Durante décadas, las comunidades LGBT+ han luchado por el reconocimiento de libertad y derecho a ejercer la orientación sexual e identidad de género que sea de su preferencia y decisión. Desde 1969 se dedica el mes de junio de cada año para celebrar los avances de este movimiento progresista, y ocurre a nivel mundial.
Justamente ese año, un día 28 de junio, se detonó un “levantamiento” de estos “grupos minoritarios” en New York, por una redada policial en un bar gay, que generó enfrentamientos con las fuerzas del orden, pero que también dio lugar al inicio de un movimiento por sus derechos.
México y Sinaloa no son ajenos a estas celebraciones: se realizan marchas, carnavales, fiestas, eventos académicos, legislativos y culturales a lo largo y ancho del territorio nacional. Las siglas LGBT+ que se ilustra muy bien con la bandera arcoíris, significan la coexistencia de diversas expresiones sexuales y de identidad de género que van desde lesbiana, gay, bisexual, transexual, entre otras.
Definitivamente, 52 años después de aquellos balbuceos del movimiento, ha habido avances muy importantes en la conquista de los derechos: reformas legislativas, triunfos judiciales, acompañamiento social permanente y progresivo, así como diseño e implementación de políticas públicas crecientes, en los diversos planos. Sin embargo, la discriminación laboral, familiar y social; los crímenes de odio y represiones y violencias, siguen presentes en el día a día contra estas comunidades. Por ello, la promoción y construcción de conciencia y educación entre las diversas generaciones no debe parar ni menguar, ni un solo momento.
En este universo del arcoíris, han sido las personas trans las que más han sufrido discriminación con base en prejuicios, hasta llegar incluso a llamarle “incongruencia de género” y considerarse como un “desorden mental” en la Clasificación Internacional de Enfermedades. Por fortuna, en 2018, la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha retirado esta bochornosa clasificación. Esta discriminación también ya ha sido tratada por otros organismos internacionales como la ONU y la OEA, tomando diversas resoluciones para proteger los derechos de las personas trans. En México, la Conapred, CNDH y la SCJN, toman cartas en el asunto.
De acuerdo con la Encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género (Endosig) 2018, realizada por Conapred y la CNDH, da luz sobre las etapas de la vida en las cuales las personas identifican, en sí mismas, orientaciones sexuales e identidades de género. Siendo en la adolescencia e incluso, desde la infancia, cuando se dan estas identificaciones. De allí la importancia de que las niñas, niños y adolescentes cuenten con información de calidad y en forma temprana, que les oriente y resuelva sus inquietudes a fin de que se alleguen de elementos que les permitan desarrollar su personalidad acorde con la percepción de sí mismos.
Ciertamente, se ha avanzado legislativamente en diversos estados del país como la Ciudad de México, Morelos, Oaxaca, Jalisco y Sinaloa, en lo que se refiere al reconocimiento del derecho de identidad de género en menores de edad, pasando por procesos judiciales y una serie de requisitos y certificaciones, que entorpecen el ejercicio de dicho derecho.
Solo Sinaloa, que es la última entidad en legislar, lo ha hecho en favor de la vía administrativa. A propósito de un amparo de un menor de edad de la Ciudad de México, la semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los menores de edad pueden cambiar de género, sin que tengan que pasar por un proceso judicial. Las normas que así lo disponen actualmente, son violatorias de los derechos humanos, de no discriminación por edad y libre desarrollo de la personalidad; así lo consignan los magistrados. Este criterio de la Corte es obligatorio para jueces de todo el país.
Definitivamente, con las resoluciones de la Suprema Corte (dos en este año), y en atención al movimiento y obligación legislativa, es momento de avanzar para que este criterio de la vía administrativa sea homogéneo en todo el país.
Es decir, el acceso a un procedimiento administrativo para el levantamiento de una nueva acta de nacimiento que reconozca la identidad de género autopercibida, es un paso adelante en la garantía del derecho al libre desarrollo de la personalidad, el cual junto al principio de igualdad y no discriminación protegen a toda persona, sin importar su edad, por lo que las restricciones en ese sentido son contrarias a la Constitución Federal y a los convenios internacionales en materia de derechos humanos.
Desde el Senado de la República y desde Sinaloa, hacemos nuestro tributo al Pride 2022, presentando y socializando una iniciativa que reforma la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para universalizar en el país la vía administrativa que haga posible el derecho al cambio de género autopercibido, a temprana edad, sin mayores cortapisas.
Hagamos historia, hagamos futuro: todos los derechos para todas las personas. La lucha sigue.
