/ martes 13 de octubre de 2020

Playas libres para todo México

Una condición indispensable para reconstruir la industria turística de México, la llamada “industria sin chimeneas”, severamente afectada por la pandemia del Covid-19, es la recuperación de las playas de México que se encuentran en los más de once mil kilómetros de litorales que embellecen al país.

Recuperarlas, subrayo, en un doble sentido. Primero, para convertir a muchos sitios del país en polos de desarrollo turístico, aprovechando sus bellezas naturales y biodiversidad, riqueza histórica, arqueológica y gastronómica que los caracterizan, cambiando el rostro a estos lugares. El actual gobierno trabaja en un modelo turístico que pone el acento en el potencial de desarrollo de regiones enteras del país, como la zona del golfo de México, el mar de Cortés o el Pacífico sur del país, y no solo en los polos tradicionales que concentran más del 70% de esta actividad y de su promoción, como son la Riviera Maya, la Riviera Nayarita y la propia Ciudad de México, mejorando mecanismos redistributivos y su carácter sostenible.

El segundo sentido de este rescate tiene un significado más práctico y no menos importante: restituirle a los ciudadanos, a turistas nacionales y extranjeros, su pleno derecho a acceder y transitar con entera libertad, sin más limitaciones que los que impone la propia ley, por todas las playas de México. Es ya un hecho sobradamente conocido que por todo el país ocurre una privatización de facto de amplias porciones de playas, obstaculizando e impidiendo el acceso a estos espacios que por disposición legal y constitucional son libres.

Hemos leído notas de prensa en que reiteradamente se denuncia la apropiación injustificada de lugares que corresponden a la definición legal de espacios de libre acceso y en los que se niega el tránsito y la movilidad de turistas con distintos pretextos.

Por esta razón, como legisladores hemos decidido contribuir resolver este problema y hacer efectivo el libre acceso y tránsito por las playas del país, porque es un derecho consagrado en nuestra Constitución.

En lo personal, en el mes de febrero de 2019 presenté al Pleno del Senado de la República una proposición con punto de acuerdo en que exhortaba a la Secretaría de Turismo a realizar un diagnóstico sobre el acceso a playas en el país, con énfasis en los casos de violación o impedimento del libre acceso y tránsito, a la vez que solicitábamos a Semarnat que, con base en el estudio referido, hiciera valer por los medios legales a su disposición este derecho y se sancionara a los responsables.

El pasado 29 de septiembre, en el Pleno aprobamos la minuta dictaminada que presentaron las Comisiones Unidas de Gobernación; Federalismo y Desarrollo Municipal y de Estudios Legislativos relativos a ese problema, en que se adicionan los artículos 8, 127 y 154 de la Ley General de Bienes Nacionales para prohibir la repetición de esta práctica que agravia a los ciudadanos.

En su parte esencial, la reforma implica: 1) Salvo en casos previstos por la ley, el acceso a las playas y la zona federal marítimo terrestre (ZFMT) no podrá restringirse ni prohibirse; 2) En caso de no existir vías de acceso, los propietarios de los predios colindantes deberán permitir el acceso mediante convenios con Semarnat, recibiendo la compensación legal respectiva; 3) Los propietarios de terrenos colindantes, o titulares de concesiones, permisos o autorizaciones que impidan, inhiban o restrinjan por cualquier medio el libre acceso y tránsito de visitantes, serán sancionados con multas de entre tres mil y hasta doce mil UMA, es decir, hasta sumas superiores al millón de pesos, y 4) A quienes reincidan en esta práctica lesiva, se les revocarán concesiones y permisos, por impedir el disfrute de bienes de uso común.

En este como en muchos otros asuntos en que ha intervenido el Senado, hemos priorizado el interés de la ciudadanía, de la gente común, que sufrió por décadas el olvido de gobiernos y legisladores. Dado el contexto de crisis y sus efectos previsiblemente perdurables, los sectores productivos y la sociedad civil, empresas y gobiernos, debemos aceptar que hay que cambiar todo lo que sea necesario para contribuir a reactivar nuestra vida económica y social. Ver de nuevo a turistas en nuestras playas, es uno de los objetivos que persiguen estas reformas. Enhorabuena, por México y por Sinaloa.

