Como es común en temporada electoral, algunos actores políticos vuelven a reciclar la promesa de reducir el excesivo financiamiento a los partidos políticos. Ejemplo de ello es el diputado federal Mario Delgado, quien hoy propone dedicar una parte de esos recursos a actividades urgentes o de innegable beneficio social, pero sin reparar que tiene responsabilidad en este asunto, pues tuvo el poder parlamentario para hacerlo transitar y convertirlo en ley y, sin embargo, le dio largas.
En México, el financiamiento público a los partidos políticos es sumamente excesivo, sobre todo porque las entidades federativas les dan una cantidad idéntica al que reciben a nivel federal: es un exceso multiplicado por dos. Esto es así porque la legislación local homologó la fórmula contenida en el artículo 41 constitucional, cuya fracción segunda establece que el “financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). El 30% de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá́ entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 70% restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior”.
Sin embargo, en el caso Sinaloa resulta que este exceso es triple, al ser la única entidad federativa que contempla algo que podemos definir como “financiamiento público municipal”, el cual está puntualmente descrito en el artículo 66 de nuestra Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa: “Los Ayuntamientos otorgarán a los partidos políticos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de esta ley, financiamiento mensual en base a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización por cada regiduría que les corresponda. Para este efecto, será́ presupuestado por los respectivos Cabildos.”
Por cierto, y lo digo por experiencia propia, son recursos municipales establecidos por ley, pero muy frecuentemente escamoteados por los alcaldes a las dirigencias partidistas, haciendo de los adeudos la situación más común al hablar de estas prerrogativas.
Desde que fundamos el Partido Sinaloense, uno de los temas que abordamos como compromiso político fue precisamente reducir el financiamiento público a los partidos, y definimos como un principio interno la preeminencia del trabajo voluntario y elaboramos iniciativas legislativas para que el Congreso llevara a cabo el cambio legislativo correspondiente.
En el PAS nos sentimos muy orgullosos de ser el único partido que, en los hechos, no en el vacío rollo político, ha logrado reducir el financiamiento público a los partidos. Y lo logramos cuando en la 61 Legislatura revertimos la abusiva fórmula local que ya se había instaurado en el artículo 65 de la Ley Electoral de Sinaloa. Mediante una acción de inconstitucionalidad interpuesta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), logramos que la bolsa total de financiamiento no se calculara multiplicando el padrón electoral por el 75% del valor de la UMA, sino por el 65%, como está en la Constitución federal. La SCJN nos dio la razón y por ello los sinaloenses hoy pueden contar con más recursos para que sean destinados a políticas de desarrollo social o humano.
Asimismo, hemos incorporado al debate público nacional el concepto “doble financiamiento”, el cual no se menciona en los circuitos de deliberación electoral porque se asume como un hecho normal que los partidos puedan recibir financiamiento público de la federación replicado en la misma proporción por los gobiernos estatales. Si en materia fiscal está prohibida la doble tributación, los ciudadanos no tenemos por qué financiar por partida doble a los partidos políticos.
Máxime que la razón primigenia que dio origen a estos montos ingentes de recursos públicos por allá en 1996 ya no tiene razón de ser. Como se sabe, la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI) imposibilitaba la competencia justa al concentrar históricamente recursos de todo tipo, de ahí que se decidiera otorgarles recursos a todas las fuerzas políticas. Hoy ya todos los partidos tradicionales han sido gobierno y, además, terminaron pervirtiendo su fin al destinar dinero para financiar sobre todo burocracias partidistas.
Para el próximo año, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha solicitado a la Cámara de Diputados un financiamiento público federal para los partidos por un total de 7226 millones de pesos. Si existiera voluntad política, aún sin cambios a la ley, los partidos podrían acordar con las autoridades darle un fin más útil a ese dinero en estos tiempos difíciles.
En 1996 los dirigentes nacionales del PAN (Felipe Calderón) y del PRD (Andrés Manuel López Obrador) se negaron al inicio a erogar partidistamente los nuevos montos de financiamiento: el primero lo regresó (solo unos meses) a la autoridad electoral y el segundo se comprometió a gastarlo en libros. Hoy, en medio de la pandemia de la covid 19, el PAS donó cerca de 600 mil pesos para apoyar el empleo que generan las mipymes. Alternativas hay sin duda, y para eso es la política, pero me refiero a la buena política.
Culiacán Sinaloa, a 15 de septiembre del 2020.
Gracias, y si puede, quédese en casa.
