito a la Secretaría de Gobernación federal, ha destinado para el ejercicio de este año $348,196,725.84 millones de pesos para atender los programas registrados en 16 entidades federativas para AVGM (Oaxaca, Chiapas, Morelos, Estado de México, Veracruz, Zacatecas, Nuevo León, Colima, Nayarit, Durango, Jalisco, Guerrero y Puebla) con el objetivo de implementar estrategias de prevención, estrategias educativas, estrategias para el fortalecimiento de cuerpos policiacos especializados, establecer metodologías para la selección y revisión de expedientes de investigaciones ministeriales, integración de equipos profesionales que acompañen, representen y atiendan a las mujeres y difusión de materiales impresos o digitales que brindan información a las mujeres.

Este subsidio federal para atender a las entidades federativas con declaratoria de Alerta de Violencia contra las Mujeres, solamente requiere de dos requisitos principales para acceder: ser un estado o municipio con declaratoria de alerta y tener un programa enfocado a algunas de las estrategias antes mencionadas que contribuyan a atender las medidas de prevención, seguridad y justicia dictadas en el propio mecanismo de alerta.


¿Qué pasó con Sinaloa?

Mientras 16 estados de la república presentaban sus estrategias estatales para afrontar las medidas de prevención, seguridad y justicia en los municipios declarados en alerta de violencia feminicida; en Sinaloa se discutía la posición de Reyna Araceli Tirado Galvez, ¿Si continuaba dirigiendo el ISMujeres o no?

El resultado ya lo conocemos, aunque lo más inaudito actualmente es que continúa como “encargada” del despacho de la Institución; función administrativa que ni la Ley del Instituto Sinaloense de las Mujeres, ni su Reglamento contempla en ausencia de la titular de dicho organismo estatal. Lo que SÍ prevé el artículo 59 es: “La Directora General será suplida en sus ausencias temporales por las titulares de los Departamentos Jurídico de Género, de Vinculación, de Investigación y Capacitación, de Planeación, de Divulgación y Comunicación, en ese orden, y a falta de estos por el de Administración”.

Debemos de recordar que este cargo es propuesto por el titular del poder ejecutivo y ratificado por el poder legislativo, quién rechazó la propuesta de Quirino Ordaz y por consecuencia decidió aumentar la estructura orgánica de la institución creando un nuevo puesto “Encargada del despacho”.

ONU Mujeres en un comunicado sobre “COVID-19 y su impacto en la violencia contra las mujeres y niñas” exhorta a los Estados a integrar medidas de mitigación de la violencia de género en los planes nacionales de respuesta al COVID-19 así como recursos para hacerlo, entre las medidas que propone son: garantizar el acceso a los servicios y a la justicia para las mujeres; garantizar la protección de las personas en los servicios de emergencia y en los refugios frente al riesgo de transmisión de COVID-19; asegurar que el funcionariado de seguridad pública y poder judicial, tenga información sobre el aumento de la violencia contra las mujeres y niñas durante la crisis de COVID-19, entre otras.

En Sinaloa lo que ha dispuesto el gobernador del Estado es que las dependencias que atienden la violencia familiar y de género sean servicios esenciales que se brinden a la población y para ello recientemente desinfectaron el Centro de Justicia para las Mujeres, órgano que brinda servicios psicológicos, jurídicos y médicos a las mujeres que sufran violencia de género ¿pero qué más?

En estos momentos por la elevada estadística de violencia de género a nivel nacional, es urgente que uno de los órganos estatales como el ISMujeres que su única razón de ser es la defensa de los derechos de las mujeres esté funcionando; pero en estos momentos se encuentra SIN DIRECCIÓN, NI PROPUESTAS extraordinarias que contribuyan a garantizar estos derechos, más aún ante esta emergencia sanitaria.