Una condición indispensable para reconstruir la industria turística de México, la llamada “industria sin chimeneas”, severamente afectada por la pandemia del Covid-19, es la recuperación de las playas de México que se encuentran en los más de once mil kilómetros de litorales que embellecen al país.

Recuperarlas, subrayo, en un doble sentido. Primero, para convertir a muchos sitios del país en polos de desarrollo turístico, aprovechando sus bellezas naturales y biodiversidad, riqueza histórica, arqueológica y gastronómica que los caracterizan, cambiando el rostro a estos lugares. El actual gobierno trabaja en un modelo turístico que pone el acento en el potencial de desarrollo de regiones enteras del país, como la zona del golfo de México, el mar de Cortés o el Pacífico sur del país, y no solo en los polos tradicionales que concentran más del 70% de esta actividad y de su promoción, como son la Riviera Maya, la Riviera Nayarita y la propia Ciudad de México, mejorando mecanismos redistributivos y su carácter sostenible.

El segundo sentido de este rescate tiene un significado más práctico y no menos importante: restituirle a los ciudadanos, a turistas nacionales y extranjeros, su pleno derecho a acceder y transitar con entera libertad, sin más limitaciones que los que impone la propia ley, por todas las playas de México. Es ya un hecho sobradamente conocido que por todo el país ocurre una privatización de facto de amplias porciones de playas, obstaculizando e impidiendo el acceso a estos espacios que por disposición legal y constitucional son libres.

Hemos leído notas de prensa en que reiteradamente se denuncia la apropiación injustificada de lugares que corresponden a la definición legal de espacios de libre acceso y en los que se niega el tránsito y la movilidad de turistas con distintos pretextos.

Por esta razón, como legisladores hemos decidido contribuir resolver este problema y hacer efectivo el libre acceso y tránsito por las playas del país, porque es un derecho consagrado en nuestra Constitución.

En lo personal, en el mes de febrero de 2019 presenté al Pleno del Senado de la República una proposición con punto de acuerdo en que exhortaba a la Secretaría de Turismo a realizar un diagnóstico sobre el acceso a playas en el país, con énfasis en los casos de violación o impedimento del libre acceso y tránsito, a la vez que solicitábamos a Semarnat que, con base en el estudio referido, hiciera valer por los medios legales a su disposición este derecho y se sancionara a los responsables.

El pasado 29 de septiembre, en el Pleno aprobamos la minuta dictaminada que presentaron las Comisiones Unidas de Gobernación; Federalismo y Desarrollo Municipal y de Estudios Legislativos relativos a ese problema, en que se adicionan los artículos 8, 127 y 154 de la Ley General de Bienes Nacionales para prohibir la repetición de esta práctica que agravia a los ciudadanos.

En su parte esencial, la reforma implica: 1) Salvo en casos previstos por la ley, el acceso a las playas y la zona federal marítimo terrestre (ZFMT) no podrá restringirse ni prohibirse; 2) En caso de no existir vías de acceso, los propietarios de los predios colindantes deberán permitir el acceso mediante convenios con Semarnat, recibiendo la compensación legal respectiva; 3) Los propietarios de terrenos colindantes, o titulares de concesiones, permisos o autorizaciones que impidan, inhiban o restrinjan por cualquier medio el libre acceso y tránsito de visitantes, serán sancionados con multas de entre tres mil y hasta doce mil UMA, es decir, hasta sumas superiores al millón de pesos, y 4) A quienes reincidan en esta práctica lesiva, se les revocarán concesiones y permisos, por impedir el disfrute de bienes de uso común.

En este como en muchos otros asuntos en que ha intervenido el Senado, hemos priorizado el interés de la ciudadanía, de la gente común, que sufrió por décadas el olvido de gobiernos y legisladores. Dado el contexto de crisis y sus efectos previsiblemente perdurables, los sectores productivos y la sociedad civil, empresas y gobiernos, debemos aceptar que hay que cambiar todo lo que sea necesario para contribuir a reactivar nuestra vida económica y social. Ver de nuevo a turistas en nuestras playas, es uno de los objetivos que persiguen estas reformas. Enhorabuena, por México y por Sinaloa.