/ miércoles 13 de febrero de 2019

Producción de energía eléctrica.


Existe un axioma generalmente aceptado en donde se establece que la riqueza se incrementa cuando mayor sea la transformación de las materias primas, es decir, que la actividad primaria trascienda hacia una actividad económica en donde predomine el valor agregado.

Naturalmente, un mayor dinamismo económico requiere también de una intensa explotación de recursos naturales, cuyo propósito es acceder a mayores cantidades de energía.

En nuestro país, existe una gran diversidad de recursos naturales, que constituyen un espectro que va desde los renovables hasta los fósiles; subyacen diferentes procesos que permiten utilizar estos recursos para la generación de energía, en donde es posible citar tres casos de importancia relevante dada su condición de energías limpias: la energía eólica, que requiere la utilización del aire como recurso, sobre todo en zonas específicas con ciertas características, que a su vez, permitan a los procesos favorecerse de las corrientes de aire; asimismo, la producción de energía fotovoltaica, que implica la utilización de la energía solar, por lo que las zonas geográficas de mayor interés son aquellas que cuentan con mayor intervalo de tiempo a la exposición solar, así como a intensidades radiantes elevadas; la energía hidroeléctrica, que se produce necesariamente a través de la utilización del agua como recurso, a partir de que ésta libere su potencial, dada su condición de almacenamiento en las presas.

En México, la gran demanda de energía se canaliza como energía eléctrica, y se provee a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que cuenta con la infraestructura necesaria para garantizar su distribución; sin embargo, actualmente, la CFE no cuenta por sí misma con la capacidad de producción de la energía total requerida.

Por tanto, habría que cuestionarse acerca de las causas de origen que han derivado a que se presente esta situación de insuficiencia en la capacidad productiva por parte de la paraestatal. Indudablemente, la raíz del problema radica en la generación de una estrategia política en donde el Estado se propuso metas asociadas a satisfacer las necesidades energéticas a partir de una mayor participación del sector privado, y en especial de capitales trasnacionales, disminuyendo a su vez, paulatinamente, la participación de recursos federales en dicho sector; es decir, se generó un estancamiento en los niveles de producción de energía, producto de no sostener el ritmo de crecimiento –basado en la inversión pública– en los procesos de transformación; asimismo, este descuido o desatención de los procesos ya instalados, provocaron rezagos que se han traducido en condiciones deficientes de operación.

Todo esto contribuyó a establecer las condiciones necesarias para impulsar y concretar la reforma energética, que a su vez, permitió cristalizar las condiciones de seguridad necesaria para flujos considerablemente mayores de inversión.

De esta forma emergieron en el escenario, diversas empresas que se habilitaron para poder explotar los recursos naturales del país, con el propósito de proveer de energía a la CFE y que ésta pudiera proceder con su distribución y comercialización.

Surgió así, la figura de las subastas de largo plazo, encaminadas a establecer los mecanismos de inversión y suministro de energía a la CFE.

Esta estrategia ha provocado que actualmente, cerca de la mitad de la energía eléctrica distribuida por la CFE provenga de procesos de producción de la iniciativa privada; la evolución de esta tendencia permite vislumbrar proporciones aún mayores en la participación de capitales privados en la producción de energía; sin duda, este escenario, fue previsto con mucha antelación.

Sin embargo, en estos momentos existe un punto de quiebre en que se observan señales importantes que vislumbran la posibilidad de un cambio radical en la política energética en nuestro país, en donde el Estado pudiera retomar su protagonismo en relación a la producción de energía que se requiere, abonando de manera importante a una mayor soberanía energética.



Existe un axioma generalmente aceptado en donde se establece que la riqueza se incrementa cuando mayor sea la transformación de las materias primas, es decir, que la actividad primaria trascienda hacia una actividad económica en donde predomine el valor agregado.

Naturalmente, un mayor dinamismo económico requiere también de una intensa explotación de recursos naturales, cuyo propósito es acceder a mayores cantidades de energía.

En nuestro país, existe una gran diversidad de recursos naturales, que constituyen un espectro que va desde los renovables hasta los fósiles; subyacen diferentes procesos que permiten utilizar estos recursos para la generación de energía, en donde es posible citar tres casos de importancia relevante dada su condición de energías limpias: la energía eólica, que requiere la utilización del aire como recurso, sobre todo en zonas específicas con ciertas características, que a su vez, permitan a los procesos favorecerse de las corrientes de aire; asimismo, la producción de energía fotovoltaica, que implica la utilización de la energía solar, por lo que las zonas geográficas de mayor interés son aquellas que cuentan con mayor intervalo de tiempo a la exposición solar, así como a intensidades radiantes elevadas; la energía hidroeléctrica, que se produce necesariamente a través de la utilización del agua como recurso, a partir de que ésta libere su potencial, dada su condición de almacenamiento en las presas.

En México, la gran demanda de energía se canaliza como energía eléctrica, y se provee a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que cuenta con la infraestructura necesaria para garantizar su distribución; sin embargo, actualmente, la CFE no cuenta por sí misma con la capacidad de producción de la energía total requerida.

Por tanto, habría que cuestionarse acerca de las causas de origen que han derivado a que se presente esta situación de insuficiencia en la capacidad productiva por parte de la paraestatal. Indudablemente, la raíz del problema radica en la generación de una estrategia política en donde el Estado se propuso metas asociadas a satisfacer las necesidades energéticas a partir de una mayor participación del sector privado, y en especial de capitales trasnacionales, disminuyendo a su vez, paulatinamente, la participación de recursos federales en dicho sector; es decir, se generó un estancamiento en los niveles de producción de energía, producto de no sostener el ritmo de crecimiento –basado en la inversión pública– en los procesos de transformación; asimismo, este descuido o desatención de los procesos ya instalados, provocaron rezagos que se han traducido en condiciones deficientes de operación.

Todo esto contribuyó a establecer las condiciones necesarias para impulsar y concretar la reforma energética, que a su vez, permitió cristalizar las condiciones de seguridad necesaria para flujos considerablemente mayores de inversión.

De esta forma emergieron en el escenario, diversas empresas que se habilitaron para poder explotar los recursos naturales del país, con el propósito de proveer de energía a la CFE y que ésta pudiera proceder con su distribución y comercialización.

Surgió así, la figura de las subastas de largo plazo, encaminadas a establecer los mecanismos de inversión y suministro de energía a la CFE.

Esta estrategia ha provocado que actualmente, cerca de la mitad de la energía eléctrica distribuida por la CFE provenga de procesos de producción de la iniciativa privada; la evolución de esta tendencia permite vislumbrar proporciones aún mayores en la participación de capitales privados en la producción de energía; sin duda, este escenario, fue previsto con mucha antelación.

Sin embargo, en estos momentos existe un punto de quiebre en que se observan señales importantes que vislumbran la posibilidad de un cambio radical en la política energética en nuestro país, en donde el Estado pudiera retomar su protagonismo en relación a la producción de energía que se requiere, abonando de manera importante a una mayor soberanía energética.