Lo que se hace evidente en esta emergencia sanitaria es que a tres años que se declaró la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en 5 municipios del Estado, las autoridades no tienen clara la ruta para atender estas medidas de seguridad, prevención y justicia. Un reflejo de ello es que NI si quiera presentan un proyecto estatal con estrategias que contribuyan a la prevención, a la educación, al fortalecimiento de la investigación de los feminicidios o bien que difundan a las mujeres información valiosa para prevenir este tipo de violencia que permitan acceder a los apoyos federales para erradicar la violencia de género en el estado.

Aunado a ello, lo que ocupa a este gobierno estatal en el tema de las mujeres ante la pandemia como actividad esencial para continuar brindando servicios psicológicos y jurídicos es crear posiciones administrativas que prevalezcan ante una emergencia sanitaria

Al principio de la administración de Quirino Ordaz afirmó que con la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, su gobierno dejaría como “legado en la defensa de las mujeres y se pronunció como un abanderado, aliado y fiel defensor de la mujer para evitar y castigar la violencia contra este sector de la población”, continuamos esperando...

Como también esperamos las innovadoras directrices que proponga la futura titular del ISMujeres...

Ante la emergencia sanitaria la violencia hacia las mujeres no se detiene, quema hasta calcinar sus cuerpos. ¿Y la autoridad?

El pasado 19 de abril, las autoridades daban a conocer que el cadáver que habían encontrado en el poblado de Mojolo 9 días antes, se trataba de Delia Michelle de 30 años, originaria de Sonora, quien se desempeñaba como maestra de inglés y trabajaba como coordinadora de eventos.

Otro hecho de similar barbarie se registró el pasado 13 de mayo en el municipio de Guasave Sinaloa, donde fuentes policiales confirmaron que los restos que se encontraban al interior de una vivienda en el ejido Figueroa de ese municipio, correspondían a los de la señora Mayra Alicia “N” de 58 años, luego de los estudios de ADN que practicó la Fiscalía General del Estado.

A nivel nacional se ha informado que el primer trimestre del año (enero - marzo) fue el más violento desde que se inició a tipificar el delito de feminicidio en 2015 por las autoridades, ya que 964 mujeres fueron asesinadas en el país, 720 casos clasificados como homicidios dolosos y 244 como feminicidio según informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De 2,463 municipios en todo el país, Culiacán ocupa el cuarto lugar a nivel nacional con mayor número de feminicidios en el primer trimestre de este año, después de Tijuana, Monterrey y Puebla. La capital del Estado, al igual que Ahome, Guasave, Mazatlán y Navolato desde hace tres años tiene una declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. Cabe destacar que Ahome tiene el lugar número 35 en esta lista nacional.

La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) la regula la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; nos queda clarísimo, a las que al parecer todavía NO son aquellas funcionarias y funcionarios estatales que han declarado en múltiples ocasiones que este mecanismo NO funciona o que no es “la panacea” para solucionar los feminicidios en Sinaloa.

Mientras tanto este año la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, órgano rector de este mecanismo de AVGM adscrito a la Secretaría de Gobernación federal, ha destinado para el ejercicio de este año $348,196,725.84 millones de pesos para atender los programas registrados en 16 entidades federativas para AVGM (Oaxaca, Chiapas, Morelos, Estado de México, Veracruz, Zacatecas, Nuevo León, Colima, Nayarit, Durango, Jalisco, Guerrero y Puebla) con el objetivo de implementar estrategias de prevención, estrategias educativas, estrategias para el fortalecimiento de cuerpos policiacos especializados, establecer metodologías para la selección y revisión de expedientes de investigaciones ministeriales, integración de equipos profesionales que acompañen, representen y atiendan a las mujeres y difusión de materiales impresos o digitales que brindan información a las mujeres.

Este subsidio federal para atender a las entidades federativas con declaratoria de Alerta de Violencia contra las Mujeres, solamente requiere de dos requisitos principales para acceder: ser un estado o municipio con declaratoria de alerta y tener un programa enfocado a algunas de las estrategias antes mencionadas que contribuyan a atender las medidas de prevención, seguridad y justicia dictadas en el propio mecanismo de alerta.


