En México, la devastadora pandemia del COVID-19 ha propiciado un súbito e inesperado renacimiento del federalismo. Ante el pasmo y las decisiones tardías, erráticas e insuficientes de la autoridad federal, los gobiernos estatales y municipales han recuperado la capacidad de iniciativa, desplegando acciones propias para enfrentar la contingencia sanitaria y económica.
Como ejemplo de ello podemos referir que, ante la amenaza de la pandemia, algunos estados suspendieron actividades educativas y eventos masivos antes que la federación. Otras entidades han ponderado la importancia de realizar más pruebas diagnósticas del coronavirus, a diferencia del gobierno federal. Mientras el presidente de la república continuaba sus giras de trabajo, repartiendo abrazos y besos, hay estados que anticiparon las medidas para la restricción de la movilidad, cierre de los negocios y confinamiento de las personas.
Asimismo, la autoridad federal se ha negado a otorgar estímulos fiscales y apoyos a las empresas y, en contraparte, los estados han puesto en operación programas de reactivación de la economía local que contemplan este tipo de incentivos.
Hay entidades de la república que han expresado desacuerdos en relación con la manera en que el gobierno federal ha manejado la información y estadísticas del COVID-19, y se han quejado de la falta de apoyos de la federación para enfrentar la pandemia.
En ese lamentable marco de diferencias y encono, hay estados que han planteado la necesidad de revisar el pacto fiscal vigente en nuestro país, y de no avanzar en tal sentido amenazan con “descordinarse” de la federación.
Podemos comentar, al respecto, que no es adecuado debatir el tema fiscal en estos momentos críticos, donde todos los esfuerzos tienen que centrarse en proteger la salud y la vida de los mexicanos, y en propiciar la reactivación de la economía.
Así como es imprudente la propuesta del presidente de la república de discutir en plena expansión del coronavirus la revocación de su mandato, también es inoportuno poner a revisión en estos momentos el esquema de coordinación fiscal.
Pero la pandemia no será infinita. Terminará y esperemos que sea pronto.
Esta pesadilla nos dejará un triste saldo de muertos y devastación económica. Cuando la tormenta pase, en México muchas cosas tendrán que ponerse a debate, para repensarse y reconstruirse sobre nuevas bases. Uno de los temas que tiene que estar en la agenda pública del futuro inmediato es, sin duda, el federalismo.
Y debe ser así, porque con Andrés Manuel López Obrador ha llegado un presidente que quiere controlarlo todo. El gobierno de la llamada Cuarta Transformación, no tiene el propósito de vigorizar el federalismo. Por el contrario, se han revertido los esfuerzos descentralizadores que se impulsaron, tibiamente, durante las últimas décadas. Con el pretexto de combatir la corrupción, se ha dado una desmesurada concentración de facultades y recursos en el gobierno federal, y más concretamente en la presidencia de la república. En el “nuevo régimen”, México se ha convertido en el país de un solo hombre.
López Obrador se comprometió a descentralizar el gobierno federal. Dijo que para finales del 2020 la mitad de las secretarías de la administración pública federal operarían fuera de la Ciudad de México. Este proyecto se ha estancado, por no decir que se ha olvidado.
Lo que avanzó, más bien, fue una política claramente centralista, que comenzó con la desaparición de muchas delegaciones federales en los estados y la creación de los Coordinadores Estatales de Programas para el Desarrollo, una figura intermedia entre el presidente de la república y los gobernadores, encargados de vigilar la aplicación de los recursos federales, y que también cumplen un rol de “comisarios políticos”.
Con su reforma educativa, Andrés Manuel López Obrador revirtió la descentralización de los servicios educativos del nivel básico, y con la desaparición del Seguro Popular y el establecimiento del INSABI quitó a los estados la rectoría de los servicios de salud. De igual forma, con la creación de la Guardia Nacional el gobierno federal concentra las tareas de seguridad pública y se deja de fortalecer a las corporaciones locales.
El gobierno de la Cuarta Transformación, con el trillado discurso de la austeridad republicana y la entrega directa de apoyos, ha disminuido el gasto federalizado que se distribuye a estados y municipios, y ha centralizado en la administración federal los millonarios presupuestos de los programas sociales y su operación.
Lo paradójico, es que este proceso de concentración del poder es impulsado por un presidente al que le gusta evocar las querellas del siglo XIX, y que todos los días declara su vocación “liberal” y denosta a sus adversarios “conservadores”, pero al que se le olvida que los liberales eran partidarios del federalismo y los conservadores defendían el centralismo.
Las evidentes limitaciones financieras con que muchos estados y municipios están luchando contra la pandemia del COVID-19, han dejado en claro la necesidad de revisar a fondo nuestro desgastado sistema federal, para reconstruirlo sobre fórmulas novedosas.
En México, en buena medida el problema del federalismo es de tipo fiscal.
Necesitamos edificar un nuevo sistema fiscal, más moderno, eficiente y equitativo, que fortalezca estructuralmente la hacienda pública de los estados y municipios, pero que también se sustente en estrictos mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y disciplina presupuestal.
La Ley de Coordinación Fiscal data de 1978, y en ella los estados de la república renunciaron a cobrar una serie de impuestos directos, para que dicha tarea quedara a cargo de la federación, que regresa a las entidades una parte de los ingresos recaudados bajo la forma de participaciones y aportaciones.
Este esquema fiscal creó un negativo modus vivendi entre la federación, estados y municipios. De entrada, no incentivó la recaudación general. Entre los países de la OCDE, México ocupa el último lugar en recaudación de impuestos, que alcanza apenas el 13.6% del PIB. Y entre los países de América Latina, en este renglón México se ubica en la posición 13, por debajo de Brasil, Uruguay, Argentina, Belice, Costa Rica, Bolivia, Nicaragua, El Salvador, Chile, Ecuador y Colombia.
Nuestro esquema fiscal concentró los recursos en el gobierno federal, que de cada peso recaudado se queda con 80 centavos, 16 centavos se distribuyen entre los gobiernos estatales y únicamente 4 centavos se reparten a los municipios.
Este modelo propició la pereza fiscal de los gobiernos locales, que se quedaron con escasas fuentes directas de ingresos (nómina, hospedaje, traslado de dominio, plusvalías inmobiliarias, predial, agua potable), y se colocaron en una situación de extrema dependencia con respecto a los recursos federalizados, que representan en promedio el 85% y el 91% de los ingresos totales de los estados y municipios, respectivamente.
A la luz de estas circunstancias, resulta claro que en México se necesita negociar un nuevo pacto y arreglo fiscal, que redefina las competencias tributarias de cada nivel de gobierno, distribuya mejor y más equitativamente los recursos y fortalezca los ingresos de los estados y municipios. Una vez que pase la pandemia del COVID 19, tenemos que retomar la agenda de la descentralización y repensar nuestro federalismo.
