/ martes 19 de mayo de 2020

Se restablece la legalidad en Baja California

Acorde con los tiempos de la pandemia, en los libros de medicina se afirma que cuando una persona manifiesta síntomas es porque algo le está sucediendo o le va a suceder, y de esa manera los médicos pueden diagnosticarlo; pues bien, cuando los analistas políticos observan en algún gobierno sus acciones, pueden determinar si es o va a ser un régimen democrático o uno dictatorial.

Esto me da pie a comentar sobre la reforma aprobada por el Congreso de Baja California para ampliar de dos a cinco años el mandato del gobernador Jaime Bonilla. Para ello, los legisladores cambiaron el artículo 8 transitorio del Decreto 112 aprobado en 2014, donde se establece que “Para efectos de la concurrencia de la elección de gobernador del Estado con el proceso electoral federal 2021, el gobernador electo en el proceso electoral de 2019 iniciará funciones el 1 de noviembre de 2019 y concluirá el 31 de octubre de 2021”.

Como se recuerda, las elecciones para elegir gobernador en Baja California se realizaron el 2 de junio, pero el 8 de julio de 2019 los 25 diputados de las fracciones del PAN (12), PRI (5), Morena (3), PRD (1), PT (1), Transformemos Baja California (1), Partido de Baja California (1), independiente (1), reformaron la Constitución local y trataron de dejar sin efecto el Decreto 112, para que Jaime Bonilla fuera gobernador por cinco años y no por dos por los que fue electo.

Mi postura siempre ha sido en contra de estos actos. En artículos anteriores afirmé que la Ley Bonilla trasgredía el artículo 105 de la Carta Magna, que en uno de sus párrafos señala: “Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales”. Pero, además, pretendía dejar sin efecto una norma que se aprobó en 2014, es decir, la Ley Bonilla tenía efectos retroactivos, lo que prohíbe el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 7 de la Constitución de Baja California.

Durante casi un año estuvimos a la expectativa para saber si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobaría, en este “laboratorio nacional”, el ataque a la democracia y si este abuso de poder se convertiría en una reelección anticipada. Para beneplácito de la democracia, de la división de poderes y del respeto a nuestra Carta Magna, el 11 de mayo la SCJN, por unanimidad, eliminó la llamada Ley Bonilla y evitó así un “fraude postelectoral” cometido por el Congreso de Baja California y promovido por el gobernador Jaime Bonilla.

Los argumentos que presentó el ministro ponente Fernando Franco en su proyecto para no aprobar la Ley Bonilla fue que “ampliar de dos a cinco años el mandato del gobernador Jaime Bonilla atenta contra la prohibición de modificar las normas electorales y el principio de no aplicación retroactiva de las leyes” y propone anular los cambios a un artículo transitorio de la Constitución del Estado de Baja California por lo que el gobernador Bonilla estaría en el poder hasta octubre de 2024 y no hasta octubre del 2021 para el que fue electo.

Pero los 11 ministros de la Corte afirmaron que “Alterar las condiciones bajo las cuales se llevó a cabo una elección constituye un fraude postelectoral”, “El decreto impugnado atropella el derecho al voto libre de la ciudadanía y a su representación”, “La reforma sí es violatoria del derecho de votar y violentó el mandato popular de los votantes”, “Prorrogar (la) duración de un mandato desde el poder político (sería) una reelección disfrazada”, “La ley impugnada (indigna) porque entraña un afán de justificar una violación constitucional”, “Los cambios incorporados atacan el corazón del sistema democrático”, “La modificación viola el principio de veda electoral y la no retroactividad de las normas”, “Cuando los representantes traicionan a sus representados (se da) un atentado contra la democracia”. Estas fueron algunas expresiones de los magistrados.

En el país, muchas fueron las voces que se pronunciaron por dar marcha atrás a esta aberración constitucional impulsada por Bonilla. Las críticas fueron desde que este era un “laboratorio nacional” para medir las reacciones de las instituciones políticas como los partidos políticos, agentes mediáticos como la prensa nacional y evaluar la reacción de las “benditas” redes sociales. También que sería una medida para saber si el presidente alargaría su periodo a nueve años.

En mi experiencia como políticos y empresario, he aprendido que las dictaduras solo son posibles con la complicidad de los poderes establecidos: el Legislativo y el Judicial. Así ha ocurrido en otros países de Latinoamérica.

En diferentes foros he insistido sobre la importancia de establecer claros contrapesos para evitar repetir la historia de los países autoritarios, y también he exhortado que debemos de trabajar unidos para poder construir un mejor futuro, que nadie sea excluido de la “nueva normalidad” que vamos a vivir después de la pandemia y que los “datos” que tengan empresarios, gobierno, sociedad y medios de comunicación sean los mismos. Solo así podremos construir un país fuerte, unido, sin ganadores o perdedores.

Después de la pandemia, tenemos que saber reconocer los síntomas, tenemos que construir consensos para no caer en ilegalidades. Las decisiones del gobierno no deben ser arbitrarias, y debemos evitar que se nos impongan decisiones que golpean a los sectores que generan crecimiento para conservar la autonomía de las instituciones y realmente tener contrapesos. México nos necesita a todos.

Culiacán Sinaloa, a 19 de mayo del 2020.