¿Qué pasó con Sinaloa?

Mientras 16 estados de la república presentaban sus estrategias estatales para afrontar las medidas de prevención, seguridad y justicia en los municipios declarados en alerta de violencia feminicida; en Sinaloa se discutía la posición de Reyna Araceli Tirado Galvez, ¿Si continuaba dirigiendo el ISMujeres o no?

El resultado ya lo conocemos, aunque lo más inaudito actualmente es que continúa como “encargada” del despacho de la Institución; función administrativa que ni la Ley del Instituto Sinaloense de las Mujeres, ni su Reglamento contempla en ausencia de la titular de dicho organismo estatal. Lo que SÍ prevé el artículo 59 es: “La Directora General será suplida en sus ausencias temporales por las titulares de los Departamentos Jurídico de Género, de Vinculación, de Investigación y Capacitación, de Planeación, de Divulgación y Comunicación, en ese orden, y a falta de estos por el de Administración”.

Debemos de recordar que este cargo es propuesto por el titular del poder ejecutivo y ratificado por el poder legislativo, quién rechazó la propuesta de Quirino Ordaz y por consecuencia decidió aumentar la estructura orgánica de la institución creando un nuevo puesto “Encargada del despacho”.

ONU Mujeres en un comunicado sobre “COVID-19 y su impacto en la violencia contra las mujeres y niñas” exhorta a los Estados a integrar medidas de mitigación de la violencia de género en los planes nacionales de respuesta al COVID-19 así como recursos para hacerlo, entre las medidas que propone son: garantizar el acceso a los servicios y a la justicia para las mujeres; garantizar la protección de las personas en los servicios de emergencia y en los refugios frente al riesgo de transmisión de COVID-19; asegurar que el funcionariado de seguridad pública y poder judicial, tenga información sobre el aumento de la violencia contra las mujeres y niñas durante la crisis de COVID-19, entre otras.

En Sinaloa lo que ha dispuesto el gobernador del Estado es que las dependencias que atienden la violencia familiar y de género sean servicios esenciales que se brinden a la población y para ello recientemente desinfectaron el Centro de Justicia para las Mujeres, órgano que brinda servicios psicológicos, jurídicos y médicos a las mujeres que sufran violencia de género ¿pero qué más?

En estos momentos por la elevada estadística de violencia de género a nivel nacional, es urgente que uno de los órganos estatales como el ISMujeres que su única razón de ser es la defensa de los derechos de las mujeres esté funcionando; pero en estos momentos se encuentra SIN DIRECCIÓN, NI PROPUESTAS extraordinarias que contribuyan a garantizar estos derechos, más aún ante esta emergencia sanitaria.

Lo que se hace evidente en esta emergencia sanitaria es que a tres años que se declaró la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en 5 municipios del Estado, las autoridades no tienen clara la ruta para atender estas medidas de seguridad, prevención y justicia. Un reflejo de ello es que NI si quiera presentan un proyecto estatal con estrategias que contribuyan a la prevención, a la educación, al fortalecimiento de la investigación de los feminicidios o bien que difundan a las mujeres información valiosa para prevenir este tipo de violencia que permitan acceder a los apoyos federales para erradicar la violencia de género en el estado.

Aunado a ello, lo que ocupa a este gobierno estatal en el tema de las mujeres ante la pandemia como actividad esencial para continuar brindando servicios psicológicos y jurídicos es crear posiciones administrativas que prevalezcan ante una emergencia sanitaria

Al principio de la administración de Quirino Ordaz afirmó que con la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, su gobierno dejaría como “legado en la defensa de las mujeres y se pronunció como un abanderado, aliado y fiel defensor de la mujer para evitar y castigar la violencia contra este sector de la población”, continuamos esperando...

Como también esperamos las innovadoras directrices que proponga la futura titular del ISMujeres...