Juan J. Linz, uno de los grandes maestros de la sociología política, subrayó que dentro de las características institucionales más relevantes del sistema presidencial de gobierno, destaca la excesiva rigidez que introduce en el proceso político. Lo anterior, se debe al hecho de que los presidentes son electos para ejercer el poder en períodos de tiempo fijos, y su permanencia en el cargo no depende del voto de confianza de un parlamento.
En este sistema de gobierno, el presidente es independiente del poder legislativo y la duración del congreso no depende tampoco de la voluntad del presidente. O para decirlo más claramente, la asamblea legislativa no puede destituir al presidente y el presidente no puede disolver el congreso.
Por supuesto que existe el impeachment o juicio político, que puede llevar a la destitución de un presidente, cuando es condenado por delitos graves. Pero este es un procedimiento extraordinario. En circunstancias normales, el período de gobierno de un presidente no puede modificarse.
Esta rigidez ha representado un serio problema, ya que resulta difícil para un país y sus ciudadanos soportar durante 5 o 6 años a un presidente incompetente, impopular o que ya no cuenta con apoyo legislativo necesario para impulsar un programa de gobierno. Frente a ello, se ha tenido la opción de los mandatos presidenciales cortos (4 años en Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile y Ecuador, con posibilidades de reelección inmediata o alternada). Ante presidentes en dificultades, otra lamentable alternativa han sido las salidas extraconstitucionales, como los golpes de estado, que en décadas pasadas fueron recurrentes en América Latina.
En algunos países, se ha instrumentado más recientemente la controvertida figura de la revocación de mandato, para dejar en manos de los ciudadanos la posibilidad de cesar en su cargo a un presidente, antes de que concluya el período para el que fue electo.
Venezuela, Ecuador y Bolivia, incorporaron en sus constituciones la revocación del mandato presidencial. Se trata, hay que decirlo, de países que no son nada ejemplares en su vida democrática, y en los que se han impuesto formas populistas y autoritarias de ejercicio del poder.
De hecho, la revocación de mandato no existe en las democracias más antiguas y consolidadas. En Estados Unidos y Suiza se aplica en ciertos gobiernos locales, pero no para los cargos legislativos y ejecutivos más importantes.
La revocación de mandato, que algunos tratan de vender como el ejemplo de la verdadera democracia, existe en países donde la política es dominada por liderazgos personalistas y caudillistas, que a través de este mecanismo plebiscitario buscan relegitimar su mandato.
A pesar de la advertencia de que la revocación de mandato divide y polariza a la sociedad, genera inestabilidad política y debilita la democracia, a propuesta del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador y con el apoyo de su partido Morena, en noviembre del 2019 el congreso de la unión aprobó la reforma que incorporó esta polémica figura en nuestra constitución. Se concretó así una de las promesas de la llamada Cuarta Transformación y de su líder, que ha defendido la idea de que “El pueblo pone y el pueblo quita”.
Desde un principio, el objetivo de López Obrador era aparecer en las boletas electorales. En su iniciativa de reforma a la constitución, propuso empatar la consulta de revocación de mandato con los comicios federales intermedios del 2021. El propósito era claro: poner el liderazgo y la popularidad del presidente (en ese momento muy elevados), así como los recursos de todo el poder ejecutivo federal, al servicio de Morena, para buscar mantener la mayoría en el congreso de la unión y garantizar que la 4T sea “irreversible”. Así se le llama, eufemísticamente, a la ambición de preservar el poder.
Después de intensas negociaciones, el dictamen aprobado por el poder legislativo estableció que la primera consulta ciudadana para la revocación del mandato del presidente de la república se lleve a cabo en marzo del 2022.
Sin embargo, en el marco de la polarización política que han generado los desaciertos del gobierno federal para enfrentar la contingencia sanitaria y económica provocada por la pandemia del covid-19, Andrés Manuel López Obrador anunció que, para que se le baje el enojo a los “conservadores”, propondrá una reforma a la constitución, a fin de adelantar la consulta sobre la revocación de mandato y empatarla, como era su idea original, con las elecciones federales del 2021.
El presidente ha manifestado la confianza de que esta iniciativa puede ser aprobada sin mayor problema, por las mayorías con la que cuenta su partido Morena en el senado, la cámara de diputados y la mayoría de los congresos estatales.
Ante ello, lo primero que podemos señalar es que la insinuación de López Obrador es una absoluta imprudencia, a la luz de la emergencia que estamos viendo. El presidente y su gobierno, deben concentrarse en la lucha contra la pandemia del coronavirus y la reactivación de la economía. Esas deben ser sus únicas prioridades, y no estar pensando en la revocación o continuidad de su mandato.
Es totalmente inoportuno e imprudente, que en el marco de esta emergencia, la cual demanda la mayor unidad de los mexicanos, suma de esfuerzos y trabajo conjunto, al margen de siglas o colores partidistas, Andrés Manuel López Obrador ponga a discusión un tema como la revocación de mandato, que por su propia naturaleza polariza las opiniones de la sociedad.
Pero además de imprudente, la propuesta es totalmente contraria a los valores democráticos, ya que introduciría un factor de inequidad en la competencia electoral. Significaría, ni más ni menos, poner los recursos del gobierno federal al servicio de un partido político.
En el hipotético escenario de que se aprobara esta iniciativa, el presidente haría campaña no solo por la ratificación de su mandato, sino también por todos los candidatos de Morena en los comicios federales y estatales.
¿Qué es lo que motiva la propuesta de López Obrador? No es, por supuesto, una concesión a los “conservadores”. La iniciativa obedece a un cálculo político y electoral. Las últimas encuestas registran una abrupta caída de Morena en las preferencias de los ciudadanos, alcanzando apenas el 18%, lo que significa 28 puntos porcentuales menos a los que registraba al inicio de la presente administración federal.
Es cierto que a los demás partidos tampoco les va muy bien en las mediciones, pero lo significativo es la acelerada caída de Morena. Por eso, Andrés Manuel López Obrador amenaza con buscar empatar la consulta sobre la revocación de su mandato con los comicios del 2021. Con la fuerza de la presidencia, aspira a tener el efecto de “arrastre” sobre las otras candidaturas de su partido, como ocurrió el 2018. Solo que las condiciones ya no son las mismas. La inseguridad, el nulo crecimiento de la economía, la insensibilidad mostrada ante el movimiento de las mujeres y los efectos devastadores del coronavirus, han dejado como saldo un descenso en la popularidad y aceptación de López Obrador, que se ubica ya en el 46%. Pero sigue teniendo a su favor el presupuesto, menguado pero amplio, de la presidencia, así como el ejército de los millones de beneficiarios de sus programas sociales. La apuesta ideal de Morena para el 2021 sería Andrés Manuel López Obrador en campaña y en las boletas electorales, con el riesgo de que el presidente puede “arrastrar” la votación de su partido hacia arriba o hacia abajo.
Ojalá que la propuesta del presidente de adelantar la revocación de mandato no pase de ser un amago, un distractor y una cortina de humo, y no transite en el congreso de la unión. De insistir López Obrador en su idea, será obligación de todas las fuerzas políticas de oposición y de los ciudadanos luchar para que no prospere esta iniciativa, que sería letal para nuestra vida democrática, como tan letal lo ha sido el covid-19 para la salud y la economía.
