Son de un enorme peso los argumentos que el líder del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda esgrime para proclamar públicamente en contra que el Congreso del Estado no puede ni debe postergar la convocatoria para abrir el proceso electoral del 2021 que modelará la renovación de gobernador, alcaldes y diputados. No hay una razón legal para cometer por capricho una aberración al conjunto de normas electorales.
De cualquier manera, los consejos locales del área podrían sesionar en las condiciones que lo harán el resto de las instituciones gubernamentales, que iniciarán su primera etapa de regreso a la normalidad del primero al quince del mes entrante.
Ante los acuerdos de los jefes de las bancadas que conforman la Junta de Coordinación Política, violatorios a toda vista, porque resolvieron convocar hasta el 15 de diciembre lo que se debe hacer el mismo día pero de septiembre, no hay justificación alguna.
Hay algo que despierta sospechas y que envuelve con su manto de sombras a los legisladores priistas y a los de Morena.
¿Qué raro que después de sus sistemáticas discrepancias, tuvieron una coincidencia?
Probablemente por confort o para adaptarse a las adversas circunstancias políticas y sociales en que se sumen tanto los morenistas como los del PRI, determinaron buscar recursos dilatorios.
Los del morenismo, para tejer las redes estructurales y humanas que durante dos años no lograron completar y los del tricolor para luchar contra la fuerza de las arenas del pantano de la indiferencia social, que terminará por hundirlos.
No les alcanza el tiempo y seguramente nada los salvará. Sobre todo, cuando una fuerza social por México y una sinaloense, se aprestan para arrollarlos y sustituirlos como opción política.
En tal caso, Héctor Melesio Cuén Ojeda fue muy certero al exponer sus razones. Les dio a entender, el apuro sorpresivo que les agarró a los legisladores de ambas fracciones por cambiar las fechas, solo para aprobar o armonizar iniciativas de ley que guardaron en los archivos de la banalidad. Y que pueden, procesar posteriormente, como la de inclusión de los indígenas en los espacios de gobierno y de representación popular.
Fundamenta el presidente del PAS, que el artículo 67 de la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales señala que los consejos locales, comenzarán a sesionar a más tardar el 30 de septiembre del año anterior al que se realicen los comicios.
Y que este ordenamiento, que está por encima de la legislación del estado, establece a su vez los tiempos que deben cumplirse para que la Cámara sinaloense al querer hacer modificaciones legales, mande su iniciativa al Congreso de la Unión para que la dictamine. Pero como se agotaron los plazos, es imposible convocar al proceso electoral, solo porque asi lo acordaron entre los grupos parlamentarios.
El directivo del Partido Sinaloense, refuerza que además que el párrafo cuarto de la Constitución Política de Sinaloa, reafirma que la ley en materia electoral deberá modificarse, promulgarse y publicarse, por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral para el que se pretenda aplicar, porque ya en marcha el mismo, no habrá más cambios.
Solo una conducta caprichosa podría erosionar lo que está codificado y ello sería muy grave.