Gracias y quédense en casa

Acorde con los tiempos de la pandemia, en los libros de medicina se afirma que cuando una persona manifiesta síntomas es porque algo le está sucediendo o le va a suceder, y de esa manera los médicos pueden diagnosticarlo; pues bien, cuando los analistas políticos observan en algún gobierno sus acciones, pueden determinar si es o va a ser un régimen democrático o uno dictatorial.

Esto me da pie a comentar sobre la reforma aprobada por el Congreso de Baja California para ampliar de dos a cinco años el mandato del gobernador Jaime Bonilla. Para ello, los legisladores cambiaron el artículo 8 transitorio del Decreto 112 aprobado en 2014, donde se establece que “Para efectos de la concurrencia de la elección de gobernador del Estado con el proceso electoral federal 2021, el gobernador electo en el proceso electoral de 2019 iniciará funciones el 1 de noviembre de 2019 y concluirá el 31 de octubre de 2021”.

Como se recuerda, las elecciones para elegir gobernador en Baja California se realizaron el 2 de junio, pero el 8 de julio de 2019 los 25 diputados de las fracciones del PAN (12), PRI (5), Morena (3), PRD (1), PT (1), Transformemos Baja California (1), Partido de Baja California (1), independiente (1), reformaron la Constitución local y trataron de dejar sin efecto el Decreto 112, para que Jaime Bonilla fuera gobernador por cinco años y no por dos por los que fue electo.

Mi postura siempre ha sido en contra de estos actos. En artículos anteriores afirmé que la Ley Bonilla trasgredía el artículo 105 de la Carta Magna, que en uno de sus párrafos señala: “Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales”. Pero, además, pretendía dejar sin efecto una norma que se aprobó en 2014, es decir, la Ley Bonilla tenía efectos retroactivos, lo que prohíbe el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 7 de la Constitución de Baja California.

Durante casi un año estuvimos a la expectativa para saber si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobaría, en este “laboratorio nacional”, el ataque a la democracia y si este abuso de poder se convertiría en una reelección anticipada. Para beneplácito de la democracia, de la división de poderes y del respeto a nuestra Carta Magna, el 11 de mayo la SCJN, por unanimidad, eliminó la llamada Ley Bonilla y evitó así un “fraude postelectoral” cometido por el Congreso de Baja California y promovido por el gobernador Jaime Bonilla.

Los argumentos que presentó el ministro ponente Fernando Franco en su proyecto para no aprobar la Ley Bonilla fue que “ampliar de dos a cinco años el mandato del gobernador Jaime Bonilla atenta contra la prohibición de modificar las normas electorales y el principio de no aplicación retroactiva de las leyes” y propone anular los cambios a un artículo transitorio de la Constitución del Estado de Baja California por lo que el gobernador Bonilla estaría en el poder hasta octubre de 2024 y no hasta octubre del 2021 para el que fue electo.

Pero los 11 ministros de la Corte afirmaron que “Alterar las condiciones bajo las cuales se llevó a cabo una elección constituye un fraude postelectoral”, “El decreto impugnado atropella el derecho al voto libre de la ciudadanía y a su representación”, “La reforma sí es violatoria del derecho de votar y violentó el mandato popular de los votantes”, “Prorrogar (la) duración de un mandato desde el poder político (sería) una reelección disfrazada”, “La ley impugnada (indigna) porque entraña un afán de justificar una violación constitucional”, “Los cambios incorporados atacan el corazón del sistema democrático”, “La modificación viola el principio de veda electoral y la no retroactividad de las normas”, “Cuando los representantes traicionan a sus representados (se da) un atentado contra la democracia”. Estas fueron algunas expresiones de los magistrados.

En el país, muchas fueron las voces que se pronunciaron por dar marcha atrás a esta aberración constitucional impulsada por Bonilla. Las críticas fueron desde que este era un “laboratorio nacional” para medir las reacciones de las instituciones políticas como los partidos políticos, agentes mediáticos como la prensa nacional y evaluar la reacción de las “benditas” redes sociales. También que sería una medida para saber si el presidente alargaría su periodo a nueve años.

En mi experiencia como políticos y empresario, he aprendido que las dictaduras solo son posibles con la complicidad de los poderes establecidos: el Legislativo y el Judicial. Así ha ocurrido en otros países de Latinoamérica.

En diferentes foros he insistido sobre la importancia de establecer claros contrapesos para evitar repetir la historia de los países autoritarios, y también he exhortado que debemos de trabajar unidos para poder construir un mejor futuro, que nadie sea excluido de la “nueva normalidad” que vamos a vivir después de la pandemia y que los “datos” que tengan empresarios, gobierno, sociedad y medios de comunicación sean los mismos. Solo así podremos construir un país fuerte, unido, sin ganadores o perdedores.

Después de la pandemia, tenemos que saber reconocer los síntomas, tenemos que construir consensos para no caer en ilegalidades. Las decisiones del gobierno no deben ser arbitrarias, y debemos evitar que se nos impongan decisiones que golpean a los sectores que generan crecimiento para conservar la autonomía de las instituciones y realmente tener contrapesos. México nos necesita a todos.

Culiacán Sinaloa, a 19 de mayo del 2020.

Gracias y quédense en casa