/ sábado 21 de abril de 2018

¿Qué intereses defienden los diputados y senadores?

En reiteradas ocasiones, los ciudadanos nos preguntamos: ¿cuál es la verdadera función de los legisladores?

El Congreso de la Unión está conformado por diputados federales y senadores; si partimos de que éstos son elegidos por el voto mayoritario de los ciudadanos, entonces una vez elegidos se convierten en funcionarios públicos que representan la voluntad popular. Es decir, se convierten en la voz del pueblo y su trabajo debería estar enfocado en velar por el bienestar de sus representados.

En teoría, esta debería ser la representación de un diputado y de un senador, aunque existe una gran diferencia entre ellos: el primero es elegido por cada uno de los 300 distritos electorales y representa a los ciudadanos de esa demarcación, mientras que el segundo es elegido para representar a la población de toda una entidad federativa, principalmente; por eso las funciones de cada uno son diferentes, aunque coinciden en algunos aspectos, como dictaminar iniciativas, reformar, derogar y aprobar leyes, así como limitar en el marco de la ley al Poder Ejecutivo.

Esta última es de suma importancia. La función de control que desarrolla el Congreso de la Unión a través de sus dos cámaras es en un sentido de inspección, fiscalización, comprobación, revisión o examen sobre la actividad que realiza el Ejecutivo. La única finalidad de este control es la de verificar que éste ajuste sus actos a las disposiciones establecidas en la ley; además, el control es un mecanismo de articulación y colaboración del Legislativo-Ejecutivo en torno a una tarea de gobierno con objetivos políticos comunes.

En este caso, me enfocaré en algunas de las funciones principales y específicas de los senadores contemplados en el artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo federal; aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo federal suscriba; ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de los secretarios de Estado; autorizarlo también para que pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país; dar su consentimiento para que el presidente de la República pueda disponer de la Guardia Nacional fuera de sus respectivas entidades federativas fijando la fuerza necesaria; declarar cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de una entidad federativa.

Resolver las cuestiones políticas que surjan entre los poderes de una entidad federativa cuando alguno de ellos ocurra con ese fin al Senado; erigirse en jurado de sentencia para conocer en juicio político de las faltas u omisiones que cometan los servidores públicos; designar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; autorizar, mediante decreto, los límites que celebren las entidades federativas; aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública; nombrar a los comisionados del organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución; integrar la lista de candidatos a Fiscal General de la República, entre otras.

Cuando en la Cámara de Senadores, como Cámara de Origen, se presenta una iniciativa, ésta debe pasar a la de Diputados para ser ratificada o realizar observaciones, para que, posteriormente, regrese a la Cámara de Origen y sea publicada en el Diario Oficial de la Federación para que entre en vigor.

Recordar lo anterior sirve para que los ciudadanos tengan en cuenta que los diputados y senadores deben legislar en su favor y no actuando en función de sus intereses particulares, pues fueron ellos quienes los llevaron a esos lugares, por eso deben ser evaluados con preguntas como “¿qué han hecho por mi distrito, por mi estado?”

Hace unas semanas se rechazó en el Senado de la República una iniciativa firmada por más de 262,000 sinaloenses que se oponen al Horario de Verano, pero lo más decepcionante fue que la diferencia la hicieron dos senadores sinaloenses que días antes habían estado de acuerdo, incluso firmando una iniciativa que reiteraba la voluntad de sus conterráneos, pero que por presiones e intereses políticos ajenos a la voluntad ciudadana votaron en contra.

Esta ha sido la actitud reiterada de los legisladores, que interponen los intereses de grupo, de partido o de camarilla a los intereses de los ciudadanos, y es por eso que el país no avanza. Creo que las Cámaras deben cambiar la forma en que se toman las decisiones; debemos actuar para que los intereses de los ciudadanos estén por encima de cualquier interés político, para así poder acabar con la corrupción y la impunidad.

En el Senado existen iniciativas, entre ellas una ciudadana, que se encuentran “congeladas” porque proponen el combate a la corrupción, como la revocación de mandato, la cual es fundamental para el Sistema Nacional, Estatal y Municipal Anticorrupción, pues hace que un funcionario actúe bajo una vigilancia ciudadana, con honestidad y transparencia. Esta lleva ya más de tres años que fue presentada, pero como beneficia a los ciudadanos en el entendido de que “si el pueblo los pone, el pueblo los pueda quitar”, no se dictamina.

Considero que este 1 de julio es la mejor oportunidad que tenemos los ciudadanos sinaloenses y mexicanos en general, para elegir a quienes van a tomar esas grandes decisiones que van influir en nuestro futuro y en el de nuestros hijos.

Asimismo, antes de tomar una decisión, es importante evaluar qué es lo que han hecho los que desean tener un cargo público, qué méritos tienen para elegirlos como nuestros representantes populares y darles la confianza para que legislen en favor de los ciudadanos.

