Muchos países han transitado a un régimen democrático por medio del sistema presidencial, es decir, sin recurrir a la vía armada, y con ello han buscado reformas para crecer la economía, erradicar la corrupción del gobierno y beneficiar a quienes menos tienen. En México, estos son algunos de los apostolados que se esgrimen en las campañas políticas y que han configurado el actual régimen.
Sin embargo, para lograr estas reformas los gobernantes deben contar con la aprobación de sus congresos legislativos; este contrapeso es de suma importancia para que un país no incurra en excesos y existan límites en el ejercicio del poder. Desafortunadamente, hoy estamos sin esas condiciones, otorgándole un poder sin precedentes al gobierno federal.
En Sinaloa, es una costumbre que el grupo mayoritario en el Congreso dictamine, apruebe o congele iniciativas que respondan a su interés; es un hábito que cada día se arraiga más. Ante ello, los grupos minoritarios deben recurrir a los recursos jurídicos que estén a su alcance para que sus iniciativas sean tomadas en cuenta, lo cual hace que la relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo se torne difícil, más cuando el primero intenta presentar propuestas de reformas o nombramientos de funcionarios.
Hace algunas semanas, el Dr. Víctor Antonio Corrales Burgueño interpuso un recurso de omisión legislativa ante el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa (TEES): señaló que el Congreso no ejercía sus funciones constitucionales al no dictaminar iniciativas que ya habían pasado los trámites legislativos, primera y segunda lectura en el pleno y regresadas a las comisiones para ser dictaminadas y que el pleno las pudiera votar.
Lo anterior debido a que en abril de 2019 la diputada Angélica Díaz Quiñones y el Dr. Víctor Antonio Corrales Burgueño, en su carácter de ciudadano, presentaron una iniciativa con punto de acuerdo para que la legislatura local formulara ante el H. Congreso de la Unión una iniciativa que propusiera reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, con el objetivo de modificar la temperatura promedio de 33°C a 30°C grados en Sinaloa, y que ello permitiera la aplicación de la tarifa 1F en todo el estado; esto es, que la tarifa en el recibo de luz que llega a nuestras casas sea igual en todo Sinaloa. No obstante, esta y otras iniciativas en el mismo sentido siguen sin dictaminarse.
La Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa establece que las iniciativas deben ser dictaminadas en un periodo de seis meses; asimismo, la legislación también señala los medios de impugnación, en materia electoral, cuando estas no son dictaminadas. A raíz de esta medida, se han hecho reiteradas declaraciones por parte de un servidor para que el TEES mandate al Legislativo a dictaminar dicha iniciativa con Punto de Acuerdo y que sea presentada en la Cámara Federal en beneficio de los sinaloenses.
¿Por qué es importante esta iniciativa? En Sinaloa existen alrededor de 900,000 usuarios domésticos, pero existen tres tipos de tarifas: la 1D, para comunidades con temperaturas promedio de 31°C, y se considera a los municipios de Mazatlán, Elota, San Ignacio, Cosalá, Navolato, Concordia, El Rosario, Escuinapa y Badiraguato, en donde se concentran alrededor de 280,000 usuarios; la tarifa 1E, para comunidades con un promedio de temperatura de 32°C, y aquí entran principalmente zonas rurales de Ahome, Guasave, Guamúchil, Angostura y Mocorito, con 190,000 usuarios, y la tarifa 1F, la cual beneficia a cerca de 430,000 usuarios ubicados en las zonas urbanas de Culiacán, Los Mochis, Guasave y Guamúchil.
Las impugnaciones realizadas a la presente legislatura muestran la falta de voluntad política del grupo mayoritario para dar seguimiento a las iniciativas de diputados de otros partidos y ciudadanos que no pertenecen a su movimiento. Creo que estas quejas ante los tribunales debería ser la oportunidad de retomar con seriedad el trabajo legislativo para dar trámite a centenas de iniciativas que solo están en espera de ser dictaminadas, y que estos recursos no sean pretexto para engrosar la “congeladora” en la Cámara, porque lo que se observa es que la realidad los está rebasando.
Espero que este tema se resuelva pronto y de la mejor manera: que el TEES atienda y resuelva este recurso conforme a derecho, que el Congreso legisle y permita que las ideas y propuestas de las mujeres y hombres trabajadores de Sinaloa sean escuchadas allá en México, en el Congreso de la Unión y que, sobre todo, los legisladores del grupo mayoritario en el Congreso se den cuenta que estas iniciativas benefician a las clases más vulnerables de nuestro estado, aunque no hayan sido hechas por ellos.
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