/ lunes 21 de enero de 2019

Se busca un sucesor para el 2021


Al gobernador Quirino Ordaz Coppel le urge un aspirante a su sucesión que le allane la retirada. En solo dos años, su gobierno se descompuso a una velocidad inusitada. Y frente a los nuevos tiempos, deberá prepararse para enfrentar las revisiones que el grupo en el poder activa contra la corrupción y en pos de la sana administración de las finanzas.

Pareciera que está muy lejos la culminación de su mandato, pero en la carrera por la gubernatura, los pretensos avanzan, miran hacia su silla e intentan acortar distancia.

En un clima de competencia como ésta, hay que recordar que el mazatleco desde que se erigió como abanderado del PRI, hizo a un lado a valiosos actores políticos y causó heridas que todavía duelen a la militancia. Desde ahí comenzó a hilar la historia que lo mantiene en el ejercicio hasta este día.

La descomposición gubernamental, empezó a salir a flote luego de los efectos que ocasionó la tormenta 19-E que azotó el estado en septiembre 20. El aviso y las nulas medidas preventivas de parte de las autoridades hacia los ciudadanos, trajeron destrucción y muerte.

A la cadena de negligencias, a través de la Secretaría de Desarrollo Social que dirigía Raúl Carrillo, se distribuyeron colchones podridos y malolientes que pusieron en riesgo la salud de las familias damnificadas.

Y en ese ominoso escenario, un cártel de la delincuencia organizada sustituyó al Gobierno del Estado, cuando les repuso a los afectados esos mismos enseres para dormir y despensas alimenticias. Las rubricaron con sus siglas a tal grado que los beneficiarios se los agradecieron mientras que a la parte oficial la condenaron.

Luego la diputada local Flora Miranda, denunció que el mandatario del estado asignó vía “moches” obras multimillonarias a sus allegados, abriéndose un orificio más a la salida de las irregularidades. Dio nombres y lugares.

Posteriormente en una reunión con la senadora morenista, Imelda Castro, los constructores organizados de Culiacán, acusaron que este gobierno, los obliga a entregarles un porcentaje para acceder a éstas. Incluso, que hacen “operaciones chuecas” para sacar el dinero.

Desde los primeros días de septiembre pasado, integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción y de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, señalaron que estaban hartos de esas prácticas y además que les alargarán los pagos por trabajos ejecutados. Y que encima, los forzaron a canalizar una cuota para el DIF estatal.

Por esto al Ejecutivo le apremia un prospecto que lo proteja, para no pasar de persecutor a perseguido.









Al gobernador Quirino Ordaz Coppel le urge un aspirante a su sucesión que le allane la retirada. En solo dos años, su gobierno se descompuso a una velocidad inusitada. Y frente a los nuevos tiempos, deberá prepararse para enfrentar las revisiones que el grupo en el poder activa contra la corrupción y en pos de la sana administración de las finanzas.

Pareciera que está muy lejos la culminación de su mandato, pero en la carrera por la gubernatura, los pretensos avanzan, miran hacia su silla e intentan acortar distancia.

En un clima de competencia como ésta, hay que recordar que el mazatleco desde que se erigió como abanderado del PRI, hizo a un lado a valiosos actores políticos y causó heridas que todavía duelen a la militancia. Desde ahí comenzó a hilar la historia que lo mantiene en el ejercicio hasta este día.

La descomposición gubernamental, empezó a salir a flote luego de los efectos que ocasionó la tormenta 19-E que azotó el estado en septiembre 20. El aviso y las nulas medidas preventivas de parte de las autoridades hacia los ciudadanos, trajeron destrucción y muerte.

A la cadena de negligencias, a través de la Secretaría de Desarrollo Social que dirigía Raúl Carrillo, se distribuyeron colchones podridos y malolientes que pusieron en riesgo la salud de las familias damnificadas.

Y en ese ominoso escenario, un cártel de la delincuencia organizada sustituyó al Gobierno del Estado, cuando les repuso a los afectados esos mismos enseres para dormir y despensas alimenticias. Las rubricaron con sus siglas a tal grado que los beneficiarios se los agradecieron mientras que a la parte oficial la condenaron.

Luego la diputada local Flora Miranda, denunció que el mandatario del estado asignó vía “moches” obras multimillonarias a sus allegados, abriéndose un orificio más a la salida de las irregularidades. Dio nombres y lugares.

Posteriormente en una reunión con la senadora morenista, Imelda Castro, los constructores organizados de Culiacán, acusaron que este gobierno, los obliga a entregarles un porcentaje para acceder a éstas. Incluso, que hacen “operaciones chuecas” para sacar el dinero.

Desde los primeros días de septiembre pasado, integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción y de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, señalaron que estaban hartos de esas prácticas y además que les alargarán los pagos por trabajos ejecutados. Y que encima, los forzaron a canalizar una cuota para el DIF estatal.

Por esto al Ejecutivo le apremia un prospecto que lo proteja, para no pasar de persecutor a perseguido.








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