Gracias y que pasen un excelente fin de semana.

En reiteradas ocasiones, los ciudadanos nos preguntamos: ¿cuál es la verdadera función de los legisladores?

El Congreso de la Unión está conformado por diputados federales y senadores; si partimos de que éstos son elegidos por el voto mayoritario de los ciudadanos, entonces una vez elegidos se convierten en funcionarios públicos que representan la voluntad popular. Es decir, se convierten en la voz del pueblo y su trabajo debería estar enfocado en velar por el bienestar de sus representados.

En teoría, esta debería ser la representación de un diputado y de un senador, aunque existe una gran diferencia entre ellos: el primero es elegido por cada uno de los 300 distritos electorales y representa a los ciudadanos de esa demarcación, mientras que el segundo es elegido para representar a la población de toda una entidad federativa, principalmente; por eso las funciones de cada uno son diferentes, aunque coinciden en algunos aspectos, como dictaminar iniciativas, reformar, derogar y aprobar leyes, así como limitar en el marco de la ley al Poder Ejecutivo.

Esta última es de suma importancia. La función de control que desarrolla el Congreso de la Unión a través de sus dos cámaras es en un sentido de inspección, fiscalización, comprobación, revisión o examen sobre la actividad que realiza el Ejecutivo. La única finalidad de este control es la de verificar que éste ajuste sus actos a las disposiciones establecidas en la ley; además, el control es un mecanismo de articulación y colaboración del Legislativo-Ejecutivo en torno a una tarea de gobierno con objetivos políticos comunes.

En este caso, me enfocaré en algunas de las funciones principales y específicas de los senadores contemplados en el artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo federal; aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo federal suscriba; ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de los secretarios de Estado; autorizarlo también para que pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país; dar su consentimiento para que el presidente de la República pueda disponer de la Guardia Nacional fuera de sus respectivas entidades federativas fijando la fuerza necesaria; declarar cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de una entidad federativa.

Resolver las cuestiones políticas que surjan entre los poderes de una entidad federativa cuando alguno de ellos ocurra con ese fin al Senado; erigirse en jurado de sentencia para conocer en juicio político de las faltas u omisiones que cometan los servidores públicos; designar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; autorizar, mediante decreto, los límites que celebren las entidades federativas; aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública; nombrar a los comisionados del organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución; integrar la lista de candidatos a Fiscal General de la República, entre otras.

Cuando en la Cámara de Senadores, como Cámara de Origen, se presenta una iniciativa, ésta debe pasar a la de Diputados para ser ratificada o realizar observaciones, para que, posteriormente, regrese a la Cámara de Origen y sea publicada en el Diario Oficial de la Federación para que entre en vigor.

Recordar lo anterior sirve para que los ciudadanos tengan en cuenta que los diputados y senadores deben legislar en su favor y no actuando en función de sus intereses particulares, pues fueron ellos quienes los llevaron a esos lugares, por eso deben ser evaluados con preguntas como “¿qué han hecho por mi distrito, por mi estado?”

Hace unas semanas se rechazó en el Senado de la República una iniciativa firmada por más de 262,000 sinaloenses que se oponen al Horario de Verano, pero lo más decepcionante fue que la diferencia la hicieron dos senadores sinaloenses que días antes habían estado de acuerdo, incluso firmando una iniciativa que reiteraba la voluntad de sus conterráneos, pero que por presiones e intereses políticos ajenos a la voluntad ciudadana votaron en contra.

Esta ha sido la actitud reiterada de los legisladores, que interponen los intereses de grupo, de partido o de camarilla a los intereses de los ciudadanos, y es por eso que el país no avanza. Creo que las Cámaras deben cambiar la forma en que se toman las decisiones; debemos actuar para que los intereses de los ciudadanos estén por encima de cualquier interés político, para así poder acabar con la corrupción y la impunidad.

En el Senado existen iniciativas, entre ellas una ciudadana, que se encuentran “congeladas” porque proponen el combate a la corrupción, como la revocación de mandato, la cual es fundamental para el Sistema Nacional, Estatal y Municipal Anticorrupción, pues hace que un funcionario actúe bajo una vigilancia ciudadana, con honestidad y transparencia. Esta lleva ya más de tres años que fue presentada, pero como beneficia a los ciudadanos en el entendido de que “si el pueblo los pone, el pueblo los pueda quitar”, no se dictamina.

Considero que este 1 de julio es la mejor oportunidad que tenemos los ciudadanos sinaloenses y mexicanos en general, para elegir a quienes van a tomar esas grandes decisiones que van influir en nuestro futuro y en el de nuestros hijos.

Asimismo, antes de tomar una decisión, es importante evaluar qué es lo que han hecho los que desean tener un cargo público, qué méritos tienen para elegirlos como nuestros representantes populares y darles la confianza para que legislen en favor de los ciudadanos.

Gracias y que pasen un excelente fin de semana.